ARTURO ALVARADO

Claroscuros en seguridad en los gobiernos del PRD en el DF

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Por Arturo Alvarado Mendoza  @ADNPolitico
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Arturo Alvarado Mendoza es profesor-investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, especialista en temas de violencia, criminalidad, derechos humanos y acceso a la justicia en América Latina.

ADNPolítico.com publica aquí un fragmento de su nuevo libro “El tamaño del infierno. Un estudio sobre la criminalidad en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México”, con autorización de El Colegio de México. 

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Mi balance de la política de seguridad en el Distrito Federal es positivo a pesar de todos los problemas enfrentados por el gobierno de izquierda a lo largo de 14 años y de sus propios tropiezos. El balance en disminución de la criminalidad es malo y la evaluación respecto de los derechos civiles y humanos es todavía deplorable. La intención ha sido buena, pero aún las políticas públicas y las acciones gubernamentales son abusivas, persiste un trabajo policial deficiente y atentatorio de derechos y también por la persistente corrupción y clientelismo de las autoridades del PRD, especialmente en las delegaciones políticas.

La creación del nuevo poder político que es el DF y la consiguiente disminución del viejo presidencialismo han traído victorias para el PRD, pero también para los pobladores del Valle de México. Por supuesto que la política en seguridad es una lucha política entre elites, donde los ciudadanos sólo votamos y en donde muchos miembros de la nueva elite no se muestran dispuestos a respetar las leyes por ellos creadas, impuestas. La pregunta es si este pluralismo, si las nuevas poliarquías traerán beneficios que permitan mejorar el respeto por los derechos, el mejoramiento de la moral y el orden público y, consecuentemente, la disminución de la criminalidad y la emergencia de un Estado de derecho democrático. Las reformas legales de todo el periodo son conservadoras, contrario a lo esperado por una coalición de izquierda. Esta paradoja no es única de la ciudad, la han experimentado muchas otras ciudades en el mundo, en donde las políticas realmente existentes tienen contenidos que benefician más a las elites económicas y políticas y muy poco a los ciudadanos menos favorecidos.

Asimismo, las ideas de orden y control que emanan hoy día de los discursos de las autoridades de izquierda y de las recomendaciones de consultoras como Giuliani, atentan contra derechos civiles (establecer retenes, desplazar personas de las calles sin motivo legal y civil claro, la prisión por penas menores).

Las reformas administrativas son muchas, pero en cierta forma son más de lo mismo. Todos los gobiernos de izquierda propusieron reformar las policías, reducir la corrupción, reordenar el ambulantaje y combatir el crimen. Todos también han incurrido en las mismas faltas de otros gobiernos de ideología distinta. Falta implementar muchas herramientas de eficiencia y mucho más rendición de cuentas. Por ejemplo, la estructura del gobierno central, de la asamblea y de las delegaciones políticas sigue siendo la misma que la heredada de los gobiernos priistas. Esta estructura no es representativa de la pluralidad y heterogeneidad de los intereses de los pobladores, no responde a ellos, sino a los intereses de los grupos del PRD en cada localidad, no rinde cuentas, y en materia de seguridad pública ha sido más un obstáculo que un impulso a la seguridad ciudadana. En el caso de la Asamblea Legislativa, las facultades limitadas no le han permitido desarrollar una política legislativa coherente y acorde con las necesidades de una nueva gobernanza que prevenga y disminuya la criminalidad. Han votado leyes adversas a los derechos humanos, como la Ley de Cultura Cívica o la misma Ley de Participación Ciudadana. Han propuesto reformas contradictorias, como es el caso de las leyes de adolescentes en confl icto con la ley. La participación ciudadana es una retórica sin contenidos en seguridad pública.

Cierto es que los gobiernos de izquierda han impulsado un proceso de desmilitarización de la policía, pero falta mucho para lograr una verdadera civilización de la policía, que rinda cuentas y que esté bajo un control civil realmente democrático.

La elite política ha logrado controlar las organizaciones policiales y tiene una mejor administración de los recursos públicos. Sin embargo, la policía sigue aislada de la población y mantiene una importante autonomía que sigue siendo un peligro para los derechos civiles y para la democracia.

La percepción de la seguridad personal, física, de la población, demuestra las carencias y los retos para crear una nueva base para mejorar la calidad de vida urbana. Y la participación es muy limitada en el tema, no es vinculante, esto es, no integra una nueva relación de mando donde la ciudadanía sea la primera persona de esta relación.

Los avances de la población respecto del ejercicio de sus derechos tienen muchos claroscuros; hay una menor delincuencia básica, sin embargo, no todo es por causa de las acciones del gobierno sino de la población. Algunas reformas legales son benéficas pero su implementación no es sólida.

La situación de la seguridad no ha mejorado por tres razones fundamentales: primero, porque el gobierno actual no ha efectuado las reformas necesarias a las instituciones de la policía y de la procuración de justicia; segundo, porque las cifras en las que se basa el discurso perredista subestiman la criminalidad no registrada, y tercero, porque la competencia política entre partidos distintos en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México ha tenido efectos perversos en la seguridad pública. Es importante tomar en cuenta que la criminalidad que vive la ciudad tiene muchas vertientes nuevas, externas, que no se deben a la organización del gobierno ni de la ciudad. Hay nuevas tendencias del crimen global.

Finalmente, ¿qué es lo que el gobierno maximiza en su función de gasto público?, la probabilidad de que su coalición política se mantenga en el poder en el próximo concurso electoral. Y para eso, no es necesario que se produzca la desaparición del problema sino su administración, su control útil.

Los principales beneficiarios de la política de seguridad son aquellos individuos y grupos que ya contaban con una mejor condición de seguridad personal física, de sus bienes; en este sentido la política no ha revertido la tendencia concentradora de beneficios en ciertos grupos, como tampoco ha superado los obstáculos y vetos impuestos por estos grupos para mejorar la seguridad de todos (como los empresarios que promovieron el diagnóstico de la consultoría de Giuliani).

¿Nueva gobernanza urbana?

La experiencia de los gobiernos de izquierda ha mostrado cuáles son los costos de dirigir la policía y de proveer el servicio de seguridad a la población. El resultado ha sido un alto costo administrativo, políticas de tendencia punitiva, no obstante la búsqueda de políticas compensatorias y del apoderamiento real de algunos grupos. Los ciudadanos estamos mejor hoy día que hace una década. A diferencia del periodo de gobierno autoritario de la capital, los costos políticos por dirigir la policía y por cometer errores han sido pagados por los responsables, tanto por Ebrard como por Ortega. Este es un cambio importante en la dinámica histórica de impunidad en el trabajo policial. Haber entendido y aceptado a cabalidad los problemas y los errores fue también un avance de la jefatura de gobierno. 

La Asamblea Legislativa comienza a ser un agente activo en materia de seguridad pública. Ha elaborado leyes y reformas al Código Penal. De todas las leyes elaboradas, algunas han producido controversias constitucionales y políticas, tales como la interrupción voluntaria del embarazo o los matrimonios y la adopción entre parejas del mismo sexo. Otros avances pueden encontrarse en las reformas al Código Penal, que están en conflicto con otras leyes, como la de Cultura Cívica. Sin embargo, en materia de seguridad la concepción de las políticas y su seguimiento es conservadora, contradictoria y regresiva. También ha faltado participación ciudadana genuina, métodos de consulta efectivos y una revisión crítica de las leyes propuestas con base en los derechos humanos. Cabe reiterar que la Asamblea tiene facultades limitadas en materia legislativa.

Otros avances están en la legislación sobre jóvenes y niños; sin embargo, sigue existiendo una distancia abismal entre la norma y la realidad de la procuración de justicia adolescente, en donde los detenidos son todavía presuntos delincuentes.

Otro aspecto es la falta de protección a grupos vulnerables, como las jóvenes que trabajan en el mercado de servicios sexuales, en condiciones de semiesclavitud, desprotección jurídica, sanitaria y social, y bajo la tutela de muchos intereses políticos de algunos miembros del gobierno.

La ambición política ha sido otro factor que ha modelado la política de seguridad en diversos momentos y con estrategias diferentes. En años anteriores y periodos políticos antiguos, varios regentes intentaron ascender a la presidencia desde la jefatura de la capital.

Manuel Camacho lo intentó dentro del PRI; Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador lo intentaron desde el PRD. En el presente Marcelo Ebrard sigue el mismo curso. Pero ninguno lo ha logrado. La verdad sobre los resultados electorales de 2006 aún está en disputa. Cárdenas no quiso pagar los costos políticos de reformar la seguridad. López Obrador entendió la lección y la necesidad de cambios, y con un rostro de izquierda populista implementó políticas conservadoras.

Los gobernantes más recientes están utilizando la política de seguridad como un instrumento electoral y de legitimidad.

No parece haber conexión entre la inseguridad y el comportamiento electoral, pero el tema es una arma mediática muy sólida.

Hoy día el aparato de seguridad pública es más grande que en todo su desarrollo en el siglo XX. Incluye las policías, la procuración de justicia, las cárceles, los militares y los marinos, el poder judicial, la “justicia” administrativa y hasta las comisiones de derechos humanos. También ha ocurrido un enorme crecimiento de la seguridad privada desde los niveles de barrio hasta los corporativos. El Estado provee el servicio y también contrata seguridad privada. Garland afirmaba que este es un cambio del sistema restaurativo, a uno que podría llamarse administrativo, que altera las relaciones de poder. Más que un cambio de paradigma de justicia es un nuevo balance de poder entre el Estado como actor colectivo y otros actores privados.

Cabe también hacer una breve reflexión sobre los impactos de la política de seguridad en la igualdad y en el acceso a la justicia. La primera pregunta es si la política de seguridad de la izquierda ha reducido la ventaja de los poderosos y ha permitido que los desprotegidos, los explotados por el sistema, adquieran poder y puedan defender sus derechos en forma equitativa. Habría que preguntarse también si los poderosos han aceptado los cambios y las nuevas reglas de la política de seguridad. ¿Acaso la cuestión de seguridad es entendida hoy día como un problema de acceso a la justicia?

¿Cómo valoran hoy los ciudadanos la justicia? ¿Como una ventaja mutua, una protección común o como una ventaja de los privilegiados? ¿Acaso la entendemos como un límite, un freno a los privilegiados contra los desposeídos?

Sólo en el siglo XX la distribución de la riqueza empezó a considerarse como un tema sustantivo para lograr una sociedad justa. De aquí se sigue un tema referido al entendimiento de la justicia como una forma de expresar el interés propio, por la vía de la cooperación, y no como lo contrario, como la coalición de intereses que promueven la apropiación desproporcionada de los bienes públicos en contra de otros grupos. ¿Qué equilibrios podemos esperar de esta lucha? La política de seguridad y el gasto público deben medirse con base en estas interrogantes.

La elección de un gobierno capitalino y el hecho de que fuera de una izquierda formalmente comprometida con los ciudadanos modificaron el statu quo de una política proclive a los intereses de los más poderosos y beneficiados en la capital.

Sin embargo, parece no haber llegado a un nuevo estado social más justo, porque hay muchos jugadores con poder de veto y porque el gobierno, para mediar entre los grupos de interés y para obtener apoyos políticos y electorales, vacila inconsistentemente entre diversos apoyos políticos en conflicto y en distintos puntos de equilibrio.

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Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Arturo Alvarado Mendoza.

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