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Opinión: La ambigüedad de AMLO, juguetear con las reglas

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Por María Amparo Casar  @AmparoCasar
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NOTA DEL EDITOR: María Amparo Casar es licenciada en Sociología por la UNAM; maestra y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la University of Cambridge, King's College; catedrática e investigadora del CIDE; columnista en el diario Reforma; miembro de los comités editoriales de la revista Nexos y el Fondo de Cultura Económica, y analista en espacios como el programa Primer Plano de Once TV México y ADNPolítico.com.


Andrés Manuel López Obrador no acaba de decidir si juega con las reglas del juego. Más bien juguetea con ellas. Le gusta la ambigüedad democrática, no el compromiso democrático.

El compromiso democrático implica atenerse a reglas preestablecidas, someterse a la interpretación que hagan las autoridades electas o designadas para ello y aceptar sus resoluciones. Quien se define frente a la legalidad e institucionalidad vigentes a conveniencia de la circunstancia simplemente no es un demócrata.

AMLO y los partidos que lo acompañan están en todo su derecho a impugnar, reclamar y exigir la rectificación de las irregularidades y delitos que a su leal saber y entender se cometieron durante las campañas y el día de la jornada electoral.

Igualmente está en su derecho de esperarse a que se cumplan todas las etapas que aún faltan para la conclusión del proceso electoral antes de reconocer que los votos no lo favorecieron. El cómputo distrital acabará el próximo domingo, se abrirá la temporada de las impugnaciones, las autoridades deberán procesarlas y después vendrá la declaratoria de validez de la elección.

Lo que no se vale es transitar por la ruta legal para al final descalificarla cuando las resoluciones no nos convencen o no nos convienen. Lo que no se vale es aprovechar la institucionalidad para acceder a los recursos económicos para competir y apartarse de ellas cuando los recursos judiciales no prosperan. Lo que no se vale es decir que va a esperar a ver las decisiones de la autoridad para después tomar las suyas. Lo que no se vale es decir que la inconformidad que se puede desatar no es su responsabilidad, sino la del IFE y el Tribunal.

Pueden no gustarnos, pueden ser imperfectas, pero, junto con el resto de los partidos políticos, los tres que postularon a López Obrador a la Presidencia idearon las reglas que regulan la competencia. Fueron ellos los que definieron las faltas y delitos electorales, los que especificaron las sanciones y los que decidieron los medios de impugnación. Fueron ellos los que crearon las instituciones encargadas de organizar, administrar y juzgar los procesos electorales. Más todavía, fueron ellos quienes decidieron las personas que debían estar al frente de estas instituciones: los consejeros del IFE y los magistrados del TEPJF.

Hoy AMLO pide transparentar y limpiar la elección. Yo también. Pero transparentar y limpiar la elección significa ejercer el derecho a interponer las quejas que juzgue necesarias e invocar el derecho a que sean procesadas y resueltas esas quejas. Significa que si la autoridad encuentra elementos probatorios para determinar que se rebasaron los topes de campaña, que el voto fue comprado o que las actas de las casillas fueron alteradas se apliquen las sanciones correspondientes.

Esas decisiones corresponden a las autoridades. No a los partidos ni tampoco a los ciudadanos.

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