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Leyes como la de Extinción de Dominio, Contra la Trata de Personas, de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y la del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, entre otras, no pueden entrar en operación pese a que fueron aprobadas por los legisladores y promulgadas por la Presidencia de la República.

“La ausencia de un reglamento impide que todas las disposiciones de la ley puedan llevarse a cabo; cuando no hay un reglamento, la ley puede convertirse en letra muerta porque no hay un aparato institucional que apoye al aparato legislativo, que en este caso es una ley”, explica Pilar Tavera, jurista de la organización Propuesta Cívica.

El reglamento permite que los mecanismos prácticos de la legislación queden especificados, y sin él, la Ley queda en lo general y no hay un orden jurídico que establezca cómo debe operarse esa disposición.

Fernando Dworak, especialista en temas legislativos, comenta que aunque con la aprobación de una ley se garantiza un derecho o protección a los ciudadanos, la falta de un reglamento complica conocer los mecanismos que debe seguir para hacer valer ese derecho.

“El ciudadano que desea ampararse en esas leyes no tienen suficiente certeza jurídica sobre los procedimientos que se siguen para garantizar que les beneficien.

“Puede haber una ley donde se hable de un tema pero no sabe un ciudadano a qué instancias dirigirse, ni en qué plazo se va a atender esto; no hay certidumbre sobre los procedimientos a seguir, independientemente que ya tenga el goce de este derecho, ese es el problema”, explica el especialista.

Un estudio realizado por el Senado de la República, y difundido a partir de enero de este año, revela que, en total, la administración del expresidente Calderón dejó pendientes los reglamentos generales de 17 leyes.

EJECUTIVO PRESIONÓ Y NO CUMPLIÓ

En los casos donde una ley es de reciente creación y es aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, es necesario que exista un reglamento general de su operación.

De los 17 casos en los que falta la publicación de un reglamento general, un total de 11 correspondían forzosamente a Calderón por las fechas de vencimiento para elaborar el reglamento; en tres casos no existe plazo; y en otros tres, los vencimientos ocurrirán en los primeros meses de este 2013.

La mayoría de las omisiones corresponden a disposiciones relacionadas con el combate a la delincuencia organizada.

El incumplimiento en la publicación de estos reglamentos por parte del Ejecutivo ocurrió cuando en algunos casos, el propio Calderón presionó al Congreso para legislar reformas que consideraba “urgentes”.

Por ejemplo con la Ley Federal de Extinción de Dominio, legislación  que da al gobierno federal instrumentos para apropiarse de los bienes incautados a la delincuencia organizada.

Dicha iniciativa fue presentada por el expresidente panista como parte de un paquete de reformas en seguridad nacional, planteamiento que dividió las opiniones al interior del Congreso, y el debate fue tan fuerte que, el día de su aprobación en el Senado, entre los legisladores hubo hasta patadas, como consignó el diario La Jornada.

Como las negociaciones en el Congreso no avanzaban en este tema, el expresidente hizo varios llamados a que se aprobara a la brevedad para tener más herramientas de combate al crimen.

“Hago un muy respetuoso llamado a las señoras y señores legisladores de todos los partidos para que en el marco de sus atribuciones discutan, enriquezcan y aprueben finalmente las iniciativas que el Ejecutivo ha enviado al Congreso.

“Es muy importante que podamos disponer cuanto antes de los bienes que hemos incautado a la criminalidad para seguir rompiendo su estructura financiera; incluso para combatir a la propia criminalidad y proteger a la ciudadanía; por ello debe aprobarse la Ley de Extinción de Dominio”, pidió el entonces presidente Felipe Calderón el 17 de marzo del 2009.

Finalmente la Ley de Extinción de Dominio fue aprobada en abril del 2009 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del mismo año. Y aunque no hay un plazo específico para la publicación de un reglamento a esta ley, han pasado casi cuatro años sin que éste sea elaborado.

Sin embargo, la propia Ley estableció la provisión de que, en tanto no existiera el reglamento, los bienes incautados serían administrados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, por lo que la norma ha operado así desde su aprobación.

En esa situación se encuentran otras leyes relacionadas con el clima de violencia que existe en el país y que han recibido atención de múltiples organizaciones civiles.

La primera es la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, legislación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril del 2012 y cuya fecha de vencimiento para la publicación del reglamento venció el 17 de octubre pasado.

Pilar Tavera, directora de Propuesta Cívica, organización que trabaja con casos de desapariciones forzadas, asegura que en tanto no haya un reglamento que diga cómo debe tratarse este tema, cómo deben realizarse las averiguaciones o incluso consignarse los casos, cada entidad o municipio maneja el problema como puede porque no hay protocolos establecidos.

“A partir de un reglamento se establecen las responsabilidades de las instituciones que van a participar en la resolución de cualquier problema; en el caso de los desaparecidos, un reglamento servirá para que haya protocolos de qué hacer, cómo se debe denunciar y cuáles son los pasos que un familiar de una persona desaparecida debe seguir, y eso no existe”, expone Tavera.

La trata de personas es otro tema que ha quedado rezagado por la falta de un reglamento.

La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio del 2012; su reglamento debió quedar listo el 12 de septiembre de ese año y hasta la fecha no existe.

Rosi Orozco, exdiputada por el PAN y una de las principales promotoras de esta Ley, lamenta que no se haya concretado la redacción del reglamento correspondiente, pues sin él, la Ley contra la Trata queda incompleta.

“La Ley sirve, pero el reglamento nos ayuda a actuar a todos de la misma manera; pone en orden los protocolos, establece los mecanismos que deben seguirse para denunciar, explica cómo son los delitos, cuáles son considerados como trata, y le dice a las autoridades cómo deben actuar en su persecución.

“El reglamento nos da el ABC de las acciones para perseguir y castigar el delito, pero también para ayudar a las víctimas de trata a que no se conviertan en victimarias y romper esa cadena; por eso es de vida o muerte que se haga este reglamento”, apunta Orozco en entrevista.

La exdiputada federal reconoció que fue quizá la falta de presupuesto y de voluntad política al interior del gobierno federal lo que impidió que el reglamento fuera publicado a tiempo.

Y 28 DISPOSICIONES PENDIENTES

Además de las 17 nuevas leyes, la administración calderonista dejó pendiente realizar y publicar los reglamentos de 28 apartados particulares de diversas leyes  ya existentes y de las que opera ya un reglamento general.

Por ejemplo, la Ley General de Salud tuvo seis reformas, las cuales han quedado sin operación por la falta de la publicación de los reglamentos particulares.

Cambios en materia de cuidados paliativos, bioética, o la posibilidad de que las enfermeras puedan recetar medicamentos, son ya reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación pero que se encuentran pendientes de operar por carecer de una ley reglamentaria.

Otro ejemplo es la falta de un reglamento para echar a andar de forma correcta el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, un apartado de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Dicha Ley cuenta ya con un reglamento general; sin embargo, cambios a los artículos 36 y 46 de esa disposición, publicados en junio del 2012 y que reestructuran el Sistema Nacional dando al Instituto Nacional de las Mujeres su rectoría, no pueden ser puestos en práctica por la falta del reglamento correspondiente.

“No puede operar correctamente este Sistema, con un mejor equilibrio de las diversas fuerzas, no puede haber un contrapeso real para la autoridad del gobierno y por eso es que urge ese reglamento”, señala Martha Lucía Micher, actual diputada federal por el PRD y presidenta de la Comisión de Equidad y Género.

La legisladora menciona que, aunque existe ya el reglamento general de la Ley, éste tiene múltiples defectos que deben ser corregidos.

“Salió el reglamento en lo general, pero le faltan muchas cosas; necesitamos tener un reglamento hecho y derecho para esto. No nos conviene un reglamento descafeinado, un reglamento light, porque finalmente a quien le hacemos más daño es a las mujeres de este país”, indica en entrevista.

Menciona que algunas deficiencias son, por ejemplo, los trámites y condiciones que deben cumplirse para emitir una Alerta de Género o para establecer mecanismos de protección para las víctimas de violencia.

De los 28 casos en que hacen falta reglamentos que normen una parte de alguna ley, la elaboración de 24 correspondía a la administración calderonista, pues ya caducó su plazo, dos de esas disposiciones vencen en el 2013 y dos más no tienen fecha límite para su publicación.