BANCOS

¿Cómo beneficia a los bancos la reforma financiera?

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Por Imelda García  @imegarcia

La reforma financiera, aprobada en la Cámara de Diputados, prevé cambios que permitirían que los deudores de los bancos privados que no cumplan con sus obligaciones adquiridas sean arraigados y puedan enfrentar hasta dos años de prisión.

Aunque el gobierno federal y los legisladores han hablado de los múltiples beneficios para los usuarios de los servicios financieros con esta reforma, como una eventual baja en las tasas de interés y la flexibilización de los requisitos para obtener un crédito, otra parte es favorable a la banca al establecer mecanismos que le permitirán cobrar de una manera más eficaz.

En el análisis de la iniciativa presidencial, diputados señalaron que una de las metas de la reforma es otorgar certeza jurídica a las partes que celebran un contrato de otorgamiento de crédito, fundamentalmente a los bancos.

"ARRAIGO"

Uno de los cambios que se introducen con la reforma financiera es la posibilidad de que los deudores sean arraigados y obligados a permanecer en un lugar si enfrentan un juicio mercantil y, en caso de romper ese arraigo, podrían ser enviados a prisión, cuando hasta el momento no se puede ser apresado por deudas de carácter civil.

De acuerdo con las reformas hechas al Código de Comercio, en un juicio ordinario mercantil el juez podría declarar la necesidad de aplicar medidas cautelares contra el deudor, entre las que se contempla la “radicación de persona”, con la cual se “advierte” al ciudadano que no debe abandonar el lugar donde se lleva a cabo el juicio.

Es decir, el deudor debe quedarse en el lugar donde se lleva a cabo el proceso, sin la posibilidad de salir de la localidad.

En la iniciativa original enviada por el Ejecutivo, el término utilizado para esta acción era “arraigo” de la persona, que los legisladores modificaron por “radicación”.

La “radicación de persona” se solicitará “cuando hubiere temor fundado de que se ausente u oculte la persona contra quien deba promoverse o se haya promovido una demanda”, según lo aprobado por los diputados.

En caso de que la persona abandone la ciudad donde se lleva a cabo el juicio sin dejar un representante legal en su lugar, la reforma contempla que será castigado conforme el Código Penal en cuanto a “desobediencia a un mandato legítimo de autoridad pública”.

El Código Penal Federal, en su capítulo VI dedicado a Delitos contra la Autoridad -el artículo 178-, establece que: “Al que desobedeciere el mandato de arraigo domiciliario o la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, dictados por autoridad judicial competente, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y de 10 a 200 días multa”.

Esta medida contradice a la Constitución Política, que en el último párrafo del artículo 17, establece: “Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil”.

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, se pronunció en contra de esta medida porque, dijo, se dan más armas a los grupos financieros contra los ciudadanos.

“Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil, éste es el principio general. Pues no, ahora con esta modificación de la ley, aquél que desacate el arraigo podrá ser encarcelado por seis meses y hasta dos años de prisión.

“Es decir, estamos legislando para las grandes corporaciones financieras, para los grandes bancos y estamos condenando al usuario a la prisión por la falta de pagos en tarjetas o en compromisos”, expuso en tribuna.

La reforma financiera señala que los acreedores podrán solicitar la “radicación de persona” mediante documentos o con “testigos de calidad”, sin establecer a qué se refiere dicha condición.

La “radicación de persona” puede ser solicitada antes de que el acreedor presente una demanda contra el deudor o al mismo tiempo que se presenta la demanda, con lo que automáticamente se hará la notificación al deudor.

Los legisladores de izquierda acusaron que esta medida recrudecerá los castigos contra los deudores y da más garantías a las instituciones bancarias para que cobren el dinero que prestaron a los ciudadanos.

Ricardo Mejía Berdeja, legislador de Movimiento Ciudadano, acusó que más que ser benéfica, la reforma financiera se encargará de llevar a miles de ciudadanos a prisión.

“Aquel deudor que en virtud de la nueva legislación laboral sea despedido injustificadamente y que no pueda pagar el crédito, va a pagar con cárcel.

“No van a ser suficientes las cárceles para llenar con deudas civiles a miles de mexicanos que van a tener que pagar la insuficiencia de la economía y la crisis financiera nacional”, manifestó en tribuna.

"SECUESTRO DE BIENES"

De acuerdo con lo aprobado, se establece también que en caso de que un deudor no cumpla con su obligación, la autoridad judicial puede determinar un acto de “retención de bienes”, es decir retendrá bienes que fueron usados como garantía y que el banco tuviera el “temor fundado” de que pudieran ser “maltratados, dilapidados, ocultos o sean insuficientes”.  

En la iniciativa original enviada por el Ejecutivo, el término utilizado para esta acción era “secuestro de bienes”, pero fue modificado por los legisladores.

JUZGADOS ESPECIALIZADOS

La reforma financiera promovió también la creación de juzgados especializados en materia mercantil, con el fin de procurar un sistema judicial pronto y expedito y evitar alargar los juicios mercantiles de forma innecesaria.

Esta medida fue criticada por Lilia Aguilar, diputada por el Partido del Trabajo, quien señaló que las condiciones entre acreedores y deudores no son las mismas, por lo que se espera que también sea diferenciado su acceso a la justicia.

“Tenemos juicios mercantiles fast track, que se pudiera pensar que son a favor de la ciudadanía, pero que en realidad nos hace enfrentarnos como ciudadanos a un juicio mercantil muy rápido donde solamente enfrentaremos a los grandes abogados de los grandes consorcios bancarios”, advirtió desde tribuna.

CERTEZA JURÍDICA, LA JUSTIFICACIÓN

La exposición de motivos de la reforma establece que para ampliar las fuentes de financiamiento es necesario garantizar certeza jurídica a los bancos en el otorgamiento de créditos, en previsión de un eventual incumplimiento y en la recuperación de bienes dejados en garantía.

"Especialmente para que los acreedores recuperen de manera más sencilla sus recursos en caso de incumplimiento por parte del deudor y particularmente, en aquellos casos en los que existe una garantía”, indica el documento.

El texto señala también la necesidad de agilizar los trámites en juicios mercantiles para reducir los tiempos de admisión de pruebas y para realizar las notificaciones a las partes, con lo que se reduce considerablemente el tiempo del juicio y, por ende, su costo.

En la presentación en tribuna de la reforma, el presidente de la Comisión de Hacienda, el panista José Isabel Trejo, señaló que el cambio en el esquema de trabajo del sistema financiero es necesario para que los bancos tengan más facilidad de otorgar crédito, pero también de recuperar el recurso prestado.

“Otorgar crédito en México continúa resultando caro (...) Los procesos para la recuperación de créditos y ejecución de garantías son lentos y costosos y un número importante de intermediarios financieros no bancarios carecen de solidez económica o no se encuentran adecuadamente regulados.

“Con base en este diagnóstico, ahora es el momento de que este Congreso promueva las acciones necesarias para eliminar los obstáculos que impiden que la banca y el crédito sean una palanca efectiva de desarrollo para hogares y empresas”, sostuvo en tribuna.

La discusión en lo particular de la reforma financiera no aceptó la modificación de ningún artículo que no había sido consensuado previamente, y todas fueron rechazadas a mano alzada. En la discusión de las reservas, participaron casi exclusivamente diputados de izquierda.

La reforma financiera, presentada por el presidente Enrique Peña Nieto en el marco de Pacto por México, pasó al Senado para su estudio.

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