MARÍA AMPARO CASAR

Opinión: ¡No premiemos a los gobiernos endeudados!

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Por María Amparo Casar  @amparocasar
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María Amparo Casar es licenciada en Sociología por la UNAM; maestra y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la University of Cambridge, King's College; catedrática e investigadora del Departamento de Estudios Políticos del CIDE; columnista en el diario Reforma; miembro de los comités editoriales de la revista Nexos y el Fondo de Cultura Económica, y colaboradora en espacios de análisis como el programa Primer Plano de Once TV México.

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Estados y municipios que generan deuda en lugar de ingresos propios es el sello de nuestro federalismo.

A la tradicional “pereza fiscal” de los estados y municipios que se han caracterizado por su dependencia de la Federación, se suma ahora el exceso de endeudamiento. El problema es de tal envergadura que a pesar de que se dice que las deudas todavía no representan un riesgo, en los últimos 12 años han crecido casi un 350%.

Los estados y municipios se han acostumbrado a las jugosas aportaciones y participaciones que transfiere la Federación ahorrándose la difícil tarea de cobrar impuestos y pagar el costo en popularidad que significa imponer a los gobernados una carga fiscal.

La triste realidad es que aunque nuestro pacto fiscal necesita ser revisado, los estados y municipios tienen hoy capacidades tributarias y no las ejercen.

Los municipios tienen el impuesto predial y está subexplotado; los estados pueden cobrar hasta 6 impuestos diferentes y la mayoría deciden libremente no ejercer su potestad. Mejor ejemplo que la tenencia sobre automóviles, que acaba de pasar de ser un impuesto federal para dejárselo a los estados, no hay.

Han preferido quedarse sin esa fuente de ingresos que hacer el esfuerzo recaudatorio. También es cierto, dicho sea de paso, que cada vez que en las reformas fiscales o incluso en los presupuestos de ingresos se ha planteado la iniciativa de que los estados cobren una sobre-tasa al consumo, los legisladores se han opuesto a ello.

Hay vías más fáciles y cómodas, negociar año con año el aumento en los ingresos provenientes de la Federación y, si no alcanza, endeudarse.

Se ha repetido una y otra vez que no hay incentivos para que los estados cobren y, en efecto, no los hay. Y, por lo que puede observarse, no hay intención de crearlos.

Ante la realidad de un endeudamiento que entre el año 2000 y el 2012 ha aumentado de 91,000 millones a 404,000 millones, un grupo de senadores priistas ha dado con la brillante idea de elaborar una suerte de programa de rescate financiero como forma de resolver un problema creado por los estados y municipios sin intervención alguna por parte de la Federación a la que, en todo caso, se puede acusar de no haber transparentado, publicitado y puesto en el debate público, sino hasta hace unos meses, la situación que se viene gestando desde hace más de una década.

La propuesta de los senadores del PRI abona más al problema que a la solución.

Mantener la irresponsabilidad fiscal y financiera de los gobiernos estatales y locales; hoy se sabe que muchas de las deudas fueron contratadas de manera ilegal o con subterfugios legales y que dicha deuda, como marca la legislación, no se ha utilizado para infraestructura. Sabemos también que en la petición hecha por los senadores no se exige una investigación para asignar responsabilidad a los gobernadores o presidentes municipales que se sobreendeudaron a pesar de reconocer que en muchos casos la contratación de deuda fue resultado de actos de corrupción y malos manejos administrativos.

No. Lo que se pide es borrón y cuenta nueva. La creación de un “fondo contingente” de rescate que les permita salir de la quiebra. Esto, acompañado de un aumento de las aportaciones a los estados en el presupuesto 2013. Esta propuesta lejos de corregir el problema lo agrava. Es un incentivo para que la pereza fiscal y la propensión al endeudamiento se mantengan. Es un premio ahí donde debiera haber un castigo o, al menos una medida disciplinaria.

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