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OPINIÓN: La larga espera de todo presidente electo

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Por Miguel Carbonell  @MiguelCarbonell
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NOTA DEL EDITOR: Miguel Carbonell es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su cuenta de Twitter tiene más de 76,000 seguidores. Su sitio web es www.miguelcarbonell.com

 


En México el periodo de tiempo que va desde el día de la elección hasta el día en que el presidente de la República toma posesión del cargo es a todas luces excesivo e incluso irracional.

Recordemos que, por mandato constitucional, el presidente electo no ejerce las funciones completas de su cargo hasta el 1 de diciembre, fecha en la que rinde protesta formal del cargo ante el Congreso de la Unión. Es decir, pasan cinco largos (e inútiles) meses entre la jornada electoral y la toma de protesta.

Hay que reducir al máximo ese plazo, tomando en consideración que la constancia de presidente electo se debe entregar por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a más tardar el seis de septiembre.

No veo impedimento de ningún tipo para que a partir del 2018 el presidente pudiera estar tomando posesión (previa reforma constitucional, desde luego) el 15 de septiembre del año de la elección.

Tomemos en cuenta, para avalar dicha propuesta, tres factores del todo relevantes:

1.  La nueva integración del Congreso de la Unión comienza sus trabajos el 1 de septiembre. Sería muy bueno que en una fecha cercana comenzaran a llegarle a los legisladores las iniciativas del nuevo presidente, que sin duda deben configurar una parte no menor de la agenda parlamentaria.

2.  Si la toma de posesión es en el mes de septiembre, el nuevo presidente tiene margen de movilidad para incidir de manera decisiva en la confección del Presupuesto del año siguiente, lo cual es indispensable para comenzar a dar forma a sus proyectos, a fin de poder cumplir con sus promesas de campaña.

Parece una verdadera insensatez que el nuevo presidente deba operar durante su primer año de gobierno con un presupuesto que fue enviado por su antecesor (quien naturalmente tiene otros proyectos, prioridades y visiones).

3.  Acercar la fecha de la toma de posesión presidencial a la fecha de la elección es necesario también para evitar el impasse que afecta al gobierno saliente, el cual no puede emprender durante casi medio año proyectos de largo alcance y se mantiene en una penosa situación de interinato, ocupado en los procesos de entrega-recepción y en cuadrar las cuentas de último minuto.

En buena medida, los mismos argumentos aplican también para la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, que comienza sus trabajos el 5 de diciembre.

México necesita pensar con seriedad en las reformas que hagan de su frágil e incipiente democracia un sistema de gobierno más efectivo, que tenga una mucho mayor capacidad de atender las necesidades de la gente y solucionar los problemas nacionales.

Contar con un buen marco constitucional para hacer lo anterior realidad es indispensable, como también lo es evitar situaciones de parálisis y tiempos de espera que parecen sacados del siglo XIX pero que no tienen ninguna justificación en el mundo del siglo XXI.

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