OPINIÓN

Luciano Quadri: Por qué la compra de votos no puede probarse

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Por Luciano Quadri  @LucianoQuadri
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NOTA DEL EDITOR: Luciano Quadri Barba (DF, 1984) es politólogo por la Universidad Iberoamericana. Fue vicecoordinador de la campaña presidencial de su padre, Gabriel Quadri, y es asesor del Partido Nueva Alianza, por el que será diputado suplente en la LXII Legislatura.

Ha trabajado en diversas consultorías ambientales, editado las revistas Equilibrio y Pensamiento Libre, y coordinado el programa “Mercado de Trueque de Residuos” en la Secretaría del Medio Ambiente del DF.


Comprando la libertad

Hasta cierto punto, comprar votos es imposible. La premisa es que nadie puede comprar la voluntad de alguien cuando ésta se expresa de manera libre y secreta en una casilla de votación.

Jaime Cárdenas, diputado del PT y uno de los abogados que encabeza la formulación del recurso de inconformidad ante el IFE por parte de la coalición Movimiento Progresista, explicó en días recientes a ADNPolítico.com los motivos por los cuales las izquierdas buscarán la “invalidez” y no la “nulidad” del proceso electoral.

La explicación es sencilla: la “nulidad” requiere la comprobación cuantitativa de irregularidades en 25% de las casillas; la “invalidez” requiere de una valoración cualitativa –subjetiva– de todo el proceso electoral por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La imposibilidad para presentar pruebas fehacientes por parte de las izquierdas transforma el clima postelectoral nacional. El giro de las pruebas para la nulidad pasó de algo tangible y cuantificable al intento de una valoración partidista para invalidar la elección: piden pasar de sólido a gaseoso sin pasar por lo líquido.

Hasta este momento, los casos de compra de votos no han sido comprobados. Como dijo Onésimo Flores en Twitter: “Las pruebas de la impugnación de AMLO son videos de YouTube y recortes de los editoriales de Ciro Gómez Leyva”.

En 2006, el “fraude” se operó con la dolosa invención de votos y conteos erróneos que favorecieron a Calderón según López y su izquierda. En 2012 argumentaron esto mismo justo cuando el presidente consejero del IFE, Leonardo Valdés, anunciaba las tendencias del PREP el domingo 1 de julio por la noche. En días subsecuentes, al abrirse más de 73,000 paquetes electorales para recontar votos, y viendo que los de Peña aumentaban mientras se mantenía la tendencia, la izquierda cambió su discurso hacia el de “compra de votos” y el de “imposición por los medios de comunicación”.

Enfoquémonos en el marco legal de la compra de votos (Artículo 41 constitucional; Artículo 4 del Cofipe; Artículo 403 del Código Penal Federal). Las izquierdas tienen que comprobar que las elecciones no fueron libres, pero ¿cómo se comprueba la libertad de cada ciudadano al emitir su voto de manera secreta?

Si el PRI compró votos tienen que demostrar que al momento de comprarlos coaccionaron o presionaron a los electores y, lo más importante, comprobar finalmente que las personas votaron por quien o quienes se les indicaron.

En el supuesto en el que se entregan despensas o monederos el día de la elección, pero no se coacciona o presiona al voto –no sabemos– o que incluso no se pide el voto, la conducta podría catalogarse como un regalo o, incluso, como un contrato privado en el que el objeto del contrato no se sabe (el voto) y, por no saberse, no puede ser ilegal.

El supuesto en el que dichas dádivas lograron trastornar la libertad del ciudadano al momento de votar es inadmisible, pues requeriría conocer el voto de cada persona “trastornada”. Valdría la pena, además, la comparación con la política social o asistencialista que ha emprendido el PRD en el Distrito Federal, antes o incluso durante la elección. ¿Acaso las pensiones a personas de la tercera edad y otras dádivas de la izquierda en el DF no logran trastornar la libertad del voto? ¿En qué momento una dádiva es “política social” y en qué momento es “compra de voto”? Si se entrega la dádiva el día de la elección es compra de voto según la ley -con algunas lagunas- pero si se entrega unos días antes es política social.

Es tan subjetiva la argumentación de “compra de votos” que incluso el mismo título insulta a la libertad y razonamiento individual. La pobreza y necesidad de la gente no refuerzan la posición de “invalidez” de la elección que argumenta la izquierda.

Sara Sefchovich, en su artículo “¿Comprar votos?”, publicado en El Universal el pasado 15 de julio, apela a la cultura política mexicana para desarmar estos supuestos que determinaron el rumbo de las elecciones a favor del PRI. Sefchovich habla de este mercado de compra de votos: “…ésta existe (la compra de votos) porque los ciudadanos aceptan. Hay oferta porque hay demanda. Y esa demanda –tanto como esa oferta– es histórica y parte innegable de la cultura nacional”.

Incluso el mismo López, durante su campaña, dijo que la gente debería aceptar lo que le ofrecían, pero que votaran por quien quisieran. El demandante comprueba que las voluntades no son tan manipulables como ahora afirma. Al final, la gente, aceptando dádivas o no, votó mucho más por Peña que por López, y López tuvo menos votos que en 2006.

Como dijo el mismo Federico Arreola en días recientes: “Si el Tribunal Electoral no invalida la elección, AMLO deberá presionar a Peña desde la oposición para obligarlo a gobernar correctamente”.

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