VICENTE FERNÁNDEZ

Opinión: El veto a la Ley de Protección a Víctimas de Delito

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Por Vicente Fernández Fernández  @ADNPolitico
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NOTA DEL EDITOR: Vicente Fernández Fernández es doctor en Derecho por la UNAM y profesor e Investigador en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.


La noche del 1 de julio (justo unas horas antes de la jornada electoral), el Presidente de la República vetó la Ley de Protección a Víctimas de Delito que le enviara el Congreso de la Unión para su publicación. Lo hizo conforme a las facultades que le otorga el artículo 72 Constitucional para devolver con observaciones las leyes que le remita el Poder Legislativo, para lo que cuenta con 30 días naturales siguientes a su recepción.

A decir del ejecutivo federal, el plazo de los 30 días debe contarse a partir del 1 de junio, por lo que los 30 días fenecieron el 1º de julio, de tal manera que a su parecer las observaciones o veto fueron presentadas en tiempo. Sin embargo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión (dado que se está en periodo de receso de sesiones) estimó que dicho plazo ya había terminado desde el 19 de junio, por lo que no aceptó las observaciones y conforme al mismo artículo 72 de la Constitución, tiene la atribución (y así la ejerció) de mandar publicar la ley que el Ejecutivo no publique después de los 30 días que tiene éste para formular las observaciones que considere pertinentes.

Ante esta decisión del Congreso, el Presidente de la República presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una demanda de controversia constitucional, en la que impugna la decisión del legislativo de no aceptar las observaciones por extemporáneas y mandar publicar la ley. La Corte (también en su comisión de receso) admitió a trámite la demanda y otorgó la suspensión solicitada, para el efecto de que no se publique la ley hasta en tanto se resuelva el fondo del juicio.

Y así estamos al día de hoy. Sin una ley que prometía un avance en la protección a las víctimas. Y mientras, los muertos y los daños colaterales se siguen sumando día con día.

Más allá de las razones (válidas o no) del Presidente de la República para vetar la ley (argumenta que es inconstitucional porque el Congreso no tiene atribuciones para expedirla y obligar a todos los niveles de gobierno –municipios, estados y federación- y que de haberse publicado se hubiera impugnado y la Corte haría dicha declaración de inconstitucionalidad), lo que nos muestra es, o el escaso oficio de construir acuerdos con el poder legislativo, porque no hay explicación lógica para justificar el veto a unas horas de la elección presidencial y de que venciera el plazo para hacerlo, cuando se tuvo la posibilidad de intervenir durante todo el procedimiento legislativo, haciéndoles ver a los legisladores las inconsistencias y violaciones a la constitución, o bien el uso electoral de las víctimas, haciéndoles creer a todos que su gobierno impulsaría una ley como esa, para proteger e indemnizar a las víctimas de una política fallida en materia de seguridad y combate a la delincuencia organizada.

Aún y cuando el tema a discusión en la controversia constitucional se limita a determinar si las observaciones del ejecutivo se presentaron a tiempo o no, es decir, no se juzgará a la ley por su probable inconstitucionalidad, (eso sería en otro momento, ya que esté publicada la ley), este juicio, de acuerdo con los tiempos normales en la Corte, se estará resolviendo dentro de un año, meses después de que Felipe Calderón deje la presidencia y ya con otra legislatura.

Lo que queda claro –una vez más- es que los tiempos y prioridades de los tres poderes -ejecutivo, legislativo y judicial-, corren a larga distancia de los tiempos y necesidades de las víctimas.

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