OPINIÓN

Miguel Carbonell: El destino de Elba Esther Gordillo

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Por Miguel Carbonell  @MiguelCarbonell
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Miguel Carbonell es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su cuenta de Twitter tiene más de 104,000 seguidores. Su sitio web es www.miguelcarbonell.com

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Se trata de una de las noticias más impactantes de los últimos meses: la PGR acusa a Elba Esther Gordillo, dirigente del sindicato más grande de América Latina, de haber operado con fondos de procedencia ilícita.

La investigación comenzó desde diciembre del año pasado, porque fue detectada una operación "inusual" por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de Alberto Bazbaz.

A partir de dicho movimiento la PGR pudo documentar desvíos de recursos de dos cuentas del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE) por más de 2,600 millones de pesos.

La PGR afirma que los retiros fueron realizados por personas que no tenían facultades para ello y utilizados en última instancia en gastos personales de la dirigente magisterial.

Cabe señalar que el SNTE tiene 80 cuentas bancarias, pero solamente se tiene información completa sobre esas dos. La investigación está abierta respecto a las demás cuentas y habrá que estar atentos a lo que vaya arrojando el trabajo de la Procuraduría.

Un ejemplo de la forma de gastar ese dinero: la PGR encontró gastos en la tienda norteamericana Neiman Marcus por más de 40 millones de pesos. De ellos, 27 millones fueron gastados en el periodo que va de marzo de 2009 a enero de 2012.

Una parte de los recursos fue depositada en cuentas en Suiza a nombre de una sociedad denominada Comercializadora TTS de México, cuyas acciones estaban en un 99% a nombre de la mamá de Elba Esther Gordillo, ya fallecida.

Desde Suiza salieron los recursos para comprar dos casas en Coronado, California, que es el lugar en el que Elba Esther fue a recuperarse de una grave dolencia por la que atravesó en los años recientes.

También aparecen gastos de transporte aéreo (aviones particulares, alquiler de hangares, sueldos de pilotos, combustible), cirugías estéticas, etcétera.

El delito por el que la están acusando está previsto en el artículo 400Bis del Código Penal Federal y es clasificado por el Código Federal de Procedimientos Penales como grave (artículo 194 fracción I inciso 33), lo que significa que Gordillo deberá enfrentar su proceso desde la cárcel. Las sanciones previstas en el Código Penal Federal por el delito en cuestión son de 5 a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días de multa (un día de multa equivale a un día de salario mínimo vigente en el Distrito Federal).

Es importante recordar que la detención se produce con base en un mandato que expide un juez federal encargado de conocer de procesos penales. La PGR le llevó todos los datos de la averiguación previa el 23 de febrero y al día siguiente el juez emitió la orden de aprehensión, la cual fue ejecutada el 26 de febrero en el aeropuerto de Toluca, cuando Gordillo regresaba de Estados Unidos.

El dato es relevante porque, a diferencia de otros casos, en este se nota un trabajo más cuidadoso de la PGR. Antes de llevar a cabo la detención o de justificarla recurriendo a la burda excusa de una "denuncia anónima" o de la "flagrancia", la PGR y la SHCP hicieron un minucioso trabajo para reunir gran cantidad de información y con todo eso fueron ante un juez y pidieron una orden de aprehensión.

Creo que fue un acierto que no hubieran recurrido a la maniobra de pedir un arraigo para completar las investigaciones, como hemos visto en casos muy relevantes del pasado reciente, los cuales luego no prosperaban cuando ya eran formalmente consignados ante un juez.

Por lo que tenemos a la vista, parece que se trata de un trabajo ministerial bien hecho.

Elba Esther, como es natural, tiene todos los medios a su disposición para defenderse. Puede, por ejemplo, promover un amparo para cuestionar las determinaciones que vaya tomando el juez a lo largo del proceso y que afecten a su libertad.

También puede impugnar el auto de formal prisión que en su momento le dicten. Sería incluso muy bueno que así lo hiciera, para que en su caso un juez superior pueda ir verificando la legalidad del proceso y ofreciendo la mayor certeza posible. Recordemos que el derecho al debido proceso legal es un derecho que nos protege a todos, con independencia del tipo de delitos por los que se acuse a una persona.

Se trata de un caso tan relevante para la sociedad mexicana y para el sistema político, que debemos ser muy cautos en el análisis, pero en el que las autoridades deben trabajar con la mayor transparencia, porque de esa manera se generará confianza.

Lo mejor que puede pasar es que se aplique la ley, con el resultado final que proceda conforme a derecho. Si eso sucede, ganaremos todos.

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