MARÍA AMPARO CASAR

Opinión: 7 problemas revelados en la pelea MVS-Presidencia

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Por María Amparo Casar  @ADNPolitico
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NOTA DEL EDITOR: María Amparo Casar es licenciada en Sociología por la UNAM; maestra y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la University of Cambridge, King's College; catedrática e investigadora del Departamento de Estudios Políticos del CIDE; columnista en el diario Reforma; miembro de los comités editoriales de la revista Nexos y el Fondo de Cultura Económica, y colaboradora en espacios de análisis como el programa Primer Plano de Once TV México.

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El conflicto entre MVS y la Presidencia de la República es un caso notable para ejemplificar la manera en que se formulan las políticas públicas en el país, la relación entre los poderes formales y los poderes fácticos, la incertidumbre en los derechos de propiedad y, sobre todo, la ausencia de políticas de Estado que pongan en el centro de su accionar el bienestar de la población.

La decisión de rescatar las concesiones de la banda 2.5GHz es un crisol en el que confluyen muchos de los factores que retardan la productividad, competitividad y el crecimiento de México.

Más allá de los dimes y diretes entre los funcionarios públicos (oficina de la Presidencia/secretarios de Estado) y empresarios involucrados (dueños y directivos de MVS), estamos frente al fracaso de una política pública en uno de los sectores más importantes para el desarrollo económico del país.

El gobierno actual ha incumplido con una de sus principales promesas de campaña y de gobierno, una política en telecomunicaciones guiada por lo que el presidente Calderón llamó desde el año 2006 las tres C’s de las telecomunicaciones: competencia, convergencia, conectividad. Ni las concretó ni las propició haciendo uso de sus facultades para regular al sector.

En lugar de ello nos entregó decisiones aisladas y discrecionales. Los órganos reguladores han valido de muy poco como cuerpos técnicos y autónomos a través de los cuales se pretendía aislar las decisiones de las presiones políticas.

El Congreso tampoco hizo su parte. Después de la aprobación de la llamada Ley Televisa que fue votada unánimemente por los tres principales partidos en el año 2006 y de la resolución de la Suprema Corte sobre la inconstitucionalidad de varios de sus artículos y el exhorto a que se volviera a legislar, los diputados y senadores se han mantenido en su proverbial inacción. En cambio, los poderes fácticos han desplegado su ya también proverbial poder cuando de defender o aumentar sus privilegios se trata.

Difícilmente sabremos la verdad sobre la decisión de último minuto. Es probable que algún mérito tenga el querer recuperar una banda que se ha mantenido ociosa a pesar de tener el enorme potencial de brindar un mayor y mejor servicio de interconexión para la población. Lo que no es probable sino seguro es que la decisión revela:

1- La renuncia del Estado a ejercer su dominio sobre un bien público para ponerlo al servicio del bienestar general

2- Su incapacidad para formular una política de Estado

3- Su debilidad frente a los monopolios

4- La precariedad de los derechos de propiedad

5- La inacción sin consecuencias de los legisladores

6- La ausencia de transparencia y rendición de cuentas

7- La indefensión del consumidor

Con esta decisión y el litigio que con ella se abrirá, los mexicanos están pagando y pagarán en los años porvenir la ausencia de una política pública integrada, coherente, moderna y justa en relación a un bien público del que crecientemente depende la competitividad y por tanto el potencial de crecimiento del país.

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