MARÍA AMPARO CASAR

Opinión: ¿Las propuestas de Peña pasarán del dicho al hecho?

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Por María Amparo Casar  @amparocasar
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María Amparo Casar es licenciada en Sociología por la UNAM; maestra y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la University of Cambridge, King's College; catedrática e investigadora del Departamento de Estudios Políticos del CIDE; columnista en el diario Reforma; miembro de los comités editoriales de la revista Nexos y el Fondo de Cultura Económica, y colaboradora en espacios de análisis como el programa Primer Plano de Once TV México.

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Las de Peña Nieto del 1º de diciembre no fueron simples declaraciones de principio ni generalidades sino acciones concretas. Difícil estar en desacuerdo con ellas.

Salvo la iniciativa para crear un Código Penal único y nacional que algunos analistas juzgan inconveniente, cada una de las 13 medidas anunciadas entraña un avance en el bienestar de la población (adultos mayores, seguro de vida para las jefas de familia, cruzada contra el hambre, calidad en la educación, prevención del delito) o la ampliación de derechos (banda ancha para todos) o mejor gestión económica (austeridad y disciplina presupuestal, responsabilidad hacendaria, regulación) o mejoras en las comunicaciones y el transporte (trenes, líneas de metro, carreteras, competencia en telecomunicaciones).

Resalto tres particularidades de las promesas.

Primera, la gran mayoría de ellas no dependen de la instrucción del Ejecutivo porque involucran cambios a las leyes o a la Constitución. Se necesitará la voluntad de otros actores para que lleguen a buen puerto y si algo ya no quiere oír la población es “quise pero no me dejaron”.

El ambiente se siente propicio para que puedan construirse las mayorías necesarias para la aprobación de las iniciativas –ahí están los compromisos del Pacto por México- pero ya hemos visto que a la hora de aterrizar los propósitos a leyes concretas y a pactar los detalles surgen los desacuerdos irremontables.

Segundo, al menos dos de ellas, las que más sorprendieron y las más aplaudidas, afectan dos de los poderes fácticos con mayor influencia en este país por los recursos con los que cuentan y su capacidad de movilización: sindicatos y dueños de los medios de comunicación.

Otra vez, puede no dudarse de la voluntad del Ejecutivo pero hace falta mucho más que ella: decisión, inteligencia administrativa y jurídica, acompañamiento político y social, operación y respaldo.

Tercero, casi todas las instrucciones que dio el presidente a sus secretarios requieren de partidas importantes de recursos y, al menos para el presupuesto 2013 no se tiene prevista una reforma fiscal integral y, según informó posteriormente el secretario de Hacienda, tampoco la introducción de nuevos impuestos o la elevación de los existentes.

Si a ello añadimos el compromiso de un déficit presupuestal de cero no queda más que la austeridad presupuestal y/o gastar mejor.

El nuevo gobierno no ha querido responder a la pregunta de cuánto costarían los programas anunciados pero analistas económicos calculan ya que financiar el seguro de vida para las mujeres jefas de familia requeriría de 7,000 millones de pesos y el de la reducción a 65 años de la edad elegible para recibir el programa “70 y más” será por el orden de los 13,800 millones (Enrique Quintana, Reforma 03/12/12).

A ello habría que sumar las inversiones para la creación de infraestructura en las que desde luego se puede echar mano de la nueva ley de las asociaciones público-privadas pero que aún así implicará fuertes erogaciones de parte del gobierno.

Por eso la pregunta es, aún viniendo del presidente ¿una instrucción se materializa por el único hecho de emitirla? 

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