CONGRESO

El Congreso avala reforma de Peña, pero el PRI se inconforma

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Por Imelda García  @imegarcia
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La Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con lo que se formaliza la desaparición de varias secretarías de Estado y la absorción de las funciones de seguridad pública por la Secretaría de Gobernación.

Con 423 votos a favor, 38 en contra y 4 abstenciones, los diputados avalaron los cambios propuestos en el Senado y por los que la bancada del PRI en San Lázaro anunció que interpondrá una acción de inconstitucionalidad.

Dicha acción será interpuesta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por considerar que se quitan al Ejecutivo facultades que sólo le corresponden a ese poder.

Al ser discutida esta Ley en el Pleno para su votación, Héctor Gutiérrez de la Garza, diputado por el PRI, dijo en tribuna que recurrirán a esa figura legal para tratar de dar marcha atrás a la disposición de que el Congreso deba ratificar el nombramiento de los mandos policiacos hechos por el Ejecutivo.

“No aceptamos, no compartimos, atribuciones que pretenden arrogarse al Poder Legislativo que en nuestra opinión son competencia exclusiva del Ejecutivo hasta en tanto no lo prevea la propia Constitución.

“No vamos a obstruir el desarrollo y aplicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Pero sí, desde esta tribuna señalamos, que vamos a promover la acción de inconstitucionalidad una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación la presente reforma”, expuso Gutiérrez de la Garza.

El PRI está en contra de la fracción 16 del artículo 27 de la Ley, donde se faculta al Senado para ratificar los nombramientos del Comisionado Nacional de Seguridad Pública y del secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, funcionarios que dependerían de la Secretaría de Gobernación.

Por ese tema, los senadores del PRI tomaron la tribuna el 6 de diciembre pasado, cuando pretendían –a través de la votación de una reserva- echar abajo dicha modificación.

Interponer una acción de inconstitucionalidad consiste en un recurso legal que puede ser interpuesto por una minoría que se opone a una disposición que va en contra de la propia Constitución.

Para su presentación, se requiere sólo de una tercera parte de los legisladores -167 diputados-. Tan sólo el PRI cuenta con 213 diputados, con lo que fácilmente se alcanza la cuota necesaria.

En la discusión en la Cámara Baja, la diputada perredista Amalia García Medina afirmó que su bancada está a favor de que los mandos policiacos deban ser aprobados por el Senado y llamó al PRI a cambiar su postura por ese tema.

“Por qué no si hay la duda, este cuestionamiento, en lugar de ir a una acción de inconstitucionalidad (…), en todo caso, promuevan y se sumen a dar más facultades al Congreso de la Unión y para que se garanticen estos equilibrios.

“Esto sería una muestra de compromiso verdaderamente con un México democrático en el cual se rinden cuentas, en el cual hay contrapesos y en el cual este poder, al cual pertenecemos, juegue un papel fundamental”, retó García Medina.

Quien también se mostró a favor de que los mandos policiacos sean ratificados por el Senado fue Rubén Camarillo, diputado por el PAN, legislador que criticó que el PRI haya votado a favor en lo general y a la vez utilice recursos legales.

“Es un exceso; votan a favor hoy de esta Ley para poder avanzar y darle la posibilidad a su presidente, emanado de sus filas (…) dan su voto hoy para que alcance a pasar esta reforma; eso lo hacen con la derecha, y con la izquierda van y se van a la Corte en una controversia constitucional.

“No es que escribamos una cosa con una mano y la borramos con otra en el Senado; yo sí creo en el sistema bicameral, qué bueno que existe para tener la posibilidad de corregir excesos y, sobre todo, de corregir abusos que de pronto se dan en esta Cámara o en la otra, en circunstancias diversas”, aseveró en tribuna.

Con la aprobación de esta Ley se desaparece la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y sus funciones son absorbidas por el Comisionado Nacional de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Al mismo tiempo, desaparece la Secretaría de la Función Pública y se reorganiza la Secretaría de Desarrollo Social.

Desaparece también la Secretaría de la Reforma Agraria y se convierte en Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

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