GOBIERNO

La Segob establece 5 regiones en la estrategia de seguridad

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  @ADNPolitico

La Secretaría de Gobernación dio a conocer este jueves las cinco Instancias Regionales de Coordinación con las que se homologarán e implementarán políticas públicas en materia de seguridad.

La dependencia, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicó en el Diario Oficial de la Federación la determinación que forma parte de los 12 acuerdos establecidos el pasado 17 de diciembre en la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad.

Con la creación de estas instancias regionales, se divide al país en cinco regiones:

1. Zona Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora;

2. Zona Noreste: Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas;

3. Zona Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas;

4. Zona Centro: Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y

5. Zona Sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

En estas Instancias, las cuales deberán estar instaladas en un plazo no mayor a 45 días naturales, participarán igualmente representantes de la secretaría de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina, y La Procuraduría General de la República (PGR).

La instalación de las Instancias forma parte de la estrategia de seguridad pública que anunció el presidente Enrique Pela Nieto, y en el que delineó seis puntos que dirigirán la política anticrimen del actual gobierno.

Una comisión integrada por los gobernadores de Chihuahua, Oaxaca y Sonora, así como por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se reunirá en un plazo no mayor a 30 días para designar a los cinco representantes que asistirán como invitados permanentes al Consejo Nacional de Seguridad.

También se comprometieron a elaborar e impulsar conjuntamente un Programa Nacional de Prevención del Delito, con enfoque municipal, que oriente los esfuerzos de las diferentes instancias de los gobiernos federal, estatales y municipales en corregir las situaciones de entorno y de convivencia que provocan violencia social y delincuencia.

El programa deberá enfocarse en la construcción de ciudadanía responsable, cultura de la legalidad y corresponsabilidad social; mejoramiento del entorno situacional.

También la activación y apropiación social de los espacios públicos; otorgamiento de préstamos para crear empresas sociales, y orientación educativa para combatir las causas psicosociales del delito (alcoholismo, drogadicción, violencia intrafamiliar y de género, abuso infantil, pandillerismo, entre otras).

El gobierno federal, los estatales y del Distrito Federal y la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal deberán revisar la normatividad en materia de otorgamiento de licencias y permisos para establecimientos mercantiles que impacten en la seguridad ciudadana y pongan en riesgo a la sociedad.

En concordancia con el Pacto por México, los gobiernos estatales crearán instancias locales que puedan articular y coordinar todos los esfuerzos que se requieren para dar cabal cumplimiento a la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos.

Integrantes de este Consejo Nacional y especialistas conformarán una comisión para analizar la viabilidad de establecer en el país los modelos de Mando Único o Policía Estatal Coordinada; la cual deberá quedar instalada a más tardar la primera quincena de enero de 2013.

En tanto se implementa la reforma legal, los gobiernos estatales promoverán entre los municipales la firma de convenios de colaboración para que la designación de los mandos se realice de manera coordinada entre ambos órdenes de gobierno y que antes de ser designados hayan sido evaluados y certificados.

Gobernación, en coordinación con las entidades federativas, elaborará un estudio actuarial con proyección a 20 años para establecer un Servicio Profesional de Carrera como uno de los pilares que coadyuven en la formación de un cuerpo nacional de servidores públicos de seguridad, profesional, capaz, con espíritu de servicio.

Se instruye a la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación para que, junto con el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, desarrolle los mecanismos que permitan asegurar que las entidades federativas concluyan la puesta en operación de sus Centros de Evaluación y Control de Confianza.

Se propone una reforma al Artículo Tercero Transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para ampliar el plazo establecido por un periodo improrrogable de 365 días naturales.

El artículo indica que de manera progresiva y en un plazo de cuatro años las Instituciones de Seguridad Pública, por conducto de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, deberán practicar las evaluaciones respectivas a sus integrantes.

Los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública elaborarán un Programa Nacional de Capacitación con calidad de sus instructores, pertinencia de sus contenidos y el desarrollo de habilidades de investigación y operación para el trabajo policial.

Se creará un Consejo Académico, como instancia rectora, y cinco academias regionales para la capacitación especializada.

También se elaborarán en las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública y sus equivalentes, protocolos de actuación policial en materia de investigación, prevención y reacción, para su aprobación e inmediata aplicación.

Los gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal cumplirán al cien por ciento con la conformación de las Unidades Especializadas de Combate al Secuestro, así como la capacitación y certificación de sus integrantes, en un plazo no mayor a un año.

La Policía Federal creará Unidades Especializadas para la atención coordinada de este delito.

Los gobiernos de las entidades federativas integrantes de esta instancia se comprometieron a suministrar, actualizar, sistematizar y consultar las bases de datos como mecanismo fundamental de investigación policial.

Plataforma México deberá generar los mecanismos necesarios para que las entidades federativas que suministren y actualicen la información tengan acceso a la misma y puedan utilizarla en el desarrollo de sus funciones.

 Con información de Notimex

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