HÉCTOR FAYA

Opinión: Ciudadanos y 'dientes' para la lucha anticorrupción

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Por Héctor Faya Rodríguez  @ADNPolitico
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Héctor Faya Rodríguez es abogado y maestro en Gobierno por la Universidad de Georgetown.

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El pasado 14 de noviembre, fue presentada en la Cámara de Senadores la cantada iniciativa del presidente electo, Enrique Peña, para crear una Comisión Nacional Anticorrupción mediante la modificación del artículo 113 constitucional y la expedición de una Ley Federal Anticorrupción. La iniciativa plantea básicamente las siguientes reformas:

1. Crear una agencia anticorrupción a nivel constitucional como instancia encargada de aplicar la legislación sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y coadyuvar con el Ministerio Público en la persecución de los delitos relacionados con actos de corrupción.

2. Que esta agencia cuente con facultades de actuación a nivel nacional, es decir, incluyendo a la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios de todo el país. Incluso plantea perseguir conductas corruptas de particulares.

3. La Comisión sería autónoma e independiente para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto, organización interna, gestión y sobre las investigaciones que lleve a cabo.

4. Dicha institución se integraría por cinco comisionados, con una duración de siete años sin posibilidad de reelección. Los comisionados serían propuestos por el presidente de la República y designados por las dos terceras partes del Senado, pudiendo el Ejecutivo hacer la designación directa de los comisionados en caso de que el Senado rechace su propuesta o no resuelva la designación en el plazo establecido.

5. En caso de que la Comisión encontrara actos presumiblemente constitutivos de delitos, debería dar vista al Ministerio Público, ya sea federal o estatal, y podría actuar como una instancia coadyuvante. También se prevé que, en los casos de corrupción, las responsabilidades no prescriban en un plazo inferior a cinco años.

6. De aprobarse la reforma constitucional por el Congreso Federal y las legislaturas estatales, se crearía un Consejo Nacional por la Ética Pública, diseñado como un órgano interinstitucional para impulsar acciones de prevención de la corrupción. Este consejo sería presidido por el Ejecutivo Federal e incluiría a ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.

De entrada, es positivo para México poner en el centro de la agenda el combate a la corrupción. En ocasiones anteriores, hemos dicho que si no aminoramos la corrupción, difícilmente podremos abordar los demás temas pendientes. Lo que necesita el gobierno (de cualquier partido) es confianza de la ciudadanía que se traduzca en cooperación y fortalecimiento del tejido social; en una atmósfera de corrupción, la confianza a las instituciones públicas es nula y los incentivos para incumplir la ley son mayores.

Una Comisión Nacional Anticorrupción, como la que ha planteado Enrique Peña, puede ayudar siempre y cuando sea efectiva. Si viene a constituir una dependencia más de simulación, el efecto puede ser mucho más adverso de lo que podemos imaginar. Por ello, la propuesta de crear este organismo ha causado no sólo expectativas, sino principalmente suspicacias e incredulidades.

Hay dos arreglos institucionales clave que podrían fortalecer a la Comisión para hacerla más efectiva de lo que se ha planteado al Congreso. El primero sería dotarla de capacidad para perseguir delitos (y no sólo coadyuvar o dar aviso al Ministerio Público), y el segundo sería garantizar la composición ciudadana y especializada de dicha Comisión, mediante la introducción de un procedimiento de selección donde intervenga la sociedad civil.

El primer punto es más que claro: una Comisión Anticorrupción sin dientes para perseguir delitos quedaría igual de limitada como lo estuvo la Secretaría de la Función Pública que está por desaparecer.

Pero aún más importante es el segundo punto: la designación de los Comisionados, como está planteada (propuesta del presidente pudiendo objetar el Senado), responde a una lógica contraria a la autonomía que pretende brindársele. Es imprescindible que la ciudadanía participe de manera efectiva en la conformación de dicho órgano, y que el Consejo Nacional de Ética Pública funcione como un consejo consultivo eminentemente ciudadano, por lo que el presidente de la República no debería presidirlo.

Bien dice la iniciativa legislativa presentada la semana pasada que las políticas anticorrupción que se han implementado en México, desde la década de los ochenta, han tenido dos limitaciones: no se ha involucrado a la sociedad civil y el sistema de sanciones no ha sido efectivo, porque los órganos encargados de imponerlas no han tenido la autonomía suficiente. Pues bien, el Congreso tiene la oportunidad única para no cometer el mismo error.

La Comisión Nacional Anticorrupción sólo va a ser de verdad si es ciudadana y si tiene dientes. Si no es así, será un esfuerzo más de la autoridad por transmitir el falso mensaje de que está preocupada por la corrupción.

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