ENRIQUE CÓRDOVA

Análisis: Las candidaturas independientes a nivel mundial

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Por Enrique Córdova Avelar  @ADNPolitico

NOTA DEL EDITOR: Enrique Córdova Avelar es licenciado en Derecho por la UNAM, tiene estudios de Economía en el ITAM y es maestro en Economía y Gobierno por la Universidad Anáhuac.

Ha sido director de Procesos Electorales de la Secretaría de Gobernación, coordinador de Capacitación del TEPJF y asesor político, jurídico y económico. Actualmente es socio y director general adjunto de Cyusa, cuya filial Cyusa Construcción es la constructora número 48 a nivel nacional según el ranking 2011 de la revista Obras que, al igual que ADNPolítico.com, es parte de Grupo Expansión. 


Con la reciente reforma política a la fracción II del artículo 35 constitucional y una vez que ésta se norme en la legislación secundaria -lo que ocurrirá a más tardar el 10 de agosto de 2013- los ciudadanos de manera individual estaremos facultados para solicitar el registro como candidatos independientes a cualquier cargo de elección popular, significando un paso adelante en materia de participación ciudadana y en el fortalecimiento de nuestra joven democracia.

Las candidaturas electorales independientes han despertado gran interés en México, sobre todo en aquellos ciudadanos que no se sienten debidamente representados por los actuales partidos políticos, quienes difícilmente se sumarían o militarían en alguno de ellos, sabiendo -además-  que resulta complejo para un sólo individuo formar un partido nuevo.

La característica esencial de estas candidaturas es que son formuladas por ciudadanos en lo individual, al margen y sin mediación de los partidos políticos, siendo conocidas también en otros países como candidaturas cívicas o ciudadanas. Aunque parezca una figura novedosa, es necesario recordar que de 1824 a 1911, ante la inexistencia jurídica de los partidos políticos, todas las candidaturas electorales fueron formalmente ciudadanas, luego ambas coexistieron hasta 1946, año en que se confirió a los partidos la exclusividad para postular candidatos a los diferentes cargos de elección popular.

Por otro lado, los datos comparados de ACE Project “The Electoral Knowledge Network”, nos indican que actualmente de un universo de 224 países analizados, 89 las prevén en su legislación, tanto para elecciones presidenciales como legislativas, 69 para elecciones de la cámara baja, 18 para la cámara alta, 27 únicamente para las elecciones presidenciales y sólo 21 países no las permiten.

En América Latina, sólo Brasil, Costa Rica y El Salvador no las aplican ni regulan. En Colombia, Honduras, Perú, República Dominicana y Venezuela, además de las candidaturas independientes individuales, contemplan la postulación de candidatos provenientes de agrupaciones o movimientos independientes a los partidos.

Del análisis comparado global se desprende que las candidaturas independientes generalmente inciden poco en las elecciones legislativas o parlamentarias nacionales. Suelen tener impacto mayor en elecciones (presidente, gobernador, alcaldes, munícipes) donde la figura del candidato pesa más que la de los partidos mismos y en las elecciones más inmediatas a los ciudadanos, aquéllas que por su ámbito reducido les permiten competir en mejores condiciones, como es el caso de los municipios, cantones, comunas, corregimientos, concejales, etcétera.

Sucede así (en la mayoría de los casos) porque el diseño jurídico institucional normalmente impone barreras de entrada y en la competencia difíciles de superar para los aspirantes independientes, atendiendo a dos razones fundamentales: por un lado, evitar que el número de candidatos independientes prolifere de tal forma que la organización misma de las elecciones se torne compleja, haciéndolas, técnica y financieramente, inviables; y por el otro, proteger al sistema de partidos políticos, el cual -no obstante sus deficiencias- sigue siendo, en todas las democracias del mundo, el mejor instrumento para el acceso de los ciudadanos al poder público, entre otros fines.

Las barreras que refiero suelen ser el acreditar un número de auspiciantes, patrocinadores o promotores que mediante sus firmas respalden la candidatura, requisito que generalmente es difícil de reunir por un individuo sin cuadros organizados ni estructura de seguidores, así como el hecho que durante la contienda los candidatos independientes normalmente no gozan de las mismas prerrogativas de financiamiento público y acceso a medios de comunicación, que los candidatos de los partidos políticos.

En Chile, país que actualmente dispone de las mejores condiciones para la participación de candidatos independientes en América Latina según los datos del Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL), en las últimas elecciones de alcaldes celebradas en 2008, de 345 cargos se registraron 264 candidatos independientes y fueron electos 38.

En el caso de concejales, de 2,146 cargos a elegir, se registraron 203 independientes y resultaron electos 12. En las elecciones legislativas de 2009, para ocupar 120 escaños de la Cámara de Diputados, se registraron 18 candidatos independientes y sólo fueron electos 2, mientras que en el Senado fue insignificante su votación, sin que hubiera independientes electos.

De vuelta a nuestro país, cabe destacar que adelantándose a la reciente reforma política y siendo pionero en materia de candidaturas ciudadanas, el estado de Yucatán (en mayo de 2006) aprobó una reforma constitucional y legal para permitir e implementar las candidaturas electorales independientes, mismas que aplicaron para las elecciones estatales de 2007, registrándose 4 planillas de candidatos independientes a regidores, resultando electa una de ellas para gobernar el Municipio de Yobaín. No obstante, a raíz de ello, nuestro Congreso federal modificó en 2007 el texto del artículo 116 constitucional para establecer la exclusividad de los partidos en la postulación de candidatos a nivel local, que antes sólo consignaba el COFIPE.

El cuarto y quinto párrafos de la Constitución Política, y el artículo 28 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, ambos del estado de Yucatán, permiten la postulación de candidaturas independientes para gobernador, diputados por el principio de mayoría relativa y planillas de regidores en ayuntamientos. Sin embargo, la ley exige un respaldo de firmas del 2% del padrón electoral del estado para quienes aspiren a gobernador, 15% del padrón en el distrito para diputados de mayoría relativa y de 2 al 15% para las planillas dependiendo del número de regidores a elegir en cada ayuntamiento. No otorga financiamiento público a los candidatos independientes, previendo en su lugar que sólo a quienes resulten electos se les devolverá hasta el 50% de sus gastos de campaña después de comprobar debidamente los mismos, y no les concede acceso a los medios de comunicación.

Es importante subrayar que durante las últimas dos legislaturas del Congreso de la Unión se han presentado al menos 7 iniciativas para permitir y regular las candidaturas independientes, incluida la que presentó el Presidente de la República el 15 de diciembre de 2009, la cual derivó en la reforma política apenas aprobada por el Congreso.

Del análisis riguroso de estas iniciativas, se advierte que tienden a otorgar financiamiento y acceso a medios de comunicación en forma equitativa y proporcional a los partidos políticos, y la mayoría coinciden en exigir un número de firmas de respaldo de al menos el 1% del padrón electoral en la demarcación de que se trate, así como la entrega de una fianza con la que se garantice el cumplimiento de sus obligaciones en materia de financiamiento.

Para que el lector tenga una idea más precisa del requisito del porcentaje de firmas que las anteriores iniciativas consignan, si el día de hoy un ciudadano pretendiera ser candidato independiente en las elecciones federales en Campeche (que es una de las entidades con menor padrón electoral) tendría que recabar 11,491 firmas para la elección de senadores y 5,729 para diputados federales. En el caso de la elección de Presidente de la República, un aspirante sin partido requeriría de al menos 844,647.13 firmas para ser registrado como candidato independiente.

Por ello, aunque ya se dio el primer paso a nivel constitucional, debemos esperar a que las próximas legislaturas federal y locales, reglamenten la reforma constitucional recién aprobada, pues de los requisitos, términos y condiciones que se establezcan para las candidaturas independientes, dependerán sus alcances e impacto en nuestro sistema político.

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