VICENTE FERNÁNDEZ

Opinión: Con todo y protestas, habrá toma de posesión

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Por Vicente Fernández  @ADNPolitico
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NOTA DEL EDITOR: Vicente Fernández Fernández es doctor en Derecho por la UNAM y profesor e Investigador en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.


El proceso electoral aún no acaba pero ya se anticipa cómo terminará. Realmente ha sido en gran medida predecible. Desde octubre del año pasado –sino es que desde antes-, al iniciar formalmente el proceso electoral, el PRI era el partido que tenía amarrada la candidatura de unidad que había venido construyendo durante los últimos 3 o 4 años; y en los escenarios posibles, siempre aparecía en primer lugar en las encuestas, tal cual arrancó ya en la campaña. La única sorpresa –si es que la hubo- fue que ganara con un margen menor a los diez puntos.

La impugnación de todo el proceso electoral y las muestras de rechazo también eran predecibles y lo es el resultado de las impugnaciones: no se ve cómo pueda el Tribunal Electoral invalidar la elección presidencial. Por ello, es cuestión de tiempo para ver la entrega de la constancia de presidente electo y la toma de posesión el primero de diciembre. Porque con todo y protestas habrá toma de posesión.

El Tribunal Electoral, como cualquier otro tribunal, debe resolver conforme a las reglas previstas en la constitución y las leyes secundarias, así como a las pruebas que las partes aporten para acreditar sus afirmaciones. Como en cualquier juicio y medios de impugnación, se aplicarán las reglas de las pruebas: el que afirma tiene la carga de probar; el que niega, por regla general no, dado que de hecho es imposible hacerlo. La ley considera que no hay forma lógica de demostrar que algo no sucedió. Así, los partidos y coalición que afirman la violación al artículo 41 constitucional y, en consecuencia, que no hubo elecciones libres y auténticas, tienen la carga probatoria de demostrarlo y si sustentan su dicho, sobre todo, en la coacción y compra del voto (casos Soriana y Monex) deberán acreditar, primero, que el PRI, de manera directa o indirecta adquirió y financió las tarjetas o monederos; segundo, que les fueron entregadas a personas determinadas; tercero, que se entregaron con la condición de votar a favor de Peña Nieto y, por último, que efectivamente esa persona receptora de la tarjeta emitió su voto en ese sentido.

Sobre todo el último requisito es casi imposible jurídicamente hablando (como manifestó Arturo Núñez, gobernador electo en Tabasco bajo las siglas del PRD, quien se formó en el PRI bajo la sombra de Gutiérrez Barrios en la Secretaría de Gobernación) bajo la premisa de la secrecía del voto. Aún y cuando se logren demostrar algunos votos, no se ve cómo se demuestre con más de tres millones, que fue la diferencia con la que ganó EPN.

Que no se malinterprete: no estoy diciendo que no se haya actualizado la compra del voto. Todos sabemos que sí. Pero también sabemos que la compra del voto se hace tanto en dinero como en especie y que todos los partidos lo practican, si bien unos más que otros. Lo que afirmo es que jurídicamente hablando, es casi imposible demostrar la compra de más de tres millones de votos. Es casi imposible demostrar que las encuestadoras actuaron todo el tiempo con la intención de favorecer a un candidato, aunque así haya sido.

No solo la entrega de tarjetas y monederos de Soriana y Monex pueden ser ciertos. También se obtiene el voto con la entrega de cemento, varilla, despensas, cubetas, escobas, y un largo etcétera. Todo ello es compra del voto, ya sea en efectivo o en especie. Y todos los partidos políticos lo hacen. Y no estoy justificando estas prácticas. Más bien estoy lamentando que se sigan dando. Y el problema no es de la ley o las instituciones electorales; de hecho, las leyes son en extremo estrictas pero siempre habrá resquicios que alguien aproveche y las instituciones (IFE, Tribunal Electoral) con todo lo criticable que puedan ser, tienen una base sólida y las personas que las integran pueden tener defectos o simpatías pero han estado actuando con sustento en la ley (que, por cierto, ellos no hicieron sino los partidos en el Congreso).

El problema está en nuestra realidad económica y social. Mientras en México haya más de 50 millones de personas en la pobreza y de ellas, más de 10 millones en pobreza extrema (según cifras oficiales); mientras haya personas que por 500 pesos voten por quien le pidan, no habrá ni leyes ni instituciones que garanticen elecciones libres y auténticas.

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