CONGRESO

¿Una consulta popular puede revertir la reforma energética?

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Por Imelda García  @imegarcia
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La última esperanza del PRD para bloquear la reforma energética, que abre a la industria mexicana a la inversión privada nacional y extranjera, está en la consulta popular, pero... ¿Es posible que está figura de participación ciudadana revierta una modificación constitucional?

ADNPolítico.com consultó a expertos en la materia, quienes coinciden en señalar que este mecanismo no fue diseñado para detener cambios a la Constitución, como es el caso de la reforma impulsada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el PRI y el PAN para aprovechar los recursos energéticos del país, misma que la izquierda califica como "privatizadora".

El PRD pretende impulsar una consulta popular en julio de 2015 –cuando habrá elecciones federales, lo cual es un requisito para el ejercicio– para revocar la reforma energética, bajo el argumento de que la mayor parte de la población rechaza la medida, pero expertos en derecho constitucional sostienen que el proyecto de ley, avalado por la izquierda, contiene "candados" para que esta consulta no proceda.

En la Ley Federal de Consulta Popular –que reglamenta el artículo 35 de la Constitución Política, donde está previsto este derecho–, la cual fue aprobada el 10 de diciembre por la Cámara de Diputados pero aún requiere el aval del Senado, se establece que los temas de "trascendencia nacional" pueden estar sujetos a una consulta.

Sin embargo, los especialistas consideraron que, en la práctica, dicha consulta se limitará a actos de autoridad del Ejecutivo, así como a leyes aprobadas por el Congreso de la Unión; pero no a reformas constitucionales, porque éstas implican también a los congresos estatales. 

Francisco Burgoa, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, sostuvo que, aunque en la Constitución y en la Ley de Consulta Popular no se señala de forma expresa que no se podrá aplicar el instrumento a reformas a la Carta Magna, esta conclusión se puede inferir de la redacción respaldada por los legisladores.

"La Ley dice que los efectos de la consulta podrían ser vinculatorios (obligatorios) para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como las autoridades competentes; pero cuando se habla de una reforma constitucional no es un acto legislativo simple que sólo provenga del Congreso.

"Se habla de una reforma constitucional que proviene del poder reformador de la Constitución o, como se le conoce, del Constituyente Permanente, donde participan también las legislaturas de los estados", afirmó Burgoa en entrevista.

De acuerdo con el proyecto de Ley Federal de Consulta Popular aprobado por los diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe establecer si este ejercicio procede o no, por lo que el debate sobre si la reforma energética puede ser revertida a través de este mecanismo podría llegar hasta el máximo tribunal del país.

"Serán objeto de consulta popular los actos de carácter legislativo del Congreso de la Unión, así como los actos administrativos del Ejecutivo Federal, siempre que sean de trascendencia nacional.

"La trascendencia nacional de los temas que sean propuestos para consulta popular será calificada por la mayoría de los legisladores presentes en cada Cámara, con excepción de la consulta propuesta por los ciudadanos, en cuyo caso lo resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación", indica el articulo 5 de la ley bajo trámite en el Senado.

El académico aseguró que el asunto se convierte en un caso de interpretación que difícilmente puede ser realizable.

"Los perredistas que aprobaron esta ley no se dieron cuenta de los extremos de lo que estaban aprobando. Se les dijo 'Aquí está su Ley de Consulta Popular', a sabiendas de que no pasaría. Dicho en otras palabras: dicen que quien hace la ley, hace la trampa", sentenció Burgoa.

Para Luis Carlos Ugalde, consultor en temas políticos y exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), la consulta popular en materia energética es irrealizable por los "candados" que quedaron establecidos dentro del proyecto de ley para regularla.

"La consulta popular dice que se puede consultar sobre nuevas leyes o modificaciones a las ya existentes, pero en ningún momento habla sobre cambios constitucionales.

"Siendo así, el mecanismo es muy limitado porque si no se pueden someter a consulta temas de la Constitución, no sirve como un ejercicio profundo de transformación institucional", afirmó Ugalde en entrevista.

El experto sostuvo que, además, la Ley Federal de Consulta Popular en ningún lado se pronuncia por tener un sentido revocatorio que pueda dar marcha atrás a los actos legislativos.

Ugalde se dijo sorprendido por el voto a favor del PRD a esta Ley aún con todas las "limitaciones" que tiene, mismas que –alertó– le impedirán llevar a cabo su cometido de revertir la reforma energética.

"Tengo la intuición de que muchos diputados del PRD, 85 en total que avalaron esta Ley de Consulta Popular, lo hicieron sin leerla y que, de oídas, hayan creído que con esa aprobación se daba un instrumento jurídico para llevar el tema a consulta en el 2015.

"Es demagogia, es una ilusión, se está engañando a la gente. Cuando llegue el momento, lo que va a ocurrir es que todos los grupos que quieren esta consulta van a pensar que es el gobierno y la Suprema Corte quienes lo bloquean, y no, el bloqueo o la limitante viene de todos los partidos porque desde ahora están aprobando este instrumento tan limitado", agregó.

Jaime Cárdenas, constitucionalista, exdiputado federal del PT (2009-2012) y exconsejero electoral, coincidió en que la redacción de la ley y de la propia Constitución Política en materia de consulta bloquea el derecho, al imponerle tantos "candados".

"Es una burla, es una simulación constitucional todo lo que se está haciendo. La consulta no se va a poder llevar a cabo aunque el debate electoral del 2015 vaya a darse en torno a ella: será el tema de campañas, de los debates para tratar de realizarla, pero al final ya sabemos que no será así, que no habrá consulta popular", consideró Cárdenas en entrevista.

La Ley Federal de Consulta Popular fue aprobada el 10 de diciembre pasado por la Cámara de Diputados. Pasó al Senado donde, en el último día de sesiones del año, el 13 de diciembre, los panistas rompieron el quórum para evitar que se discutiera.

Esta ley entrará en vigor una vez que sea aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión.

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