CONGRESO

Diputados dejan rendición de cuentas a su 'buena voluntad'

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Por Imelda García  @imegarcia
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Los ciudadanos dependen de la “buena voluntad” de los diputados para enterarse del trabajo que éstos hacen fuera de la Cámara durante los 170 días que, cada año, no forman parte de los periodos ordinarios de sesiones pues aunque la entrega de un informe anual de labores es obligatoria, no hay una sanción para quien no lo presente.

En 2011, sólo 39 de los 500 diputados de la LXI Legislatura (2009-2012) presentaron este reporte de labores legislativas ante la Cámara, menos del 8%, de acuerdo con la Gaceta Parlamentaria de la Cámara Baja.

Además, no existe autoridad que fiscalice lo reportado, lo que impide saber, por ejemplo, si es verídico que los exdiputados priistas Reginaldo Rivera de la Torre y Alfredo Lugo Oñate hayan entregado exactamente el mismo número de juguetes, artículos para el hogar, despensas y cobijas a sus comunidades, como reportaron.

En los últimos informes anuales de estos dos legisladores aparecen las mismas cifras de lo que llamaron “gestión social”: según sus datos, ambos entregaron 67,000 “aguinaldos” (bolsas de dulces); 20,660 juguetes; 15,000 artículos para el hogar; 5,200 despensas, y 3,000 cobijas.

La falta de un órgano fiscalizador al interior de la Cámara de Diputados que vigile el cumplimiento de la labor de los legisladores hace que la rendición de cuentas de los parlamentarios sea un acto de "buena fe".

ADNPolítico.com corroboró en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara Baja que, durante la LXI Legislatura, presentaron su informe sólo 17 diputados del PRI, cuatro del PAN, siete del PRD, ocho del PT y tres de Nueva Alianza; mientras que del PVEM y de Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano) ningún legislador lo entregó.

OBLIGATORIEDAD ‘OPCIONAL’

A partir del 2011, el Reglamento de la Cámara de Diputados establece, en su artículo 8 párrafo XVI, la obligación de los diputados de presentar a sus representados un informe anual de actividades.

Dicho informe debe ser entregado también a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos para su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Sin embargo, esta reglamentación no establece una fecha exacta para la entrega del reporte ni ninguna pena para el legislador que no lo entregue en tiempo y forma.

Incluso algunos legisladores presentaron informes ante ciudadanos de su distrito o circunscripción, pero estos no se encuentran publicados en la Gaceta; de éstos no se tiene registro oficial de su presentación.

Tal fue el caso de Josefina Vázquez Mota, que en agosto de 2011 presentó un informe sobre su trabajo como diputada y coordinadora de la bancada de Acción Nacional en el segundo año de la LXI Legislatura.

La panista presentó su reporte ante cerca de 3,000 personas en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, pero en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados no existe registro del mismo.

Además, ningún órgano o funcionario de la Cámara Baja tiene atribuciones para verificar que la información que los diputados hacen pública en estos informes es verídica.

“Es incorrecto que un diputado no sea vigilado en lo que hace o en lo que gasta", opina Carlos Castaños Valenzuela, diputado por el PAN en la actual Legislatura.

"Se trata de recursos públicos que salen de los bolsillos de los ciudadanos, se debe tener un pleno control sobre lo que hacemos y sobre si cumplimos o no con nuestra función”, agrega.

Castaños Valenzuela presentó una iniciativa para transparentar el gasto de los diputados, incluyendo hacer públicos los comprobantes de egresos de los legisladores.

En algunos casos, los diputados presumen como propios los logros de toda la Legislatura.

Mary Thelma Guajardo, quien fue diputada del PRD en la anterior Legislatura, por ejemplo, presume en su informe haber logrado la Reforma Política, la Ley General de Víctimas, la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas o la Ley contra el Lavado de Dinero; sin embargo, ninguna de estas modificaciones legislativas fueron iniciativas presentadas por la perredista.

Los 39 diputados que presentaron informes de trabajo mencionan sus actividades legislativas, algunos enlistan sus labores de gestión, pero ninguno de ellos da cuenta de los recursos que les son otorgados mes con mes para “atención ciudadana”.

OPACIDAD EN EL USO DE RECURSOS

Además de su salario, conocido también como “dieta”, a cada legislador se le otorga una cantidad mensual para la contratación de personal que le asista en sus tareas legislativas y otra cantidad para abrir una oficina de atención ciudadana en su distrito o circunscripción.

De acuerdo con el "Manual que regula las remuneraciones de los diputados federales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de febrero del 2012, la dieta mensual neta –después de impuestos– de un legislador es de 75,457 pesos, mientras que para asistencia legislativa se le otorgan al mes 45,786, y para atención ciudadana, un total de 28,722 pesos.

Esto hace un total de 149,965 pesos que un diputado recibe mensualmente sin contar las prestaciones. Aunque casi la mitad de estos recursos (74,508 pesos) supuestamente son utilizados para el desempeño de su labor, los legisladores no están obligados a rendir reporte alguno sobre su uso.

Rocío Reza Gallegos, diputada del PAN, considera que la fiscalización de las actividades de los legisladores es un primer paso, no sólo para mejorar la imagen del Poder Legislativo y de sus integrantes, sino en general para hacer que la ciudadanía confíe más en sus autoridades.

“Es fundamental crear una Ley de Rendición de Cuentas de los Servidores Públicos para que los funcionarios y todos quienes ocupamos un puesto de elección popular seamos responsables con el dinero de la gente y rindamos cuentas claras, hacer imposible que haya corrupción”, señala.

El Reglamento de la Cámara Baja, también en su artículo 8, obliga a los diputados a “Mantener un vínculo permanente con sus representados, a través de una oficina de enlace legislativo en el distrito o circunscripción para el que haya sido electo”.

En estas oficinas de enlace, cuya existencia nadie verifica, los legisladores deben trabajar en los lapsos en los que no se encuentran dentro del periodo ordinario de sesiones, tiempo en el que están obligados a acudir al Palacio Legislativo de San Lázaro.

¿QUÉ HACEN ESOS 170 DÍAS?

El Congreso de la Unión divide sus tiempos de sesiones en dos periodos ordinarios que suman, en total, 195 días en los que los legisladores deben acudir a realizar labores legislativas en San Lázaro.

El primer periodo ordinario del Congreso mexicano comienza el 1 de septiembre y finaliza el 15 de diciembre de cada año, salvo en los años de relevo presidencial, como 2012, en los que dura hasta el 31 de diciembre; el segundo periodo ordinario de sesiones inicia el 1 de febrero y termina el 30 de abril de cada año.

Los días restantes, 170, los diputados están dedicados a realizar labores legislativas en sus respectivos distritos o estados para recoger opiniones y necesidades de la gente y llevarlas hasta el Congreso de la Unión. Las comisiones legislativas también deben continuar funcionando.

Pero al no existir un órgano de control de estas actividades en la Cámara Baja, ningún ordenamiento legal los obliga a reportar lo que hacen en estos 170 días.

“Los informes deben reflejar los trabajos de los 365 días del año; ellos son legisladores todo el año, no sólo cuando hay periodos de sesión", dijo a ADNPolítico Jeffrey Weldon, investigador y profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México, "cuando no hay sesión deben estar en el trabajo de las comisiones, debe continuar el trabajo en las comisiones".

“Debe existir un órgano fiscalizador de todo eso, pero debe ser dentro del propio Poder Legislativo; no podría ser algo del Ejecutivo que esté haciendo una auditoría de los legisladores, es importante mantener la autonomía de cada uno de los poderes”, sentenció.

Carmen Izaguirre Franco, otra de las diputadas priistas que sí presentó su informe anual, reportó que en su oficina de enlace se atendió a más de 8,000 personas durante un año.

En su informe de labores señala que, de forma personal, apoyó a gente de la tercera edad con 360,400 pesos; a enfermos o accidentados con 218, 370 pesos; a iglesias, comités y asociaciones con 184,000 pesos; otorgó ayudas especiales por 162,000 pesos; ayudó a madres solteras con 79,415 pesos, y adquirió 5,300 despensas, cuyo costo no especifica.

El panista Bonifacio Herrera Rivera, diputado también de la LXI Legislatura, da cuenta en su informe de haber entregado en su comunidad los siguientes apoyos: cinco sudaderas; 16 paquetes de pañales; 30 playeras deportivas; 1,500 despensas; 8,000 aguinaldos; 2,500 cobijas, y 128 apoyos económicos para personas de la tercera edad, gastos funerarios o capacitación... pero no menciona el gasto que hizo en esos rubros.

“Es cierto que los diputados ayudamos en nuestro distrito; no todos, pero sí hay algunos casos, por eso es muy importante que se sepa en qué se gasta el dinero que se nos otorga para apoyar a la comunidad y que, aunque la parte más importante de nuestra tarea es legislar, también lo es servir de gestor en las poblaciones de las que venimos”, comentó el panista Castaños Valenzuela.

A pesar de que la Cámara de Diputados tiene su propio órgano de transparencia, la información sobre las actividades de los legisladores y sus gastos no se encuentra disponible públicamente, ya que no hay norma alguna que les obligue a dar cuentas sobre ello.

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