ARTURO ESPINOSA

Opinión: Retos pendientes de las candidaturas independientes

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Por Arturo Espinosa Silis  @AESUPD
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NOTA DEL EDITOR: Arturo Espinosa Silis es Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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El pasado 9 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas y adiciones a diversas disposiciones constitucionales, a través del cual se modifica el contenido del artículo 35 constitucional para permitir las candidaturas independientes, la iniciativa popular y la consulta popular. Reforma que, desde mi punto de vista, implica un parteaguas en el sistema político y electoral mexicano, al pasar de una democracia indirecta a una semi-directa.

Esta reforma constitucional es apenas el inicio de la reforma política que se pretende, en la que, desde mi punto de vista, se debe incluir el plebiscito, referéndum, la reelección, y un efectivo sistema de rendición de cuentas de los gobernantes. Entre otros, para tener en México un sistema mucho más participativo, en el que los ciudadanos se involucren activamente con la función de gobierno.

Digo que esto es apenas el inicio, no sólo porque estime que se deban incluir otras formas de participación ciudadana, sino porque, adicionalmente a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, es necesario realizar algunas otras modificaciones legales. Me explico.

En primer lugar, habría que armonizar la propia Constitución, pues, al nuevo texto del artículo 35 de la Constitución en el que se reconoce el derecho de los ciudadanos a solicitar su registro como candidatos de manera independiente, se contrapone lo expresamente señalado en el inciso e) fracción IV del artículo 116 constitucional, en el sentido de que a nivel estatal “los partidos políticos tienen reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular”, texto que deriva de la reforma constitucional de 2007.

Me parece que existe una clara oposición entre ambos preceptos, aunque se puede matizar a partir de lo dispuesto en el artículo 1º constitucional, a través de una maximización de derechos.

En este caso, ya sea que el propio poder de reforma de la Constitución modifique el texto constitucional previsto en el artículo 116, o que a partir de una interpretación que realicen la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Electoral se armonicen ambas disposiciones. La importancia de esto es que, para que las legislaturas locales modifiquen sus ordenamientos jurídicos en materia electoral de manera que permitan las candidaturas independientes, es necesario un sustento jurídico claro, por lo que lo deseable sería modificar el texto constitucional.

El segundo reto que veo en la reforma constitucional recientemente publicada, en cuanto a las candidaturas independientes, es armonizarla con el actual sistema electoral, en el cual todo funciona a partir y en entorno a los partidos políticos. De ahí que se necesite emitir la regulación necesaria para la aplicación de las formas de participación ciudadana previstas en la reforma constitucional recientemente publicada.

¿A qué me refiero? El legislador deberá redactar una ley o código federal electoral nuevo, en el cual, a partir de los principios constitucionales rectores en materia electoral, se genere equidad, certeza, objetividad e imparcialidad para todos los actores políticos. Aquí es donde se debe incluir a las candidaturas independientes, a fin de que las mismas sean viables y tengan posibilidades reales de triunfo en una elección.

Los aspectos que el legislador debe contemplar a fin de darles plena viabilidad a las candidaturas independientes en nuestro actual sistema electoral, están relacionados con:

- las condiciones de la solicitud y el registro de la candidatura (documentación necesaria y apoyo ciudadano que acredite cierta representatividad);

- acceso a radio y televisión;

- financiamiento;

- fiscalización de los recursos;

- coaliciones o candidaturas comunes, en su caso;

- representación en los órganos colegiados de la autoridad administrativa electoral;

- representación ante las mesas directivas de casilla;

- vigilancia de los listados nominales de electores;

- condiciones para las precampañas y campañas electorales;

- inclusión del “candidato independiente” en la boleta electoral;

- escrutinio y cómputo en la casilla;

- cómputos municipales, distritales y locales, según se trate;

- nuevo escrutinio y cómputo;

- faltas administrativo electorales; y

- legitimación en medios de impugnación relativos a resultados electorales, entre otros.

Dichas modificaciones no son menores e implicarán para el legislador una verdadera ingeniería legislativa y electoral, de manera que al adaptar todo el modelo a fin de hacer que las candidaturas independientes sean viables y puedan tener posibilidades de éxito, se conserve la lógica del sistema electoral y se respeten los principios rectores de la materia.

Inclusive, podría llegar a plantearse una modificación al diseño actual de las autoridades electorales, pues las candidaturas independientes tienen implicaciones humanas y operativas que trascienden a todo el sistema electoral.

Al final de cuentas, la base del éxito de las candidaturas independientes, y en general de las formas de participación ciudadana previstas en la reforma constitucional, dependerá en gran medida de la regulación legal que se contemple, la cual deberá ser objeto de debate en el periodo ordinario de sesiones que inicia el 1º de septiembre. De lo contrario, serán figuras que podrían llegar a ser inaplicables ante la falta de la legislación secundaria que las regule, y de los mecanismos operativos necesarios para su ejercicio.

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