ANCELMO GARCÍA

Opinión: Los retos de Peña y Navarrete en política laboral

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Por Ancelmo García Pineda  @ADNPolitico
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NOTA DEL EDITOR: Ancelmo García Pineda es consultor especialista en política laboral, diálogo sindical y relaciones laborales, y colaborador de la revista IDC Asesor Jurídico y Fiscal, que igual que ADNPolítico.com es propiedad de Grupo Expansión.

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Enrique Peña Nieto, el nuevo presidente de México que tendrá el mandato constitucional entre 2012 y 2018, deberá responder a los desafíos de una política laboral que exige modernización y mayor atención desde el Poder Ejecutivo.

Si de verdad existe el interés de mostrar que ha llegado al poder un nuevo PRI, el recientemente nombrado secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, deberá realizar acciones contundentes que demuestren las diferencias con el pasado reciente. Venimos de un periodo en el que la Secretaría del Trabajo fue ocupada por manos inexpertas, o personajes de tesitura gris e irrelevante para el ámbito laboral.

Es importante recordar que en el último gobierno priista, anterior a los 12 años de panismo, en seis años desfilaron por la Secretaría del Trabajo cuatro personajes que rápidamente pasaron al olvido, por no dejar huella significativa de su trabajo y que ocuparon dicha cartera del gabinete sin pena ni gloria para el mercado de trabajo en México. Los cuatro secretarios del trabajo del “viejo PRI”, durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, fueron Santiago Oñate (1994-1995), Javier Bonilla (1995-1998), José Antonio González Fernández (1998-1999) y Mariano Palacios Alcocer (1999 a 2000).

Esa rotación del cargo de secretario del Trabajo, auspiciada por el viejo PRI, debe ser superada por Alfonso Navarrete Prida al mando de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y los desafíos no son menores.

Con el nombramiento de Navarrete Prida, las señales de renovación no son del todo claras, pues deberá echar a andar una reforma a la Ley Federal del Trabajo que, a decir de muchos, no es generadora de empleo por sí misma.

Además, al no ser un experto de temas laborales, de inmediato surgen las preguntas de ¿cuánto durará su curva de aprendizaje?, y ¿responderán los actores sociales con crítica e independencia, o serán dóciles y complacientes ante los grandes desafíos de la inexistente política laboral de Estado?

No podemos dejar de afirmar que el tema del empleo en México pasa necesariamente por una redefinición de una verdadera Política Laboral de Estado -así, con mayúsculas-, ya que de otra manera México no podrá salir del bache de escaso crecimiento y elevado empleo informal.

Es evidente que los graves problemas de desempleo, bajos salarios e informalización de la economía exigen una atención de elevada seriedad en torno a la búsqueda de soluciones para dichos problemas, que se han constituido en verdaderas calamidades de la nación mexicana.

Por ello resultará clave el programa que presente el nuevo titular de la Secretaría del Trabajo para responder con ética y profesionalismo a los desafíos que presenta el ámbito laboral.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), las políticas relacionadas con el ámbito laboral son aquellas que tienen que ver con el empleo, la administración del trabajo y la seguridad social y el mercado de trabajo.

El reto del presidente Peña Nieto y de su secretario del Trabajo es que la política laboral se entienda como el compromiso desde el Estado hacia el mundo laboral y todas las implicaciones que ello conlleva: desde que un ciudadano ingresa y accede al mercado de trabajo, la formación en y para el trabajo, el grado de empleabilidad de la ciudadanía, la negociación y el poder adquisitivo de los salarios, hasta la salida del mercado de trabajo vía pensiones y jubilaciones, así como la calidad de vida dentro y fuera del centro de trabajo, en aspectos como infraestructura de transporte, de vivienda y de salud, entre otros.

Las instituciones empresariales, sindicales y académicas deberían ser las primeras en exigir políticas públicas laborales, enmarcadas en una Política Laboral de Estado que reduzca la inaceptable -por injusta- distribución de la riqueza, que reconstruya las cadenas productivas y garantice en el largo plazo la cohesión social de la comunidad productiva.

Pero no son los únicos. Todos los ciudadanos debemos exigir un ambiente de mayores libertades y desarrollo económico para responder a los grandes desafíos de una Política Laboral de Estado, que consisten en:

1. No soslayar la importancia de una Política Laboral de Estado.

2. El rotundo fracaso de los programas de empleo hasta ahora aplicados.

3. El aumento de la pobreza de las personas con empleo y salario.

4. El casi nulo crecimiento del mercado interno de mercancías de bienes y servicios.

5. Vincular la política laboral a una intensa política industrial que reactive la economía Interna, y

6. Reducir la opacidad y corrupción en las instancias de justicia laboral.

De manera destacada, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que las políticas públicas laborales deben ser resultado del diálogo social y de la participación legítima de los actores del mundo laboral, a saber: los trabajadores y sus organizaciones, así como los empleadores y sus instituciones de representación.

El inicio de un nuevo sexenio es una oportunidad única para convocar al dialogo social en México para mejorar las políticas públicas laborales.

Finalmente, hay que anotar que la inacción desde las instancias gubernamentales es la peor forma de entender o hacer una política pública. La ciudadanía trabajadora es la que al final sale perdiendo, al no aprovecharse su potencial de generar riqueza y derrochar sus capacidades.

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