RICARDO SEPÚLVEDA

Opinión: Se acota el fuero militar y se avanza en seguridad

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Por Ricardo Sepúlveda  @Rsepulvedai
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NOTA DEL EDITOR: Ricardo Sepúlveda Iguíniz es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Panamericana, licenciado por la Escuela Libre de Derecho y especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Nottingham en Inglaterra. Es también director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad Justicia y Legalidad, profesor de la Escuela Libre de Derecho y la Universidad Anáhuac, conferencista, consultor y exfuncionario de la Secretaría de Gobernación.

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En las últimas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sendas resoluciones sobre temas que involucraban la responsabilidad de militares, resolvió una cuestión añeja sobre los alcances del fuero militar.

Este paso debe considerarse un avance en materia de seguridad y quisiera contribuir, con estas ideas, a entender cómo es que esto es así.

El punto de partida es conocer qué y para qué existe el fuero militar. Hay que partir del fuero siendo una institución antigua actualmente se justifica por ser una herramienta para mantener la disciplina militar y que consiste fundamentalmente en que los militares deben ser juzgados por sus propios tribunales, siendo que todos los demás somos juzgados por los tribunales ordinarios.

En México hay fuero militar. Nuestra Constitución lo establece en su artículo 13, al que llama fuero de guerra, pero lo reduce a delitos o faltas contra la disciplina militar.  De modo que lo primero que hay que tener claro es que sí existe el fuero militar en México, pero que este se ciñe a los asuntos internos de las corporaciones militares. Además, señala igualmente la Constitución, esto nunca podrá extenderse a personas que no pertenezcan al Ejército.

Hasta aquí el asunto está muy claro, el problema ha sido que el Código de Justicia Militar, una ley que debiera apegarse a la Constitución, ampliaba este criterio al decir en su artículo 57 que se debían considerar delitos en contra de la disciplina militar, aquellos que fueran cometidos estando en servicio o con motivo del mismo.

En la práctica lo que sucedía era que si un militar cometía un delito común estando en servicio, éste era conocido por la procuraduría y los tribunales militares, así se tratará de homicidio, lesiones, violación, etc. Esto se volvió de tal manera práctica habitual que cuando la denuncia se presentaba ante la PGR o la procuraduría local, siguiendo el criterio constitucional, esta declinaba su competencia y se lo turnaba a la militar.

El problema en realidad no es de formas y meras competencias, y es algo ampliamente reconocido por las instancias internacionales, la verdadera dificultad con que se enfrenta el ciudadano que denuncia un delito y lleva un proceso ante las autoridades militares es la parcialidad con que actúan estas autoridades, y esto no es un asunto sólo de México, sino de cualquier país o región.

Los tribunales militares están creados para vigilar el orden y la disciplina interna, por lo tanto cuando conocen de un caso aplican los criterios propios de un régimen militar y tienen como objetivo salvaguardar los valores de la institución. Esto aplicado por ejemplo, a un delito de violación resulta totalmente inapropiado e, incluso, no permite ser imparcial.  En el ámbito internacional a esto se le llama el principio del juez natural, que es precisamente el derecho a que los casos sean juzgados por quien, por naturaleza, tiene la posición para poder juzgar con imparcialidad.

Por este motivo las organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, durante años reclamaron la derogación del artículo 57 del Código de Justicia Militar y la aplicación de los principios internacionales. De hecho, fue una de las razones por las que se condenó a México en casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los últimos tres años, como es el caso Radilla Pacheco o el caso Rosendo Cantú y otras, que fueron cometidos por militares.

Esta situación se agudizó en el momento en que la decisión del presidente y de las autoridades militares, fue la de involucrar a las fuerzas armadas en las tareas de seguridad, porque entonces el número de casos creció exponencialmente. Los registros de la CNDH, por ejemplo, señalan que a partir del 2007 la Secretaría de la Defensa nacional se ha convertido en la autoridad con más quejas por violaciones a derechos humanos y en los dos últimos años éstas siguieron aumentando en un 200%.

Decir que la situación se agudizó significó igualmente que hubo mayor resistencia por parte de las autoridades, tanto militares como las de la PGR, para abrir los casos a los tribunales civiles. Esto era de esperarse porque se fortaleció la idea de que había que proteger a la institución militar, sin embargo el planteamiento estaba totalmente equivocado, ya que los cuestionamientos sobre la autoridad militar se incrementaron y llegaron al ámbito internacional.

El rumbo de las resoluciones que ha tomado la Suprema Corte de Justicia tiene como antecedente algunas acciones previas, una de ellas es la iniciativa que envió el Ejecutivo al Congreso, en la cual hacia una propuesta ecléctica, mediante la cual algunos delitos si eran conocidos por autoridad militar y otros no, se trataba de una iniciativa abiertamente inconstitucional desde su origen ya que ampliaba el fuero militar. Las discusiones sobre esta iniciativa se quedaron varadas en el Congreso.

Ahora la Suprema Corte declaró inconstitucional el artículo 57 y por lo tanto se vuelve al texto original de la Constitución, con lo cual el criterio más claro para discernir sobre la competencia será el que si hay un civil involucrado en un delito cometido por un militar, deberá conocer el tribunal ordinario.

Hay varias ventajas para la seguridad de los ciudadanos en esta resolución y es lo que nos interesa resaltar, sobre todo porque muchas veces en esa falsa contraposición entre seguridad pública y derechos humanos, se pierden de vista.

La primera es la certidumbre de los límites y de quién los revisa, para la actuación de las autoridades militares en el ámbito de la seguridad pública. Éste ha sido un punto que ha estado en el debate público constantemente y que se ha querido resolver de manera equivocada con la ley de seguridad nacional. Estas resoluciones de la SCJN, son un paso importante para la seguridad jurídica de todos ciudadanos y militares.

La segunda gran ventaja es el fortalecimiento de las instituciones militares a través de crear un mecanismo de rendición de cuentas verdaderamente imparcial. Esta herramienta es un elemento de legitimidad para el Ejército que ayudará mucho más que toda la retahíla de spots publicitarios. En un sistema democrático el ejercicio de rendición de cuentas ayuda mucho más que todas las estrategias de comunicación.

Todos estamos conscientes de que la gravedad de la situación ha implicado la participación de las autoridades militares en algunas acciones de seguridad, pero precisamente por ello requerimos de mecanismos de rendición de cuentas imparciales.

Si este paso se profundiza con la derogación formal por parte del legislativo del artículo 57 del Código de Justicia Militar y, posiblemente, de una nueva redacción legal, que sí sea constitucional y conforme a los principios de derechos humanos, consolidaremos un paso sólido en la estructura que se necesita para hacer frente a los grandes desafíos en materia de seguridad en el país. Un buen pendiente para el legislativo entrante.

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