OPINIÓN

4 propuestas para tener una agenda mínima en Transparencia

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Por Juan Francisco Escobedo  @ADNPolitico
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NOTA DEL EDITOR: Juan Francisco Escobedo es profesor del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos y doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. 

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Los actores políticos han empezado a hablar de la transparencia, por lo que conviene tomarles la palabra y generar las condiciones de posibilidad para que honren sus compromisos en la materia. Hasta ahora el debate sobre el tema ha sido difuso y contradictorio. Por un lado, porque no existen propuestas específicas, y por otro lado, porque en los discursos y posiciones hasta ahora expresados, se advierten confusiones e imprecisiones.

La agenda de las reformas legales y de las políticas públicas que es preciso impulsar en los próximos meses, exige un debate riguroso y desde luego un diagnóstico sin simulaciones del estado del arte.

En ese contexto, conviene recuperar las raíces de la cuestión. Aunque el término transparencia ha colonizado los debates y los discursos, el meollo de la agenda no radica en la transparencia, que en sentido estricto constituye una cualidad de los objetos o un rasgo distintivo de las acciones que se despliegan en el ejercicio de las funciones públicas.

El punto de inflexión de la agenda en la materia radica en el reconocimiento y tutela efectiva del derecho humano a la información en posesión de los poderes públicos. De ahí que las preguntas que podrían orientar el debate serían las siguientes: ¿Cuál es el grado de eficacia de los diseños legales e institucionales vigentes en cada uno de los diversos órdenes de gobierno para materializar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública?, y ¿Cuáles son los resultados de las políticas públicas del Gobierno Federal para hacer accesible y comprensible la información a la que le obliga la ley, así como la información sobre los procesos y las decisiones que exige el desempeño de un gobierno abierto y democrático?.

Es evidente que no partimos de cero. En la última década se ha acumulado experiencia institucional, prácticas ciudadanas, conocimiento experto, y una masa crítica que sigue el curso y el sentido de las deliberaciones del IFAI y de los diversos órganos garantes locales. Pero también se han acumulado, al punto de bloquear el impulso de la apertura y el cumplimiento de la legislación vigente, un cúmulo de acciones y decisiones más propias de la criptocracia y del autoritarismo, que de la transparencia y la democracia.

Reformas legales regresivas, bajo perfil y débil compromiso con la apertura de algunos integrantes de órganos garantes locales, negativa sistemática a informar respecto de temas relacionados con la seguridad, los impuestos, los fideicomisos, prácticas generalizadas en el sentido de declarar inexistente la información solicita, inexistencia de procedimientos para sancionar a los servidores públicos que incumplen con la ley, etc. Son algunos de los ejemplos de rechazo sistemático a la apertura y de las resistencias burocráticas a entregar información, que ocurren por las omisiones de la ley o por los atajos que permite su interpretación laxa.

Además, algunas zonas grises de la trama política que evidentemente reciben recursos públicos, siguen sin ser considerados sujetos obligados en la materia. Por lo que ya se han convertido en puntos negros de la agenda democrática que deben recibir la luz del día. Es el caso de los sindicatos, fideicomisos, créditos fiscales, participaciones federales a estados y municipios, financiamiento a partidos políticos, etc.

La agenda es amplia y las propuestas para avanzar en este campo son múltiples y deben ser analizadas en perspectiva garantista, y no desde el enfoque de la simulación y la búsqueda de coartadas para enturbiar el proceso inconcluso de apertura de los poderes públicos.

Para empezar a deliberar sobre los temas centrales de la agenda de la transparencia, del derecho de acceso a la información y de la rendición de cuentas, que no son lo mismo, pero que mantienen  proximidad y tensiones que deben encauzarse en sentido positivo, propongo los siguientes temas:

1.- Deliberar sobre la posibilidad de transformar con las reformas y contenidos adecuados, la actual ley federal en una ley general de transparencia y acceso a la información, que tengan vigencia en todo el país y sobre todos los órdenes de gobierno y sujetos obligados. Actualmente la tutela del derecho de acceso a la información discurre en varias velocidades, y se tuerce con frecuencia en los caminos estatales y municipales.

2.- Evaluar la pertinencia de que el Instituto Federal de Acceso a la Información se convierta en un órgano constitucional autónomo, cuyas resoluciones sean obligatorias para todos los poderes públicos. La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de afirmar el estatus de las resoluciones del IFAI en su carácter de definitivas e inatacables por parte de los sujetos obligados, revela la vulnerabilidad del órgano garante, así como la necesidad de reafirmarlo en su naturaleza e impulso garantista.

3.- Reconocer en la ley el carácter de sujetos obligados directos a los partidos políticos, como se ha establecido en algunas leyes locales en la materia, como es el caso del Morelos y del Distrito Federal.

4.- Trabajar en el diseño del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, de manera que ningún territorio, institución, poder, recurso público, acción gubernamental, beneficiario, presupuesto, información pública, procedimiento, decisión gubernamental, etc, deje de ser objeto de rendición de cuentas.

Actualmente no existen vasos comunicantes efectivos entre las leyes de acceso a la información, las leyes de responsabilidad de los servidores públicos y las leyes de fiscalización, entre otras. Como tampoco existen relaciones orgánicas entre las instancias y organismos responsables de hacerlas cumplir. Por ejemplo: ¿Dónde están los datos sobre los servidores públicos federales sancionados por no cumplir las leyes de acceso a la información?. Es preciso desagregar la temática y reactivar el debate.

Estos temas no son excluyentes de la amplia temática de pendientes relacionados con el derecho a la información en los términos planteadas por el artículo 19 de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948. Uno de cuyos segmentos es el derecho de acceso a la información, que motiva esta reflexión.

Se abre una estructura de oportunidades para relanzar la agenda de la transparencia y del derecho de acceso a la información, y de conectarlos de manera integral con el enfoque de la rendición de cuentas. Hace 10 años, los especialistas en estos temas eran unos cuantos. Hoy por fortuna existe una masa crítica suficientemente amplia y sólida para enriquecer el debate, para  trabajar en las propuestas y en la gestión de la agenda de reformas, así como en el diseño e implementación de las políticas públicas que todo ello implica.   

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