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Activistas, empresarios y senadores rechazan el ACTA

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Por Imelda García  @ADNPolitico

Empresarios, activistas, tuiteros y legisladores se unieron para expresar su rechazo a la firma del tratado anti-piratería ACTA por parte del Gobierno Federal.

En conferencia conjunta, realizada este miércoles en el Senado, los interesados contra el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación consideran que las medidas violentan derechos fundamentales de los ciudadanos consagrados en la Constitución.

Los activistas solicitaron a los nuevos senadores, que comenzarán sus actividades el próximo 1 de septiembre, sostener el rechazo que esta Legislatura hizo a la firma del acuerdo.

El senador del PRD Javier Castellón consideró que el gobierno ignoró la decisión de los legisladores, por lo que lamentó la firma del acuerdo.

“El gobierno decidió firmar el ACTA partiendo del principio, de dos principios clásicos. El primero de ellos es 'ni los veo ni los oigo', porque ni vio ni oyó a quienes habíamos participado en las discusiones no solamente dentro del Senado, sino fuera de él, y ni vio ni oyó al Senado de la República.

“Y el otro principio que quiere partir es 'ACTA dada ni dios la quita'. Pero evidentemente también ese principio puede ser desechado en la medida en que todavía el Senado de la República es quien debe ratificar o no dicho acuerdo”, comentó el perredista.

Julio César Vega, director general de la Asociación Mexicana de Internet (AMPICI), dejó claro que la industria del internet y las telecomunicaciones están contra la producción y el uso de la piratería, pero un acuerdo como ACTA incidiría negativamente en el desarrollo y cobertura de internet en el país.

El experto explicó que con la aplicación del ACTA en México se incrementarían las obligaciones para los empresarios y, por ende, los costos de conexión serían más altos. Esto, abundó, dificultaría su acceso y distorsionaría la competencia en el mercado.

“Ya hablábamos con relación a la vulneración de los derechos humanos, de las comunicaciones privadas, en los riesgos de censura y de limitantes de libertad de expresión y también, como país, tendríamos el riesgo de seguir fomentando la desconfianza que existe en los medios, en medio internet”, expuso.

En la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, legisladores del PRD y del PAN presentaron un punto de acuerdo para rechazar la firma del ACTA. También se convocaba a Patricia Espinosa, secretaria de Relaciones Exteriores, y a Bruno Ferrari, secretario de Economía, para que explicaran por qué el Gobierno Federal decidió ignorar al Senado y firmar el acuerdo en Japón.

Emilio Saldaña, empresario dedicado a la integración de servicios en internet, resaltó que los sectores más pobres del país sufrirían mayores consecuencias por realizar actividades que serían ilegales, como compartir contenido por internet.

“Hoy a los usuarios nos gusta compartir contenidos en internet, contenidos propios y contenidos que encontramos en la red, pero ACTA convierte esto de ‘me gusta compartir’ en un acto criminal.

“Los usuarios de internet no estamos obligados, en un momento dado, a ir a pedir permiso a cada uno de los autores para poder compartir material, porque además no estamos haciendo lucro del mismo, estamos ejerciendo el derecho que tenemos de acceder al conocimiento y compartir ese mismo conocimiento. Esto viene a violentarlo directamente ACTA”, sostuvo Saldaña, participante también en la Asociación Mexicana Empresaria de Software Libre.

Para Jesús Robles Maloof, integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, el ACTA contraviene la más elemental protección de las garantías individuales, pues tiene disposiciones que permitirían la persecución de personas que defienden los derechos elementales, que se dedican al periodismo y de cualquier persona que ejerza su libertad de expresión en internet.

Un ejemplo de lo que podría ocurrir, apuntó Robles, se dio en Veracruz, cuando el gobierno estatal intentó “regular” a los tuiteros para, supuestamente, prevenir situaciones de terrorismo.

“Precisamente el Código Penal del estado de Veracruz, tal y como está redactado actualmente y tal y como las reformas que impulsó el gobierno de Veracruz establecen, son tipos penales expansivos, es decir tipos penales que contienen disposiciones ambiguas.

“Éste es el principal argumento que el Parlamento tuvo para rechazar la firma de ACTA, y éste es uno de los principales argumentos por los que desde el punto de vista de derechos humanos este tratado se debe rechazar”, argumentó el activista.

El ACTA fue firmado el 11 de julio por el embajador de México en Japón, Claude Heller. Ese día, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) negó que se tratara de una medida que violente los derechos humanos, y consideró que más bien ayudará a proteger los derechos intelectuales de los mexicanos.

Para que entre en vigor, la firma del ACTA debe ser ratificada por el Senado de la República.

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