RICARDO SEPÚLVEDA

Opinión: La urgencia de replantear la política de seguridad

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Por Ricardo Sepúlveda  @Rsepulvedai
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Ricardo Sepúlveda es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Panamericana, licenciado por la Escuela Libre de Derecho y especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Nottingham en Inglaterra. Es también director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad Justicia y Legalidad.

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Ante la circunstancia del cambio de titular en el poder Ejecutivo y en el Congreso, así como en varias de las entidades federativas, resulta un proceso obligado que se revisen las políticas públicas, no para hacer un borrón y cuenta nueva, lo que siempre resulta un despropósito, sino para corregir lo que no ha funcionado, algo que se vuelve especialmente importante en los temas prioritarios, como es el caso de la seguridad.

Esta semana, el Observatorio Nacional Ciudadano (www.onc.org.mx) que es una de las voces más representativas de la sociedad civil en la materia, dio a conocer una serie de datos sobre la situación de seguridad.

Estos datos, puestos en el contexto de este cambio en las estructuras políticas, se vuelven un insumo fundamental, ya que precisamente el sentido de generar estos análisis es el de poder contar con información, procesada en espacios de autonomía, que permitan fortalecer las políticas públicas desde la visión ciudadana.

En el Reporte de Monitoreo de Delitos de Alto Impacto, que se presenta cuatrimestralmente desde hace dos años, el Observatorio hace un análisis de los datos oficiales de denuncias de delitos que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aportados fundamentalmente por las procuradurías de justicia de todo el país.

Una de las ventajas de este estudio es que tiene un enfoque hacia la delincuencia común, que es finalmente la que más afecta a los ciudadanos y es la que debe ser prioridad en toda política de seguridad. Precisamente una de las reiteradas desviaciones en el enfoque de los esfuerzos que se han realizado para combatir la delincuencia en los últimos años, ha sido la de priorizar el combate a la delincuencia organizada y marginalizar la atención a la delincuencia común.

El reporte da cuenta de las denuncias de delitos de alto impacto, del homicidio, el secuestro, la extorsión, el robo con violencia y el robo de automóvil, en el segundo cuatrimestre del 2012.

Los datos de este reporte tienen además la ventaja de hacer un comparativo con una línea de continuidad cuatrimestral, lo que permite tener más claridad en lo que está sucediendo.

Hay que tomar en cuenta que otra de las dificultades que se ha tenido, especialmente entre los ciudadanos, es que a pesar de la gran cantidad de información que existe sobre el tema no hay al mismo tiempo claridad sobre la dimensión de lo que ocurre ni menos sobre las causas que nos han llevado a esto. De aquí la importancia de las aportaciones que se puedan generar desde espacios de la sociedad civil organizada.

En cuanto a sus hallazgos, el reporte da cuenta de un incremento en el número de denuncias presentadas en el último cuatrimestre (mayo a agosto), comparándolo con el anterior (enero a abril). En el caso del homicidio el aumento es de 7.46% y en el del homicidio doloso es de 6.43%.

Estos datos adquieren mayor importancia frente a la versión que recientemente habían presentado las autoridades, por ejemplo al interior del Consejo Nacional de Seguridad Pública, de que se habían logrado revertir las tendencias de crecimiento de las tasas de delitos y que estas iban a la baja. Estos datos confirman que no solamente no se ha logrado revertir la tendencia, sino que ni siquiera se ha conseguido detener este crecimiento.

Otra derivación interesante de los datos que contiene el reporte del Observatorio, es la que se contiene en su primera conclusión particular. El reporte habla de una situación de estabilización de la delincuencia común, en niveles históricos muy superiores a los existentes durante 2006.

En cifras, esto significa por ejemplo, que en el 2006 se denunciaban 3,930 homicidios en un cuatrimestre y ahora la cifra crece a  7,254, lo que significa un crecimiento del 85%. En el caso del secuestro el porcentaje de crecimiento fue de 54%. Esto significa que la situación de inseguridad se ha ido normalizando en niveles insostenibles, con las consiguientes graves consecuencias que para el desarrollo social, económico y humano esto significa.

Se debe tomar en cuenta, además, que estos datos de denuncia no toman en consideración la llamada cifra negra, que corresponde a los delitos que no se denuncian y la cual es del 91.6%, según los datos del INEGI durante 2011 (http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuesta), por lo que la situación real es aún más grave.

Existe otro fenómeno igualmente interesante que puede observarse a partir de la continuidad de estos análisis y es el hecho de que el reporte, al presentar el fenómeno de la delincuencia común por entidades federativas, permite analizar la situación focalizándola territorialmente.

Esto abre la posibilidad de obtener conclusiones muy significativas: una de ellas es que el problema de la delincuencia no tiene fronteras y que no hay lugares que puedan considerarse exentos o al margen de este problema.

La delincuencia se ha generalizado en el país y, aunque existen sin duda fenómenos de concentración, hay datos que manifiestan que en cualquier lugar brotan problemas de delincuencia común. Uno de estos es el hecho de que en el último cuatrimestre la entidad con la mayor tasa de crecimiento, en todos los delitos de alto impacto, fue Guanajuato, hasta ahora una entidad bastante alejada de los focos rojos. Algo similar ocurrió en Yucatán y San Luis Potosí.

Como puede apreciarse, a partir de los datos oficiales de las denuncias, el problema de la seguridad es persistente y creciente y las políticas de seguridad han sido rotundamente ineficientes para disminuir los índices de delincuencia común.

Es por ello que las circunstancias exigen un urgente replanteamiento de la política de seguridad, la cual debe tener como principal objetivo la reducción de la incidencia de los delitos de alto impacto.

El reporte del Observatorio señala algunas características que deben ser como los pilares de esta política: el enfoque de seguridad ciudadana, que debe significar sobre todo, cumplir con las exigencias de respeto a los derechos humanos y de dar cabida a una participación ciudadana institucional y una rendición de cuentas permanente.

Otra exigencia de esta política debe ser la plena coordinación entre las instancias competentes en la materia, de las federales entre sí, como de las federales con las locales, como una condición para la eficiencia.

La existencia de una información accesible, objetiva y oportuna, el énfasis en las políticas de prevención del delito y de las violencias, así como la debida atención a los cientos de miles de víctimas, terminan de encuadrar las características de esta política.

Este trabajo del Observatorio Nacional Ciudadano, que finalmente es la voz de muchas organizaciones, es una muestra de cómo la sociedad civil puede –y tiene la obligación- de articularse para ser una fuente de propuestas y de soluciones para la construcción de un país que logre brindar seguridad y respeto a los derechos de todos. Requerimos replantear la política de seguridad.

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