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Opinión: Y después de la jornada, ¿qué sigue?

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Por Yuri Gabriel Beltrán  @ADNPolitico
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NOTA DEL EDITOR: Yuri Gabriel Beltrán es maestro en Gobierno y Asuntos Públicos (FLACSO) y licenciado en Economía (UNAM). Cuenta con estudios en Geografía Electoral, Análisis Político Estratégico y Democracia y Derechos Humanos. Es especialista en temas de voto extraterritorial. Ha sido funcionario en el Instituto Federal Electoral y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Este artículo refleja su posición personal y no la postura de institución alguna.


Con la jornada electoral del domingo pasado quedaron atrás más de 150 días de precampañas y campañas, tanto en el proceso federal como en las entidades federativas que celebraron elecciones ese día. Las dudas se han disipado: 49 millones de mexicanos acudimos a las urnas y expresamos nuestra voluntad sobre quiénes deben ocupar los más de dos mil cargos públicos que estuvieron en disputa.

Pero si bien este momento pudiera parecer el final del proceso, lo cierto es que apenas está empezando la tercera de cuatro etapas que la Ley prevé para el desarrollo de los comicios. México es uno de los países que tienen tiempos más largos entre la jornada electoral y la toma de posesión del próximo Presidente, lo cual ocurre – entre otros aspectos  – por ser también, uno de los que con mayor exhaustividad revisa la legalidad de las actividades desarrolladas en el marco de un proceso electoral.

La fase en curso inició la noche del domingo pasado, cuando los paquetes electorales fueron remitidos a los consejos distritales. Después de ello, el miércoles, iniciaron los cómputos que – por Ley – deben realizarse en forma ininterrumpida, en el siguiente orden: Presidente, Senadores y Diputados.

Derivado de la reforma electoral de 2007-2008, se ampliaron las causales por las que, en el marco de los cómputos, procede hacer un nuevo escrutinio de casilla. De hecho, la propia norma establece que se puede abrir la totalidad de casillas en un distrito cuando la diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado en el segundo lugar sea menor a un punto porcentual y exista petición expresa por parte del representante del segundo lugar.

Ante esa posibilidad y considerando que en 2009 (año donde sólo hubo una elección) se abrieron más de 40 mil paquetes de casilla, el IFE aprobó un acuerdo que prevé la posibilidad de que, al interior de los distritos, se conformen grupos de trabajo y puntos de recuento, para hacer ágil el conteo de votos y poder terminar el cómputo a más tardar el domingo, como se requiere por Ley.

Ahora bien, la legalidad de los comicios está salvaguardada. A través del Juicio de Inconformidad se pueden controvertir ante el Tribunal Electoral sus resultados, la nulidad de las casillas o la elección e inclusive, la elegibilidad de los candidatos.

En el proceso electoral federal de 2009 se recibieron 85 demandas de esa naturaleza, para controvertir los resultados en 66 distritos.

Los juicios de inconformidad que se presenten contra la elección de Presidente deben quedar resueltos a más tardar el 31 de agosto.

Aquellos juicios de inconformidad que se presenten contra las elecciones de diputados y senadores por el principio de mayoría deben ser resueltos por las Salas Regionales a más tardar el 3 de agosto, a efecto de que – en su caso – la Sala Superior resuelva aquellos recursos de reconsideración  que se pudieran presentar contra esas determinaciones el 19 del mismo mes. Después de ello, debe realizarse la asignación de congresistas electos por el principio de representación proporcional, a efecto de que puedan tomar posesión el día primero de septiembre.

La cuarta y última etapa del proceso electoral es quizá la más sintomática de la transformación democrática que ha vivido el país. Se trata del proceso de calificación de la elección de Presidente.

En el pasado, este proceso de examen de la validez general de la elección lo llevaba a cabo el Congreso que – erigido en Colegio Electoral – evaluaba la limpieza de las elecciones. Naturalmente, los incentivos de los representantes electos estaban alineados siempre, en el sentido de confirmar la elección de la que surgió su propio mandato.

El cambio cualitativo estuvo dado, entonces, por el cambio hacia una calificación jurisdiccional. Desde la década de los noventa, es el Tribunal Electoral la instancia que califica integralmente la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. A diferencia de sus antecesores – los Colegios Electorales – la calificación que hace el Tribunal Electoral debe ceñirse al racero del derecho, de manera que lo que se evalúa es la constitucionalidad y legalidad del proceso en su conjunto.

Se trata de un cambio de gran importancia, pues logró incorporar al derecho y la razón como criterios únicos para examinar una elección, disociando la calificación del proceso político. Un ente estrictamente jurídico e independiente de la lógica política es quien realiza el cómputo total de la elección de Presidente y formula la declaración de validez de la elección y de Presidente Electo. Ello debe realizarse a más tardar el 6 de septiembre.

Con la emisión del dictamen de validez de la elección concluye, ahora sí, el proceso electoral federal. Quedan todavía algunas semanas de intensa actividad electoral.

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