MARÍA AMPARO CASAR

Opinión: ¿Los legisladores nos quieren tomar el pelo?

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Por María Amparo Casar  @amparocasar
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NOTA DEL EDITOR: María Amparo Casar es socióloga por la UNAM; maestra y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la University of Cambridge, King's College; catedrática e investigadora del Departamento de Estudios Políticos del CIDE; columnista en Reforma; miembro de los comités editoriales de Nexos y el Fondo de Cultura Económica, y analista en el programa "Primer Plano" de Once TV México.

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Las comisiones son quizá los órganos más importantes del Congreso. Tienen una razón de ser muy clara: en cuerpos colegiados tan numerosos como suelen ser las cámaras y con temas tan diversos y complejos como los que tienen que atender los legisladores, se impone la especialización y la división del trabajo.

En un inicio, las comisiones eran un espejo de las carteras del Ejecutivo como oficinas encargadas de procesar temas de política pública. Se pretendía que cada Comisión en el Congreso pudiera encargarse de los temas de política pública que las Secretarías de Estado atendían.

En teoría, es precisamente en las comisiones -y no en el pleno- en donde tienen lugar los debates sobre las consecuencias de las iniciativas, se llevan a cabo las negociaciones políticas, se afinan los proyectos que pretenden convertirse en ley y se aplica la técnica jurídica legislativa.

En aquellos países donde se llevó a la práctica lo que la teoría pretendía, encontramos legisladores que con el paso del tiempo fueron adquiriendo experiencia en temas específicos y fueron dotándose de cuerpos de expertos apartidarios que los asistieran en la tarea de confeccionar leyes tan especializadas como las de telecomunicaciones o los transgénicos.

En México esto nunca ocurrió. Primero porque el Congreso estaba dominado por un solo partido, y el trabajo legislativo lo hacía en realidad el Poder Ejecutivo. Las iniciativas llegaban al Congreso ya elaboradas, planchadas y prácticamente preaprobadas. Segundo, porque en ausencia de la reelección la experiencia y especialización legislativa no podían darse.

Una vez que pasamos al pluralismo, era de esperarse que la situación cambiara. Pero no. Como en muchas otras áreas, nos quedamos con los usos y costumbres priistas. Seguimos sin reelección, seguimos sin cuerpos de asesores apartidistas, y seguimos sin una división del trabajo en el interior del Congreso que le permita funcionar de manera eficaz.

Peor aún, convertimos a las comisiones en un botín político creciente que chupa recursos pero arroja pocos resultados. Ahora que hay más partidos, creamos más comisiones para que alcance para todos.

El número de comisiones ha ido creciendo de manera desmesurada, y no precisamente por el surgimiento de nuevas áreas de política pública (para eso existe otro tipo de órganos en los congresos modernos, que son las subcomisiones), sino porque se descubrió que era una manera de repartir puestos y las prebendas que con ellos vienen asociados. El hecho es que las comisiones se multiplican porque -además de dar poder a quienes las presiden- dan recursos a quienes las integran.

Somos el país de América Latina, quizá del mundo, que más comisiones tiene. Aquí un ejemplo de las cámaras de diputados.

No conformes con ello, ahora vamos por 11 comisiones ordinarias más en la Cámara de Diputados, y se habla de una veintena de comisiones especializadas. ¿Para qué? Para repartir el botín. Aunque por ley todos los legisladores ganan lo mismo, lo cierto es que al presidir una comisión el diputado/senador se hace acreedor a recursos mensuales que maneja de manera discrecional, a asistentes, secretarias y personal de apoyo, a coches, viajes, celulares y vales de comida.

La utilidad/inutilidad de las comisiones puede demostrarse a través del trabajo que realizan. Para muestra un botón. Según Javier Aparicio y Joy Langston, el 60% de las iniciativas se envían a sólo 7 comisiones, mismas que son las responsables de 63% de los dictámenes que llegan al pleno. ¿Para qué entonces 44 comisiones? Perdón, ahora 55.

De las especiales, ya ni hablar: ni siquiera tienen la tarea de hacer dictámenes. Están encargadas de hacer investigaciones, o de entablar el diálogo con ciertos sectores. Por ejemplo, el fenómeno de los ninis, el caso Monex o la corrupción de los jueces federales.

O los legisladores desconocen las funciones de los congresos y sus mejores prácticas, o de plano nos quieren tomar el pelo. Usted elija.

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