YURI BELTRÁN

Opinión: Bienvenida a la consulta e iniciativa popular

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Por Yuri Gabriel Beltrán Miranda  @ADNPolitico
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NOTA DEL EDITOR: Yuri Beltrán es maestro en Gobierno y Asuntos Públicos (FLACSO) y licenciado en economía (UNAM). Cuenta con estudios en Geografía Electoral, Análisis Político Estratégico y Democracia y en América Latina. Es especialista en temas de voto extraterritorial. Ha sido funcionario en el Instituto Federal Electoral y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus artículos reflejan su posición personal. De ninguna manera reflejan la postura de institución alguna.


Finalmente, cuatro meses después de aprobado por ambas Cámaras del Congreso y una vez avalado por 17 legislaturas estatales, se promulgó el paquete de modificaciones constitucionales que genéricamente se conoce como reforma política. No es exagerada esa denominación, pues impactará la forma en la que los ciudadanos y las instituciones nos relacionamos con el poder público.

Vale la pena estudiar con cuidado sus implicaciones. La historia de las reformas políticas previas ilustra cómo cambios en la manera en la que los ciudadanos nos organizamos para resolver los asuntos públicos generan transformaciones significativas en el futuro del país.

Es el caso, por ejemplo, de aquella reforma diseñada a fines de los años setenta por don Jesús Reyes Heroles que, al incorporar el principio de proporcionalidad en la lógica de composición del Congreso, sentó las bases para un sistema de partidos plural en México. Son emblemáticas también la reforma que en 1989-1990 dio origen al Instituto Federal Electoral (IFE); la que en 1996 dio autonomía plena a las autoridades electorales federales; o la que en 2005 incorporó a los migrantes en la comunidad política, al reconocer su derecho a sufragar desde el extranjero. De ese tamaño son las posibilidades de la modificación constitucional recién publicada.

La reforma política 2012 genera una vía rápida para que algunas iniciativas de ley (dos por periodo) sean discutidas y votadas en forma expedita por las Cámaras; posibilita las candidaturas independientes; y obliga a que los titulares de los organismos reguladores (energía, competencia económica y telecomunicaciones) sean ratificados por el Congreso antes de su designación. Adicionalmente, impide que algún partido político esté sobrerrepresentado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Pero si esas disposiciones no fueran suficientes, la modificación a la Ley Suprema debiera resultar atractiva porque modifica los artículos 35 y 36 constitucionales, es decir los relativos a los derechos y obligaciones de los ciudadanos. En efecto, la reforma 2012 adiciona al catálogo de derechos ciudadanos reconocidos los de votar en consultas populares, pedir que algún tema sea sometido a dicha consulta (la petición la debe formular el 2% de la lista nominal) e iniciar leyes para su discusión en el Congreso.

Se trata de dos de las más importantes instituciones de “democracia directa” en el mundo. Su nombre deriva de que –sin la necesidad de intermediarios– involucra a los ciudadanos, a través del voto, en la toma de decisiones públicas. En estas modalidades, el sufragio libre se emite para impulsar políticas públicas y no para elegir representantes populares.

Esta relación franca entre los ciudadanos y la toma de decisiones ha motivado que a la democracia directa se le atribuyan ventajas importantes, tales como el incremento de la satisfacción con la democracia o el aumento de los niveles de participación ciudadana. Ciertamente los instrumentos de la democracia directa pueden generar esos beneficios y más.

No obstante, como ocurre con la democracia electoral, las instituciones de la democracia directa tienen que regularse con cuidado para garantizar que funcionen adecuadamente. Debe considerarse que, quienes promoverán posiciones políticas a través de iniciativas o consultas populares, no necesariamente serán neutros. Es posible que tengan interés en ganar el voto mayoritario para que sus posiciones sean aprobadas y no las de la postura antagónica. De ahí que conviene asegurar que la legislación secundaria que se genere incorpore principios como los de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, rectores de la democracia nacional.

Deben imponerse, también, controles republicanos que impidan que el peso de las mayorías expresado en consultas populares vulnere derechos individuales o de minorías. Es de celebrar que la Reforma Política 2012 explícitamente prohíbe someter a consulta los derechos humanos consagrados por la Constitución.

A continuación algunas características de las instituciones de democracia directa contenidas en la reforma política 2012.

•    Consulta popular.- Las consultas a la ciudadanía sobre temas fundamentales son el mecanismo de democracia más utilizado en el mundo: 121 países contienen disposiciones al respecto. En América Latina, existen disposiciones sobre plebiscito o referéndum en 16 países, incluyendo en Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela, entre otros.

Son emblemáticas de estos procesos el plebiscito brasileño (1993) que consultó entre presidencialismo y parlamentarismo, o el referéndum uruguayo que consultó si privatizar la empresa telefónica estatal (1992). En la República de Irlanda, todos los tratados de la Unión Europea deben ser sometidos a referéndum.

En materia de regulación de consultas populares, existen buenas prácticas orientadas a asegurar que todas las posiciones sometidas a consulta tengan acceso a medios de comunicación, a garantizar que los ciudadanos cuenten con información completa de las implicaciones de las alternativas sometidas a consulta, y a asegurar que existan organismos públicos independientes que organicen la consulta e impartan justicia a quienes consideren vulnerados sus derechos.

•    Iniciativa popular.- La Constitución mexicana reconocía únicamente al presidente, diputados, senadores y Legislaturas de los estados del derecho de iniciar leyes para su discusión y –en su caso– aprobación por las cámaras del Congreso. La reforma política 2012 adiciona la posibilidad de que el 0.13% de la lista nominal (130,290 ciudadanos) promueva una Ley.

Con ello, México se suma a los 50 países en el mundo en los que la legislación contempla esa posibilidad. Es el caso de Argentina, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, entre otros países Latinoamericanos (12 en total). Debe decirse, sin embargo, que su uso ha sido muy limitado en el subcontinente.

La reforma política 2012 deja la regulación de la iniciativa popular pendiente a lo que señale la ley que el Congreso emita. Al respecto, es importante tener en consideración buenas prácticas internacionales, como aquellas que posibilitan apoyo técnico en la formulación de las iniciativas, a efecto de que cumplan con los requisitos formales y parlamentarios necesarios para su discusión y eventual aprobación.

Son iniciativas populares ejemplares la de Austria (1960) que redujo la jornada laboral a 40 horas, la de Argentina (2002) que propuso suprimir pensiones a altos funcionarios del gobierno, o bien la que recientemente se aprobó en Brasil, misma que impedirá que sean postulados a cargos de elección popular aquellos políticos que hayan sido condenados en segunda instancia por corrupción (2012).

La reforma constitucional es una oportunidad más para involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones públicas. México puede avanzar considerablemente en esta prerrogativa ciudadana si la legislación secundaria se emite con apego a los principios rectores de la democracia y tomando en consideración mejores prácticas internacionales.

Las posibilidades están aún abiertas.

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