OPINIÓN

Carbonell: Es posible una nueva estrategia de seguridad

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Por Miguel Carbonell  @MiguelCarbonell
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Miguel Carbonell es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su cuenta de Twitter tiene más de 95,560 seguidores. Su sitio web es www.miguelcarbonell.com

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Durante años, Felipe Calderón sostuvo que no había alternativa alguna a su estrategia de combate a la inseguridad. Fueron tantas las veces que lo escuchamos y tan profunda la convicción del entonces presidente que muchos acabaron creyéndole.

Hoy sin embargo la opinión pública mexicana tiene a la vista una aproximación sustantivamente diferente de parte del nuevo gobierno.

Para empezar, el presidente Peña Nieto propone centrar toda la energía del Estado en combatir los delitos que más lastiman a las familias mexicanas: homicidio, secuestro y extorsión. Esas tres modalidades delictivas aumentaron de forma impresionante durante el sexenio de Calderón (solamente en el caso del homicidio el aumento fue del 300% entre 2007 y 2011).

Si la estrategia de Peña logra disminuir su incidencia, seguramente se ganará el respeto y el aplauso de los ciudadanos.

En segundo lugar, el gobierno actual propone poner en el centro de la estrategia el irrestricto respeto a los derechos humanos, un tema que le causaba repulsión a Felipe Calderón, quien incluso llegó a mofarse en público de quienes reclamaban ese respeto. Lo cierto es que sin respeto a los derechos humanos cualquier estrategia se desacredita de entrada, porque hace imposible saber que las personas detenidas efectivamente son culpables. A través de la tortura se puede obtener cualquier tipo de declaración, incluso de personas que son inocentes.

En tercer lugar, la nueva estrategia propone un enfoque regional en el que se ataquen las peculiaridades delictivas que presenta cada parte del país.

En efecto, no es lo mismo la contención delictiva que debe hacerse en Ciudad Juárez, que lo que se requiere en el Distrito Federal, de la misma forma que no puede ser igual lo que se haga en Tamaulipas que lo que deba emprenderse en Querétaro; la aproximación regional, si es bien realizada, tendrá la virtud de ser específica respecto de las necesidades locales, pero también podrá abatir el llamado “efecto cucaracha”, de forma que se evite la migración de los delincuentes de una entidad federativa a otra.

En cuarto lugar, hay una apuesta más decidida por la prevención de los delitos, a través del acompañamiento de programas de empleo, escuelas de tiempo completo y actuaciones precisas de la Sedesol.

Lo más barato y lo mejor siempre será prevenir: el estado debe anticiparse a la comisión del delito, en vez de limitarse a actuar una vez que ya fue cometido.

En quinto lugar, hay un rechazo al uso indiscriminado de figuras que violan por su sola existencia los derechos humanos y hacen imposible el debido proceso legal.

El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ha manifestado su reticencia al uso del arraigo (que la ONU y la OEA han pedido que se deje de usar en repetidas ocasiones) y la utilización masiva de testigos protegidos (hay uno muy famoso utilizado por la PGR desde hace años que tiene una memoria prodigiosa: ha declarado en más de 600 procesos penales federales y en algunos ha llegado a recordar más de 200 nombres de personas presuntamente vinculadas al crimen organizado).

La apuesta del presidente Peña Nieto es ambiciosa, como debe serlo tratándose del tema que más preocupa a los mexicanos; lo interesante será ver si podemos observar resultados tangibles en el corto plazo.

De momento los gobernadores se mostraron convencidos del enfoque propuesto y le aplaudieron al presidente. Ojalá que los ciudadanos podamos también terminar satisfechos y disfrutar de un México más seguro para todos. Después de los años de plomo que vivimos a partir de diciembre de 2006, cualquier mejoría será bienvenida.

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