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Opinión: El Juicio Político del Presidente

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Por Vicente Fernández Fernández  @ADNPolitico
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NOTA DEL EDITOR: Vicente Fernández Fernández es doctor en Derecho por la UNAM y profesor e Investigador en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.


La Cámara de Diputados, en uso de su facultad constitucional, presentó ante el Senado, la acusación de juicio político contra el Presidente de la República. De entre los razonamientos y justificaciones para sostener la acusación, destacan lo siguiente:

“El Presidente (…) ha sido absolutamente incapaz de desarrollar una política y programas que tiendan a disminuir la creciente inseguridad ciudadana. (…) a pesar de los importantes recursos financieros que le fueron proveídos por el Congreso Nacional para potenciar a la fuerza pública, los resultados han sido no solo insatisfactorios (…) Los distintos operativos emprendidos por el Gobierno, muchas veces con gran cobertura periodística, han tenido como único resultado el total fracaso. Nunca en la historia de este País, la Policía Nacional ha tenido tantas víctimas cobardemente asesinadas (…) y, a pesar de ello, la conducta complaciente del Presidente siguió inalterable. (…) Los costosos operativos dispuestos por el Gobierno durante los dos estados de excepción no han dado resultado alguno y, por el contrario, solo ha generado una mayor fortaleza de ese grupo (…) armado a través del descrédito y las humillaciones a las que fueron sometidas las fuerzas militares y policiales asignadas al operativo. El Presidente (…) es el responsable de la creciente inseguridad y es responsable también por haber mantenido por tanto tiempo (…) a una persona absolutamente inepta e incapaz para ocupar ese cargo.”

Presentada la acusación ante el Senado, después de dos horas en las que la Comisión de Diputados expuso el sustento de la acusación y se escucharon los alegatos de los abogados defensores del Presidente, por una mayoría abrumadora se votó por su destitución, faltando pocos meses para que termine su mandato presidencial.

Esta fue la historia del pasado 22 de junio de este año que corre, cuando se consumó la destitución del Presidente de Paraguay, Fernando Lugo, por mal desempeño de sus funciones, en aplicación estricta del artículo 225 de la Constitución Nacional, lo que ocasionó una crisis continental, llegando a hablarse de un golpe de Estado no por las armas sino por la vía jurídica.

Inmediatamente se dejaron oír muchas voces en México, que pedían juicio político al Presidente Calderón. Cómo es posible –decían algunos- que en Paraguay 17 muertos trajeran como consecuencia la destitución del Presidente Lugo y en México, los 60 mil muertos de Calderón lo dejen intacto.

A diferencia de Paraguay, en donde su Constitución prevé expresamente la posibilidad de enjuiciar y destituir al Presidente “por mal desempeño en sus funciones”, en México, nuestra Constitución ni siquiera considera dentro de la lista de servidores públicos sujetos a juicio político al Presidente de la República, mucho menos por una causa tan abierta como el mal desempeño de sus funciones. En México, el Presidente de la República solamente puede ser enjuiciado durante su encargo por delitos graves del orden común.

Por eso, aún y cuando suene a veces políticamente correcto, exigir a los cuatro vientos el juicio político al Presidente de México e, incluso, que eso pueda suceder después de terminado su encargo (hay quienes siguen pidiendo juicio político a Carlos Salinas), no es más que muestra del desconocimiento de nuestra Constitución que, nos guste o no, es la que tenemos y debemos respetar y hacer cumplir. En México, para someter a juicio político a un Presidente o Ex Presidente, primero tendría que reformarse la constitución.

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