OPINIÓN

José Merino: La viabilidad del Pacto por México

Print Comments

Por José Merino  @PPMerino

José Merino, catedrático del ITAM, es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE, y tiene estudios de doctorado en Ciencia Política por la New York University.

***

La foto: los dirigentes de los tres principales partidos firmando un documento con 95 compromisos de política pública.

La reacción: de inmediato se alzaron en consenso voces de todos los frentes celebrando… el consenso.

El aterrizaje: algunos pocos desde el inicio, otros hasta que lo leyeron, pero el entusiasmo se ha ido mermando desde el anuncio del Pacto por México; hoy se cuestiona su viabilidad, se enfatiza lo difuso de varios rubros, o se critica abiertamente la pertinencia de algunos de los puntos (i.e. código penal único y una gendarmería nacional).

Lo cierto es que uno no puede evitar dar dos pasos atrás y ver el pacto en perspectiva. Que los partidos que ocupan 86% de los escaños en la Cámara de Diputados y el 88% en el Senado, suscriban por consenso 95 compromisos puede sólo explicarse por tres razones (o una combinación de ellas): 1) venimos de un pasado inmediato de total parálisis; 2) el cálculo de los partidos es más de politics que de policy; o, 3) el Pacto en realidad no tiene carnita.

El argumento de la parálisis, el preferido de políticos y medios, en realidad no se sostiene. Venimos de los 15 años más productivos en reformas constitucionales desde 1935; y en los que nunca se ha votado un presupuesto con menos del 70% de apoyo de los diputados presentes.

Creo que el Pacto obedece a una mezcla de los puntos 2) y 3), un consenso posible por lo difuso y/o inviable del contenido, pero que sirve bien a estrategias políticas al interior de los tres partidos. El PRI lanza una señal a la opinión pública de haber llegado para poner orden y construir un gobierno “eficaz”, y en torno a ello garantiza la unidad interior.

El PAN se presenta como una oposición “responsable”, urgida de redención (haremos como oposición lo que no logramos como gobierno); y depura así, las preferencias definidas por sus dos presidentes y sus respectivos seguidores.

El PRD traga sin gestos la idea simultánea de una izquierda polarizante y paralizadora; se rotula ahora como “moderna”, y simultáneamente purga a quienes no se pongan el rótulo y doblega a los que no tienen a dónde correr (i.e. Morena). Sabiendo los tres, que en lo esencial, el pacto no cambia las reglas del juego; no hace de ésta una democracia representativa; ni da a ciudadanos más herramientas de incidencia política.

RADIOGRAFÍA

De los 95 puntos, 36 corresponden al capítulo de libertades y derechos; 37 a economía; ocho a seguridad y justicia; cinco a corrupción y transparencia; y nueve a gobernabilidad democrática.

Sí, pero 32 de esos 95 puntos no requieren una reforma legislativa; es decir, se trata de puntos cuya implementación depende exclusivamente del presidente, y en los que, en estricto sentido, no se requiere aprobación alguna del PRD o el PAN en el Congreso. Por ejemplo, 42% de los compromisos sobre derechos y libertades no tienen que pasar por San Lázaro, junto con 38% de los de seguridad y justicia; y 35% de los de economía. En contraste, los nueve puntos sobre gobernabilidad pasan por el Congreso, lo mismo que cuatro de los cinco sobre corrupción.

Por lo pronto, esto nos dejaría con 63 compromisos que efectivamente requieren consenso (o al menos el apoyo de uno de los dos partidos más grandes de oposición).

Es curiosa la referencia repetida a los Pactos de la Moncloa, que junto con acuerdos elementales para la democracia española sobre libertades y derechos, constituyó en realidad un acuerdo en torno a una reforma fiscal. Nuestro Pacto no es un acuerdo fiscal; pero depende de uno para su viabilidad. Nuestra eterna vocación de poner la carreta delante de los caballos.

De los 95 compromisos, 48% requieren explícitamente una reforma fiscal para poder cumplirse: 100% de aquellos sobre corrupción; 63% de los de seguridad y justicia; 57% de los de economía; 53% de los de libertades y derechos; y sólo uno de los nueve sobre gobernabilidad.

Actualicemos nuestras expectativas, de los 32 compromisos que no requieren una reforma legal específica, 21 sí están sujetos a una reforma fiscal. Esto nos deja con sólo 11 que no requieren ni una ni otra, en los que efectivamente la oposición sale sobrando, concentrados en el capítulo sobre libertades y derechos. De los 63 que requieren de suyo uno reforma legal, 38 no dependen de la reforma fiscal, y 25 requieren ambas.

Entonces, en el peor de los mundos, 11 de los 95 compromisos podrán ser cumplidos sólo por el Ejecutivo. Si la reforma fiscal se aprueba, pero ninguna otra, podemos sumar otros 21. En el supuesto (extraño), de que no ocurra una reforma fiscal pero el PRI logre el apoyo de al menos uno de los partidos grandes de oposición para aprobar una serie de reformas, sumaríamos 38 más.

Ahora bien, haciendo una lectura cuidadosa (pero subjetiva) de los 95 compromisos, podemos dividirlos entre aquellos que contienen objetivos específicos y aquellos con objetivos más bien difusos. Desde mi lectura (se pueden consultar los datos al final), 55% de los compromisos contienen objetivos específicos y 45% no. Seguridad y justicia, y corrupción y transparencia, son los capítulos con mayor precisión; mientras que gobernabilidad, y libertad y derechos los menos concretos.

De los 52 compromisos bien especificados, apenas 13 requieren un reforma propia y la reforma fiscal; 23 requieren sólo una reforma propia; 22 son viables sólo con una reforma fiscal; y siete no requieren ni una ni la otra. De los 43 compromisos difusos, cuatro no requieren reforma alguna; 12 están sujetos a la reforma fiscal; 12 requieren la reforma fiscal y además una reforma propia; y 15 pueden cumplirse sólo con una reforma propia.

El problema con el Pacto no es que no especifique los “cómos”, no tendría por qué (en esta etapa); el problema es que no especifica los “qués” en 43 de los 95 puntos; la viabilidad de 48% de los compromisos descansa en una reforma fiscal que NO está especificada en el Pacto; y de los 63 puntos que requieren una reforma propia, 19 no están siquiera bien detallados en sus objetivos.

EL PACTO POR MÉXICO... EN LOS HUESOS

Podemos pensar que un compromiso es más cumplible si está bien especificado que si no (dado que los partidos saben con precisión lo que están suscribiendo); y por supuesto, si no requiere reforma alguna y/o si no está sujeto a la reforma fiscal. La ponderación entre reformas es un poco arbitraria, yo asumo que la reforma fiscal implica mayores retos para la formación de una mayoría, que las reformas específicas a cada compromiso (cuando se requieran). Un supuesto debatible en varios casos, pero que permite clasificar los 95 compromisos en ocho categorías de acuerdo a su viabilidad presupuestal y política.

De mayor a menor viabilidad:

 

***

Las opiniones de los colaboradores y los usuarios de ADNPolítico.com no representan el punto de vista de este sitio ni el de Grupo Expansión.

Por favor déjanos tu comentario