COLUMNA: CARTAS A MIS HIJOS

Opinión: Dos visiones sobre los derechos sociales

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Por Armando Ríos Piter  @RiosPiterJaguar
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NOTA DEL EDITOR: Armando Ríos Piter es diputado federal del PRD. 

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Uno de los saldos más perniciosos del proceso de ajuste estructural, iniciado en la década de los ochenta y cuyo objetivo fue la estabilización y el equilibrio macroeconómico como premisa para avanzar en la lucha contra la pobreza y el logro de un progreso adecuado, fue el adelgazamiento del Estado y la consecuente disminución de diversos rubros de gasto. Entre los más afectados, se ubicó el destinado a la protección e impulso a diversos derechos sociales.

En nuestro país, la institucionalización del Estado de Bienestar, entendido como el reconocimiento y la protección formal de diversos derechos relacionados principalmente con la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, el empleo y el ingreso, se dio a través de la promulgación de la Constitución de 1917, la cual consagró varios de estos derechos.

A pesar de la falta de claridad en cuanto a su objeto y cumplimiento, lo que ha hecho posible la coexistencia de elementos heterogéneos en función de las exigencias e intereses políticos y económicos del momento, las directrices marcadas por los organismos internacionales significaron, sin duda, un retroceso en términos de su realización y alcance.

La idea central de dicho proceso de ajuste estructural consistió en reducir el tamaño del Estado a través del recorte de funciones –y, por ende, de gasto público– que tradicionalmente había asumido, a fin de concentrarse en propiciar las reformas políticas, económicas y sociales necesarias para el buen funcionamiento del mercado. De esta forma, el gasto en desarrollo social como proporción del PIB pasó de 9.1% en 1981 a 5.7% en 1988.

Un aspecto fundamental para la “buena” implementación de estas reformas fue la adecuación del rol del Estado en materia social, el cual debió apegarse al principio de subsidiariedad. Según este principio, el eje de las acciones del Estado en esta materia fue la puesta en marcha de estrategias novedosas para "ayudar" a superar las privaciones que pudieran enfrentar los grupos más pobres, en referencia a los menos eficientes en la interacción con el mercado. Casos concretos son el PRONASOL, impulsado en la década de los noventa y PROGRESA, iniciado por el PRI en 1997 y continuado por el PAN, a partir del año 2000, través de Oportunidades.

Como resultado, la cuestión social se redujo a problemas de pobreza extrema o vulnerabilidad social, y no a la producción y distribución de bienestar y a la protección de los diversos derechos sociales.

En este marco, el ascenso de la izquierda al poder ha significado en la Ciudad de México un paradigma distinto para la cuestión social, lo que se ha reflejado no sólo en mejores indicadores de desarrollo socioeconómico, sino también en indicadores más prometedores en lo que a seguridad pública y convivencia ciudadana se refiere.

Para la izquierda mexicana moderna, la protección y seguridad a los derechos sociales no puede ni debe ser excluyente. No debe serlo por cuestiones de ingreso, como tampoco por status social o laboral. Tampoco debe reducirse a la garantía de mínimos de bienestar en ciertas dimensiones como la alimentación, la educación o la salud. La política de seguridad de los derechos sociales debe atender y fortalecer el bienestar individual en el marco del tejido y la cohesión social.

Por ello, desde 1997, la izquierda protege y promueve los más diversos aspectos de la protección social, que van desde la alimentación hasta el empleo y el ingreso. A la fecha, cuenta, entre otros, con programas o apoyos para:

• El bienestar de las personas con discapacidad

• Becas escolares para niños en condición de vulnerabilidad social

• Desayunos escolares

• Una educación garantizada en caso de falta o incapacidad del padre o tutor

• Pensión alimentaria a los adultos mayores

• Uniformes y útiles escolares

• Atención a la salud en domicilio y programas especiales como el destinado al cáncer de mama

• Mejoramiento de la vivienda

• Seguro de desempleo

Lo justo será que todos los mexicanos y nuestros hijos e hijas, por el solo hecho de ser parte de la sociedad, de participar en la vida en común y de colaborar con su esfuerzo diario en el desarrollo de este país, tengan asegurado el acceso y protección a los derechos sociales que nuestra Carta Magna nos garantiza. El bienestar social no es sólo fuente de legitimidad y premisa de la legalidad, es también motor de la productividad y del crecimiento económico sostenido en un mundo competitivo y globalizado.

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