OPINIÓN

Opinión: El transfuguismo partidista, una cuestión de ética

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Por Arturo Espinosa Silis  @AESUPD
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NOTA DEL EDITOR: Arturo Espinosa Silis es secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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Desde hace algunos años, cuando comenzó a haber competencia electoral en México, diversos políticos han saltado de un partido a otro, dejan su militancia y buscan cobijo en una fuerza electoral distinta. En el presente proceso electoral, ha sido notorio cómo destacados militantes principalmente del PRD y del PAN, se han unido a las campañas del PRI; en 2010, se vio como priistas contendieron como candidatos de la coalición PAN-PRD. Este fenómeno se le llama "transfuguismo político", y constituye una figura relativamente novedosa.

Luis Efrén Ríos, en su artículo El transfuguismo electoral. Un debate constitucional en México, señala que el transfuguismo es parte de la forma de hacer política cuando se vive en la alternancia, ya que ofrece la posibilidad de ganar el poder. 

El cambio de partido, el romper con la formación y los ideales que contribuyeron a confeccionar una determinada ideología, comenzó a ser atractivo en el momento en que en México se dieron posibilidades reales de triunfo de las distintas fuerzas políticas, para acceder a los cargos de elección popular.

El transfuguismo implica la ruptura con el vínculo partidista, ya sea un cambio de partido a fin de ser postulado por otro para un cargo de elección popular, o bien llamar a votar por un candidato o partido de la oposición, lo cual implica apoyar a una fuerza política distinta a la que se pertenece, un acto de deslealtad. Si bien son supuestos distintos, el fin que se persigue es similar.

La validez o no del transfuguismo es objeto de un complejo debate, pues intervienen diversos factores, principalmente éticos y políticos. Hay quien considera aceptable que los políticos migren de partido, a fin de tener mayores posibilidades de ser postulados a un cargo de elección popular o de obtener algún puesto en la administración del candidato que tiene mayores posibilidades de triunfo, e incluso se justifica diciendo que no existe incongruencia alguna, pues lo que se busca es que gane la mejor opción para los ciudadanos.

En otros casos, se señala que el migrar de una fuerza política a otra es una clara muestra de incongruencia, pues no todas comparten la misma ideología, e incluso existe una clara divergencia entre unas y otras.

A mí me parece que tiene que ver con la ideología y principios de cada individuo, lo cual implica que exista congruencia en el actuar, pero también tiene que ver con un equilibrio político, en el sentido de que los partidos permitan un verdadero acceso de sus militantes a los cargos de elección popular, de manera que realmente postulen a los mejores candidatos y no sólo a aquellos cercanos al grupo que controla el partido.

Algunos casos de transfuguismo han sido llevado a las autoridades jurisdiccionales. Me referiré a dos.

La legislación de Coahuila intentó regular el transfuguismo estableciéndolo como requisito de elegibilidad: “no haber sido integrante, en los términos de los estatutos correspondientes, de un partido político distinto al que lo postula cuando menos dos años antes de la fecha de registro de candidatos de la elección de que se trate”. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que la disposición era inconstitucional por vulnerar los derechos a ser votado y a la libre afiliación; en consecuencia, se invalidó el precepto (A.I. 158/2007 y acumuladas).

En el caso Espino (SUP-JDC-641/2011), el Tribunal Electoral confirmó la expulsión de Manuel Espino del PAN, debido a que durante los procesos electorales de 2010 en Durango, Sinaloa y Veracruz, el militante del partido llamó a no votar por los candidatos y anular el voto, lo cual fue calificado como actos de indisciplina y de deslealtad hacia el partido. En el caso, el Tribunal Electoral consideró que el supuesto de expulsión por actos de deslealtad al partido es constitucional; el órgano jurisdiccional estimó que: “la lealtad puede identificarse como un bien jurídico propio de un Estado constitucional democrático de derecho, en un régimen de partidos, porque no aparece como una exigencia desproporcionada, excesiva, innecesaria, que desborde los principios de intervención mínima, ultima ratio y subsidiariedad”.

Es claro que los partidos políticos pueden, y de hecho lo hacen, regular e incluso sancionar el que sus militantes sean postulados como candidatos de otros partidos, o que llamen a votar a favor de otros candidatos y/o partidos políticos. Es parte de su libertad de autodeterminación. Sin embargo, el debate continua en el sentido de si es posible regular las conductas tránsfugas de nuestros políticos, a nivel federal o local, pues existen posiciones encontradas sobre el tema.  

Lo que no podemos soslayar es que el transfuguismo es propio de una democracia en desarrollo, en la que la alternancia es algo común. De cualquier forma, no dejo de pensar que el transfuguismo es una cuestión de ética, valores, principios y sobre todo congruencia de los individuos, cuyo juzgador somos los ciudadanos al momento de votar.

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