LOURDES BARRERA

Opinión: Los regaños de la ONU a México por temas de género

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Por Lourdes Barrera  @ADNPolitico
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NOTA DEL EDITOR: Lourdes Barreres antropóloga social y activista por los derechos humanos. Presidió el Órgano Consultivo Internacional de Jóvenes de Amnistía Internacional; en 2010, fue seleccionada como una de los 100 líderes jóvenes a nivel global para la conferencia internacional Women Deliver.


Las recomendaciones al Estado mexicano emitidas por el comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU son apabullantes.

El pasado 27 de julio, el comité de la CEDAW (por sus siglas en inglés) dio respuesta al séptimo y octavo informe periódico de México sobre el cumplimiento de la convención internacional para erradicar la discriminación contra las mujeres, y en ésta resalta el reducido número de consideraciones positivas mencionadas entre las que se reconocen, sobre todo, avances legislativos.

Este comité enumera con claridad graves fallos y sus observaciones delinean una agenda prioritaria de los derechos de las mujeres en el país, haciendo especial énfasis en la urgente necesidad de una efectiva aplicación de las leyes.

Las recomendaciones abarcan once áreas temáticas que tienen que ver con la estrategia de seguridad, la armonización legislativa en los estados, la violencia contra las mujeres y el feminicidio, el tráfico de personas, la participación política, los riesgos enfrentados por defensoras de derechos humanos y periodistas, la educación y la educación sexual específicamente, la inequidad en el empleo, el acceso a la salud incluyendo la interrupción legal del embarazo, la situación de las mujeres indígenas que habitan en localidades rurales y las relaciones familiares y matrimoniales.

Aquí abordaré sólo las vinculadas a violencia contra las mujeres, feminicidio e interrupción legal del embarazo.

Las observaciones más severas sin lugar a dudas tienen que ver con el impacto negativo que ha tenido la estrategia de seguridad contra el crimen organizado respecto al goce de los derechos humanos de mujeres y niñas.

El comité sostiene que dicha estrategia, aunada a la impunidad y la corrupción, enraizadas de por sí en  actitudes patriarcales, han intensificado e invisibilizado al mismo tiempo la violencia contra las mujeres en el país.

La CEDAW muestra preocupación ante la prevalencia de violencia sexual en las regiones donde el Ejército y las fuerzas policiales llevan a cabo operaciones contra el crimen organizado.

Por esto, ha llamado al Estado mexicano a revisar la estrategia a partir de sus obligaciones internacionales de derechos humanos, a investigar casos de violencia, desapariciones forzadas, tortura y feminicidios, a levantar un registro estadístico de las mismas y a reparar el daño causado a las víctimas sin importar el contexto y la naturaleza de los perpetradores.

Esta última recomendación es crucial, ya que estuvo en el centro de la polémica ante el regreso al Congreso de la Ley General de Víctimas por el presidente Felipe Calderón, quien recomendaba la reducción de la responsabilidad del Estado en la definición del mecanismo de reparación del daño.

Una segunda y severa crítica tiene que ver con la maquinaria que se ha puesto en marcha para implementar las consideraciones de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, específicamente el funcionamiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en lo que respecta al mecanismo de la “Alerta contra la Violencia de Género”. El Comité ha llamado a revisar urgentemente los obstáculos que han impedido su activación.

A todas luces este mecanismo ha resultado ineficaz a pesar de los continuos intentos de organizaciones sociales, documentados en el “informe sombra” (revisión que hace una organización del informe de la ONU) del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio: en 2008 por la violencia feminicida y secuestros de niñas y mujeres en la zona indígena Triqui, en Oaxaca; en 2009, en Guanajuato por la falta de servicios adecuados para la interrupción de embarazos generados por violaciones; en 2010, en el Estado de México por la comisión de 922 feminicidios con un patrón sistemático de impunidad en un periodo de cinco años; y, en 2012 en Nuevo León, donde han ocurrido 1,095 feminicidios entre 2009 y 2010.

La impunidad en el caso de las agresiones sexuales a mujeres en San Salvador Atenco en 2006 no estuvo ausente de las observaciones del comité, que solicitó acelerar las detenciones de los perpetradores.

Como señaló en su informe sombra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez los avances han sido nulos, “las mujeres de Atenco que sufrieron tortura sexual permanecen a la espera de justicia y el Estado mexicano continúa incumpliendo las recomendaciones que este comité le ha hecho en el pasado”.

A pesar del reconocimiento de la publicación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, una valoración abrumadora es la que hace el comité de la CEDAW respecto a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (Fevimtra).

El comité considera que la Fevimtra, de la PGR, no es competente para dar seguimiento a las denuncias de tráfico de personas cometido por grupos del crimen organizado.

En lo que respecta a defensoras de derechos humanos y periodistas es claro para el comité que enfrentan graves riesgos en el ejercicio profesional: violencia, amenazas, difamación, abuso sexual, hostigamiento y feminicidio; lo que violenta su derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la libertad e integridad, así como al acceso a la justicia.

En los últimos dos años, 71 mujeres periodistas fueron violentadas de diferentes maneras, siendo 7 las víctimas de feminicidio, de acuerdo con datos de la asociación civil Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC).

Amnistía Internacional señaló en su informe sombra que “las mujeres activistas de los derechos humanos son víctimas de cada vez más ataques por su trabajo contra la violencia basada en el género y por arrojar luz sobre las violaciones de los derechos humanos producidas en el contexto de la crisis de seguridad pública”.

El comité ha llamado a la pronta implementación del mecanismo de protección previsto en la Ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

En lo que respecta al tema del aborto el comité manifestó su inquietud al considerar que el goce de la salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluyendo el acceso a un aborto legal, puede estar en riesgo por las modificaciones a las constituciones estatales que reconocen la vida desde la concepción.

La CEDAW ha llamado a armonizar la legislación federal y las estatales con el fin de eliminar los obstáculos enfrentados por las mujeres que buscan tener acceso a un aborto legal, y también a ampliar el acceso.

En su informe sombra, Human Rights Watch detalla a profundidad una serie de hallazgos que imposibilitan el acceso al aborto por mujeres embarazadas producto de una violación sexual.

Entre éstos menciona la falta de acceso a la información sobre el carácter legal del aborto por esta causal, la falta de conocimiento u oposición por parte de oficiales de entidades públicas, el empleo de estrategias agresivas anti-abortistas hacia las víctimas, los grandes retrasos en la emisión de autorizaciones legales para el procedimiento por parte de las autoridades e intimidación por parte del sector judicial.

Es mayúsculo el reto que enfrenta el Estado mexicano después de este escrutinio internacional.

Las duras consideraciones que realiza el comité de la CEDAW en su documento de conclusiones se vieron también resaltadas por las perspectivas de 22 informes sombra elaborados por organizaciones locales e internacionales.

Las recomendaciones revisadas en este artículo representan sólo una mínima parte de la totalidad, todas ellas tienen un carácter obligatorio y deben ser asumidas por el Congreso de la Unión y por las legislaturas locales, según lo señala el propio comité.

Estas recomendaciones deberían servir como un instrumento básico para orientar la política en materia de derechos humanos de las mujeres en los próximos años y sobre su implementación México deberá rendir cuentas en el siguiente informe periódico ante este órgano de la ONU.

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