JOSÉ MERINO

Opinión: En serio, hablemos de discriminación

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Por José Merino  @PPmerino
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NOTA DEL EDITOR: José Merino es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, catedrático en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y tiene estudios de doctorado en Ciencia Política por la New York University.


Tengo el privilegio de ser miembro de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Me es un privilegio por compartir ese espacio con 19 mujeres y hombres por los que tengo admiración y respeto; por poder colaborar en una institución en la que trabajan, encabezados por Ricardo Bucio, también mujeres y hombres comprometidos por hacer de ésta una democracia más incluyente y justa; y porque me permite ser partícipe de la misma batalla con ellas y ellos.

Aspiro a vivir en una democracia en la que no haya atributo, etiqueta o elección personal que inhiba igual acceso a derechos. Así, entiendo la discriminación como la exclusión para acceder libremente a los mismos derechos. La discriminación prolonga desigualdades al restringir libertades. No puedo pensar ambos términos de manera separada. Por tanto, luchar contra la discriminación, para mí, es luchar por las libertades. Por la igualdad del espacio para su ejercicio.

He encontrado en el Conapred siempre un espacio libre de deliberación e intercambio de opiniones. Por ello me permito este texto, con cuyas opiniones sé que no coincidirán algún@s de mis colegas asambleístas o miembros del Consejo.

No conozco a Alfredo Jalife-Rahme; no lo sigo en Twitter; y puedo asegurar, después de revisar sus tuits para escribir este texto, que no pienso hacerlo. No coincido con sus posiciones; me molesta el tono; y me incomoda su reducción del mundo, su dedo sistemático señalando todas las causas hacia una conspiración encabezada y/o acompañada por miembros de la comunidad judía.

Sí, pero creo que sus opiniones deben ser protegidas por su derecho a expresar libremente sus ideas. No sólo eso: estoy convencido que las opiniones que Jalife ha expresado en Twitter no implican discriminación alguna.

Basta leer los mensajes del señor Jalife para darse cuenta que su oposición es contra el sionismo, al que de manera curiosa empata con el neoliberalismo y al que atribuye el control de puntos de poder en México (por ejemplo, Televisa, a la que llama “TelAvivsa”).

El sionismo es una posición política de algunos miembros de la comunidad judía. Nada más. Ni sionismo es judaísmo; ni antisionismo es antisemitismo.

La de Jalife es una posición política contra otra posición política, y su manifestación está protegida por la libertad de pensamiento y de expresión (ver el artículo 13 del Pacto de San José, suscrito por México).

De igual modo, el texto de León Krauze, que exige a la izquierda mexicana un posicionamiento claro sobre expresiones antisemitas (no citadas o analizadas en su propio texto; por tanto, imposibles de evaluar), también me parece una posición política. Una posición con la que coincido, por supuesto, pero que extiendo a la derecha. Desde el servicio público, los actos discriminatorios probados no son “peras”; ni ser funcionario o legislador de derecha te convierte en “olmo”.

Nada de esto importaría si todo hubiese quedado en un intercambio de mensajes en la red social entre Jalife y sus críticos. Pero resulta que el Conapred admitió una queja contra Jalife por parte de alguien que se sintió agraviado por sus opiniones.

De acuerdo con el artículo 50 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el Conapred pudo no admitir la queja por improcedente o infundada. Por tanto, su admisión es, de suyo, un acto de autoridad (y aquí vale la pena leer el artículo 16 constitucional) que implica, de acuerdo con la misma ley (sección sexta), el llamado a un proceso voluntario de conciliación.

Un acto de autoridad, además, respecto a opiniones vertidas en una conversación entre particulares en un espacio público. No otra cosa es Twitter.

Ciertamente, el Conapred no puede obligar a particulares a someterse al proceso de conciliación, y es sólo cuando éstos se someten al proceso que puede imponer sanciones administrativas. Al negarse el “presunto discriminador” al proceso de conciliación, el Conapred brinda orientación al quejoso para que acuda ante “las instancias judiciales o administrativas correspondientes”.

Bajo este esquema, la admisión de la queja presupone la existencia de un conflicto entre alguien que se siente “discriminado” y alguien que “presuntamente discriminó”, pero no abre una investigación ni implica una resolución sobre si el acto discriminatorio efectivamente existió o no, dado que -como la propia ley lo establece- las facultades de investigación por parte del Conapred se refieren sólo a reclamaciones, es decir, a actos presuntamente discriminatorios por parte de funcionarios o instituciones públicas.

Así, el Conapred no puede resolver si un particular efectivamente discriminó o no, si éste no se somete voluntariamente al proceso de conciliación. Pero ello no impide, por supuesto, que la admisión misma se vuelva una noticia que llega, por ejemplo, al espacio de opinión más leído en México.

El Conapred es una entidad con personalidad jurídica y patrimonios propios que goza de autonomía técnica y de gestión, pero que se encuentra sectorizada a la Secretaría de Gobernación. No cuestiono la integridad del Conapred y sus miembros, a quienes -reitero- conozco y respeto profundamente; pero una institución está definida por su marco normativo, no por quienes ocupen sus espacios.

Debemos por tanto preguntarnos: ¿queremos que una entidad gubernamental, dependiente del Poder Ejecutivo, opine sobre opiniones de particulares? ¿queremos que el gobierno nos diga qué podemos o no escribir en una red social; qué podemos o no comentar en una plática entre privados?

El artículo 1º de la Constitución dice: “queda prohibida toda la discriminación motivada por […] las opiniones […] que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Por su parte, el artículo 4º de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece que: “se entenderá por discriminación toda la distinción, exclusión o restricción que, basada en […] opiniones […] tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos”.

Preguntas incómodas: ¿La admisión de la queja no implica un acto discriminatorio por parte del Conapred contra Jalife? ¿No menoscaba, en intención o efecto, el ejercicio de sus derechos y libertades con base en sus opiniones políticas? ¿Es ésta una interferencia justificable contra la libertad de expresión?

¿Podrá Jalife iniciar una reclamación contra el Conapred… ante el Conapred? Evidentemente no. Podrá, eso sí, acudir a las instancias judiciales pertinentes si considera que se violentó su derecho constitucional a la libertad de expresión.

El Estado debe ser garante de derechos, no de opiniones políticas; y la manifestación de éstas está protegida justamente por lo primero. A veces se nos olvida.

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