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Opinión: ¿Cuánto le cuesta la corrupción a México?

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Por Armando Ríos Piter  @RiosPiterJaguar
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NOTA DEL EDITOR: Armando Ríos Piter es diputado federal del PRD y presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro.

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Diversos indicadores nacionales e internacionales apuntalan, cada vez con mayor fuerza, una preocupante realidad, prioritaria en el discurso oficial, pero secundaria en la atención de que es objeto en la práctica: la incidencia de prácticas corruptas en México, su percepción local y global, así como sus nocivos efectos van en aumento. 

De acuerdo con Transparencia Mexicana, entre 2007 y 2010, el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, que registra la frecuencia de pago de sobornos en trámites y servicios públicos ofrecidos por los tres niveles de gobierno, pasó de 10 a 10.3.

Asimismo, la Encuesta de Fraude y Corrupción en México 2008, destaca que el 44% de las empresas que operan en México reconoce haber realizado algún pago extraoficial a servidores públicos.

Por su parte, Transparencia Internacional señala que, entre 2008 y 2011, México ha descendido del lugar 72 al 100, dentro del Índice de Percepción de la Corrupción, que evalúa aspectos como: la aplicación de leyes contra la corrupción, acceso a la información y conflictos de interés.

Más aún, conforme a los Indicadores de Gobernabilidad del Banco Mundial, entre 2008 y 2010, el Control de la Corrupción disminuyó más de cinco puntos, ubicándose en su nivel más bajo en 10 años.

La relevancia del alza en estos indicadores, que pudieran parecer abstractos, radica en que detrás de ellos, se encuentran las causas por las cuales, en nuestro país, el crecimiento económico en la última década no rebasó el 2% anual promedio y la mayúscula desigualdad social se encuentra en los mismos niveles de hace 50 años:

En 2010, el costo de la corrupción para los hogares mexicanos fue de 32 mil millones de pesos, 5 mil millones más que en 2007 y 13 mil millones más que en 2005.

En promedio, los hogares mexicanos destinaron en dicho año casi el doble de su ingreso a este rubro, respecto a 2007 (14% vs. 8%, respectivamente).

Para los hogares con ingresos de hasta un salario mínimo, esta cifra representó el 33% de su ingreso, 15 puntos porcentuales más que en 2007.

Entre 2007 y 2008, el costo de la corrupción para las empresas se ubicó entre los 40 mil y los 60 mil millones de pesos anuales, lo que representó el 5% de sus ingresos.

En total, conforme a las estimaciones del Banco Mundial, la corrupción tiene un costo de 60 mil millones de dólares, lo cual representa alrededor del 9% del PIB y equivale al 80% de los impuestos recaudados por el gobierno federal.

Este desolador contexto reviste particular relevancia a casi 12 años de que en México concluyera el septuagenario régimen priísta, al que se le atribuyera el origen y la obtención de los principales beneficios de este fenómeno; toda vez que el sistema de complicidades, amiguismo y patrimonialismo –esto es, el régimen de la corrupción– parece no haber sido afectado por dicho relevo.  En todo caso, la práctica priísta de la negación de lo innegable ha sido sustituida por la práctica panista de la defensa de lo indefendible.

Claro ejemplo de ello es el de la Estela de Luz, monumento que destinado a conmemorar las distintas conquistas políticas y sociales de México, terminó simbolizando lo más añejo y retrógrado del sistema político mexicano. 

Así lo constata el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2010 de la Auditoría Superior de la Federación, que arroja que en el desarrollo y supervisión de dicho proyecto hubo diversas irregularidades, de tal suerte que la fecha de conclusión se recorrió casi año y medio, el alcance del proyecto se recortó –la construcción de una plaza para el monumento conmemorativo fue eliminada– y, no obstante lo anterior, el costo ascendió a más de 3 veces el monto de inversión original (339.2 mdp).

Además de mal ético o moral, queda claro que la corrupción constituye un factor que obstaculiza el desarrollo humano, social y económico del país, y que impide el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Ante ello, tenemos que impulsar una estrategia cuyas acciones no sólo se centren en la persecución y el castigo, sino en su prevención y disuasión:

Marco regulatorio claro con trámites simplificados que le cierren el paso a las prácticas clientelares.

Programas de fortalecimiento ético y de incentivos obligatorios en contra de la corrupción en todos los niveles educativos y en los centros laborales públicos y privados.

Fortalecimiento de la transparencia, a través de la rendición de cuentas efectiva y la homologación de la Ley a nivel local.

Ordenamiento legal que sancione con oportunidad y de manera ejemplar la corrupción de los servidores públicos.

Combatir la corrupción no es pues un fin en sí mismo, sino parte de un objetivo más amplio: el de crear un gobierno equitativo, eficiente y eficaz, y por consiguiente, el de construir una sociedad más justa, igualitaria y cohesionada. Esa es la herencia que todos: gobierno, sector privado y sociedad civil, debemos esforzarnos por dejar a nuestros hijos.

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