MARÍA AMPARO CASAR

El dilema de mantener al Ejército en las calles

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Por María Amparo Casar  @AmparoCasar
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NOTA DEL EDITOR: María Amparo Casar es licenciada en Sociología por la UNAM; maestra y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la University of Cambridge, King's College; catedrática e investigadora del Departamento de Estudios Políticos del CIDE; columnista en el diario Reforma; miembro de los comités editoriales de la revista Nexos y el Fondo de Cultura Económica, y colaboradora en espacios de análisis como el programa Primer Plano de Once TV México.


Con algunas diferencias de matiz, todos los candidatos presidenciales se manifestaron durante las campañas en relación a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. En sus declaraciones y propuestas se reconocen dos consensos: el compromiso por continuar con esa lucha y el de mantener en las calles al ejército hasta en tanto no culmine el proceso de recapacitación y reorganización de las policías.

Dos sucesos/posiciones recientes provenientes de la Suprema Corte o de alguno de sus integrantes, podrían afectar el cumplimiento de estos compromisos y cambiar el curso de acción en materia de seguridad en la próxima administración.

En primer lugar está la resolución de la Suprema Corte de Justicia del pasado jueves 9 de agosto respecto a lo que se conoce como fuero militar. Por mayoría de siete votos, los ministros resolvieron que los delitos cometidos por militares en activo en los que esté implicado un civil, en calidad de cómplice o de víctima, son competencia de juzgados federales. Es curioso pero, aunque el artículo 13 de la Constitución no parecía dejar lugar a dudas ("cuando en un delito o falta de orden militar estuviese complicado un paisano conocerá del caso la autoridad civil que corresponda"), la práctica había sido que los integrantes de las fuerzas armadas fueran juzgados por los tribunales militares.

En segundo lugar está el pronunciamiento del magistrado José Ramón Cossío en el sentido de que los militares no están para cumplir funciones de seguridad pública. Según el ministro, la intervención del Ejército en labores de seguridad interior no está justificada en la Constitución mientras no exista declaración de guerra, decreto de suspensión de garantías o un decreto del Presidente de la República en el que disponga que puede hacer uso de la totalidad de las fuerzas armadas para la seguridad interior o exterior. Resultaría entonces que la intervención del Ejército en la lucha contra el crimen organizado durante los últimos seis años sería anti-constitucional.

Si el argumento sobre la inconstitucionalidad de la participación del Ejército en la lucha contra el crimen organizado ganase terreno, el próximo presidente se la tendría que pensar dos veces. Enfrentaría la disyuntiva de, o bien arriesgarse a actuar en contra de lo que marca la Constitución, o bien a justificar la participación del Ejército a través de alguno de los supuestos que la contemplan.

En el caso del fuero militar, los que la pensarán dos veces serán los propios militares, pues sus integrantes quedarían a expensas de la justicia ordinaria. Es posible que esta nueva situación lleve a los altos mandos del Ejército a entablar serias negociaciones con el titular del Ejecutivo respecto de su participación en la lucha contra el crimen o, al menos, respecto a los términos de esa participación. En este caso, las opciones son menos claras pues el jefe de las fuerzas armadas es, precisamente, el presidente de la República.

En todo caso, veremos nuevas y complicadas definiciones respecto a cómo seguir combatiendo a las fuerzas criminales, que hasta el momento han sido responsables de más de 60,000 muertes.

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