ADELANTO EDITORIAL

Luis Carlos Ugalde: Por una democracia eficaz

Print Comments

Por Luis Carlos Ugalde  @LCUgalde
   0 Comentarios

NOTA DEL EDITOR: Luis Carlos Ugalde ha sido profesor de ciencia política e investigador en varias universidades de México y los Estados Unidos, entre ellas el ITAM, el CIDE, la Universidad de Harvard, así como las universidades de Georgetown y Americana, en Washington, D.C. 

Fue consejero presidente del IFE entre 2003 y 2007 y en esa capacidad presidió a la institución durante la elección presidencial de 2006. Es director general de Integralia Consultores y fundador de Métrica Pública, A.C., dedicada al estudio y promoción de la calidad de la democracia en México.

Hace pocas semanas publicó su libro Por una democracia eficaz. Radiografía de un sistema político estancado, 1977-2012. Con permiso de la Editorial Aguilar, se reproducen algunos fragmentos de la introducción y del capítulo 11.

***

¿Por qué hay frustración con los logros de la democracia mexicana? ¿Por qué prevalece la impunidad y la corrupción a pesar de que hay más transparencia de los poderes públicos? ¿Por qué la alternancia en la presidencia de la República en el año 2000 no condujo a mejores resultados en materia de crecimiento económico y seguridad pública? Para responder a estas cuestiones es necesario hacer un recuento pormenorizado de los tres procesos modernizadores que México ha intentado desde su Independencia: el triunfo liberal del siglo xix; el desarrollo estabilizador de 1940 a 1970, y el cambio político —aún en marcha— que inicia a fines de los años setenta del siglo XX.

Por una democracia eficaz. Radiografía de un sistema político estancado, 1977-2012, explica que las transformaciones sociales han sido menores a las expectativas debido a que el sistema político ha cambiado poco: persisten problemas sistémicos y ancestrales, como una escasa rendición de cuentas, impunidad, clientelismo, falta de una cultura de la legalidad y de la participación ciudadana, así como un Estado fiscalmente pobre y endeble. Mientras esos problemas no se ataquen, los gobiernos funcionarán con deficiencias pese a su origen democrático.

Hubo ingenuidad de los enamorados de la alternancia, aquellos que presagiaban que sacar al PRI de Los Pinos en el año 2000 sería la llave mágica para descubrir el paraíso democrático, cuando lo esencial era combatir de raíz los problemas de nuestro sistema político. Como no se hizo, la democracia ha dado pocos resultados.

Democracia y legalidad

El reto mayor del sistema político es construir un país de leyes —el mismo anhelo de los liberales del siglo xix, por el cual lucharon con escaso éxito—. Legalizar la política y hacer que la ley impere en todos los ámbitos de la actividad: comercial, empresarial, cultural, deportiva e incluso religiosa, representaría la mayor transformación histórica de México, todavía más significativa y trascendente que la construcción de la democracia electoral, alcanzada a fines del siglo xx. Significaría lograr que la gobernabilidad ya no descanse en la negociación selectiva con clientelas organizadas sino en la legalidad, empezando con el ejemplo del gobierno. Sería lograr que legalidad y legitimidad fueran sinónimos.

Construir un Estado de derecho requiere muchas acciones, todas ellas de largo aliento: un ordenamiento jurídico coherente (desde la Constitución hasta los reglamentos e incluso las circulares administrativas que emiten las unidades de gobierno); normas eficaces que establezcan sanciones claras ante su incumplimiento; autoridades que investiguen delitos de manera oportuna y eficaz, jueces imparciales e independientes que impartan justicia y una cultura de la legalidad que logre el cumplimiento voluntario de las leyes, lo que presupone la percepción de que las leyes son justas, que provienen de procesos incluyentes y democráticos y, sobre todo, que se aplican a todos por igual.[i]

De todas esas acciones, me concentro en el tema más relevante por su complejidad histórica y cultural: el de estimular una cultura de la legalidad. México requiere erradicar la cultura de los “fueros” heredados de la Colonia que hoy se traducen en que los poderosos e influyentes pueden evadir el cumplimiento de las leyes. En consecuencia, grupos organizados y marginados también las violan y exigen el mismo trato en nombre de la justicia social: impunidad. Salir de ese círculo perverso requiere un compromiso político para que primero los gobernantes, y la sociedad después, se sometan escrupulosamente al imperio de la ley.

[…]

Las preguntas de fondo son cómo empezar a aplicar la ley de manera unánime y universal, cuando nunca se ha hecho con anterioridad; cómo avanzar si hay una escasa cultura de la legalidad, gobernantes indispuestos a someterse a la ley y muchos jueces corrompidos e incluso sometidos al propio poder político; cómo erradicar la presunta enemistad entre la justicia y la legalidad y evitar que los líderes políticos tradicionales hagan de la negociación de la ley un instrumento retórico para apoyar a los más necesitados y, así, evadan la ley en beneficio de los desposeídos; en suma, cómo amanecer un día y hacer realidad el sueño de los liberales del siglo xix.[ii]

 Sugiero dos rutas de acción. Primero, que el gobierno sea quien ponga el ejemplo y, en particular, el presidente de la República. Como en México el mayor obstáculo para el cumplimiento voluntario de la ley ha sido —subrayo— la percepción de que es injusta y de que no se aplica parejamente a todos, empezando por los políticos, modificarla requiere que primeramente los gobernantes pongan el ejemplo, y sólo tras un largo periodo en el cual se sometan implacablemente al imperio de la ley, la sociedad empiece a percibir que la cancha es pareja para todos. Culpar a la cultura de los mexicanos como la única causa de la ilegalidad es una trampa retórica. Los mexicanos empezarán a cumplir cuando se dé un efecto demostración “desde arriba”, lo cual si bien requiere una revisión global de las normas y de las instituciones que procuran y administran justicia, dependerá, sobre todo, de la apuesta política de los gobiernos para someterse, ellos primero, al orden constitucional. No será fácil.

Como aplicar la ley a todos sin excepciones y al mismo tiempo entraña una labor tan amplia que resulta irrealizable, la única forma de convencer de que la lucha contra la impunidad y a favor del imperio de la ley es seria y verdadera es que, en el ámbito de su gobierno y sus facultades, la conducta del presidente sea implacable respecto de quien la viola: simplemente tendría: 1) que seguir fortaleciendo a las instituciones que procuran justicia y propiciar la independencia para que los tribunales juzguen con plena independencia, y, 2): en el círculo de su gobierno, estimular para que instancias como la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República se aboquen, sin excepciones, a castigar a funcionarios que violen la ley, cometan peculado o falten a sus responsabilidades, sobre todo tratándose de sus aliados políticos.

 La segunda ruta consiste en generar islas de legalidad en un mar de impunidad, esto es, espacios de aplicación estricta y pareja de la ley que sirvan como modelo y estimulen su imitación. Si no se puede legalizar todo a la vez, porque se lucha contra siglos de una cultura de impunidad y de falta de respeto a la legalidad, entonces debe empezarse en territorios donde se alcance éxito rápida y consistentemente y usar ese triunfo inicial como muestra de los beneficios de convertirse en un país de leyes. Ya que el Estado no tiene la capacidad para avanzar de manera simultánea en la inauguración de una república de la legalidad —y la sociedad ni siquiera está interesada en que así sea—, la única ruta posible es empezar en segmentos acotados donde pueda haber resultados.

¿Cómo escapar de la trampa del confort?

 El clientelismo mexicano y la liquidez presupuestal que han dado los ingresos petroleros a partir de la década del 2000 tienen a México atrapado en una trampa: la del confort que permite que los grandes clientes del sistema político, incluidos los partidos y los gobiernos, vivan de los beneficios de un equilibrio político y fiscal endeble pero cómodo; de recursos para gastar sin necesidad de “agraviar” a los aliados; de un oasis de distribución de rentas sin sacrificios para ninguno de los clientes organizados. Los ciudadanos sin membría corporativa, por su parte, han disfrutado de la estabilidad económica y millones de ellos han accedido a la clase media, mientras que otros tantos han abandonado la pobreza extrema gracias a los programas de combate.

¿Cómo escapar de esta trampa de un confort aparente pero mediocre? ¿Cómo cambiar la correlación de fuerzas para transitar del equilibrio actual, políticamente sostenible, pero francamente menor al que podría alcanzar México si cambiara sus sistemas político y fiscal?

 Veo tres rutas: el gradualismo acumulativo, el liderazgo político o una crisis fiscal o política que nos saque de la parálisis. En México el gradualismo, que ha sido la ruta de cambio, tanto en lo económico como en lo político, de la tercera modernización, ha llegado a su límite, porque los cambios acumulativos han mejorado el funcionamiento de la economía y de la democracia, mas a un paso lento en un mundo que camina rápido. El resultado: nos empantanamos y nos rezagamos frente a otros países que van más rápido.

La segunda ruta para escapar del confort sería la del liderazgo político: la de un dirigente con visión y fuerza para lanzar a México en la ruta de su transformación. Salvo momentos de extrema dificultad, en los que han surgido líderes que se levantan sobre el resto de lo mortales y proponen cambios abruptos y transformadores, como ocurrió en algunos pasajes del siglo xix o de la Revolución mexicana, la historia moderna de México carece de episodios en los que se avisoren líderes capaces de mover al país en la ruta del cambio profundo.

Muchos pensaron que Vicente Fox habría de ser ese líder transformador, pero no lo fue. Su carisma, y quizá su talento, se opacaron por las restricciones clientelistas del sistema, ante las que sucumbió. Otros pensaron que Andrés Manuel López Obrador sería ese líder, pero aún no lo es. ¿Será el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) el líder transformador que prometió durante su campaña?


[i] Luis Rubio, Beatriz Magaloni y Edna Jaime, A la puerta de la ley. El Estado de derecho en México, Cal y Arena, México, cap. v.

[ii] Para una detallada discusión para resolver el problema del acatamiento de las leyes y de la legitimidad, veáse Luis Rubio y Edna Jaime, El acertijo de la legitimidad, op. cit., cap. viii.

Síguenos en twitter y facebook

Por favor déjanos tu comentario