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Opinión: Algo anda mal en nuestra democracia

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Por María Amparo Casar  @AmparoCasar
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NOTA DEL EDITOR: María Amparo Casar es licenciada en Sociología por la UNAM; maestra y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la University of Cambridge, King's College; catedrática e investigadora del Departamento de Estudios Políticos del CIDE; columnista en el diario Reforma; miembro de los comités editoriales de la revista Nexos y el Fondo de Cultura Económica, y colaboradora en espacios de análisis como el programa Primer Plano de Once TV México.


Algo anda mal en nuestra democracia que no acaba de asentarse. A estas alturas todavía hay duda sobre la independencia de las autoridades electorales, aún necesitamos observadores externos que ayuden a certificar la limpieza de las elecciones y la buena marcha de la jornada electoral, tenemos duda respecto al reconocimiento de la derrota por parte de los perdedores, sospechamos que los candidatos violan los topes de campaña y tenemos serios problemas con los medios.

Pero hay otros signos, a veces menos evidentes, de lo lejos que estamos de eso que se llama normalidad democrática.

Hace unos días Peña Nieto ofreció a toda la nación un decálogo intitulado “POR UNA PRESIDENCIA DEMOCRÁTICA: MANIFIESTO” que después firmó como uno más de sus compromisos ante notario público.

Suscribo cada uno de los 10 puntos de este manifiesto pero no puedo dejar de preguntarme en que estadio de la democracia está México cuando el puntero en las preferencias electorales anuncia con bombo y platillo que gobernará de acuerdo a lo que le exige la Constitución. No puedo dejar de pensar que si se compromete a hacerlo es porque piensa que podría no hacerlo.

La libertad de manifestación, la libertad de expresión, el respeto a los derechos humanos, la libertad religiosa, la no discriminación, la división de poderes, las elecciones libres, la transparencia y rendición de cuentas y el federalismo son todos derechos o principios establecidos en la Constitución y sobre los cuales ningún presidente tiene opción.

Construir un puente, mandar una iniciativa para abrir PEMEX, instaurar la seguridad social universal o entregar computadoras a todos los niños son asuntos de preferencia o prioridades en materia de política pública. Son facultativas. Dependen del proyecto de gobierno de quien llegue a la Presidencia.

Pero los 10 puntos del decálogo no son potestativos. La primera obligación de un presidente, sea del partido que sea y llegue con las mayorías que llegue es “cumplir y hacer cumplir la Constitución”.

¿A qué responde entonces el desplegado de Peña Nieto? Algunos opinan que se debió a las marchas de los estudiantes que tanto preocuparon al equipo de campaña. Otros opinan que empieza a desvanecerse el sentido de victoria inevitable. Yo más bien creo que se debe a un humor público que comienza a crecer en torno a que, de ganar, Peña Nieto podría llegar con más fuerza de lo que algunos –población en general pero también poderes fácticos- creerían recomendable; que se debe al consecuente temor de un ejercicio del poder excluyente; a que comienza a extenderse una preocupación de cómo gobernaría un PRI que viene de estar 12 años en la banca federal, no del todo renovado y con la pretensión de demostrar que para gobernar de manera eficaz es necesario reducir la pluralidad.

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