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Hace bien Peña Nieto en desnarcotizar no sólo la agenda pública sino incluso la agenda de seguridad.

Seis años de escuchar al presidente Calderón y a buena parte del gabinete hablar sobre la guerra contra el narcotráfico y de constatar la elevación en la tasa de homicidios dolosos, secuestros, extorsiones y robos, tiene a la población en un grado de saturación excesivo; más allá de que la inseguridad creció a niveles alarmantes, la percepción de inseguridad aumenta cuando a toda hora se habla de ella.

Hace bien también en anunciar que el nuevo gobierno se enfocará fundamentalmente a disminuir aquellos delitos que más preocupan al ciudadano común que a capturar bandas y capos del crimen organizado.

Pero cuidado. El cambio de narrativa y de foco pueden ser bien recibidos pero se agotarán muy rápido si no hay anclaje en la realidad; si no hay resultados tangibles.

El anuncio de la llamada “nueva estrategia” denota apresuramiento, da la idea de que no se quiere perder el paso y de que, aún si todavía no se tienen los programas bien delineados, es necesario divulgar cada día una medida novedosa que abone a la percepción de que el gobierno de Peña sí se mueve.

Construir seguridad no es como construir puentes, carreteras, caminos y distribuidores que tienen un tiempo de maduración más corto, que se pueden evaluar con facilidad y que dependen más de la inversión que de las capacidades institucionales.

La presentación de la Nueva Política de Estado por la Seguridad y la Justicia presentada en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública no alcanza a ser una estrategia. Los 5 ejes alrededor de la cual se piensa construir –planeación, prevención, protección de los derechos humanos, colaboración, transformación institucional y evaluación- no son sino líneas o guías de acción.

A diferencia del Pacto por México, en este documento los qués, los cómos, los cuándos, los responsables, las metas y los plazos, no aparecen por ningún lado.

Mucho se pidió, con razón, a Calderón que definiera que significaba que se iba ganando la guerra contra el crimen organizado, que se pronunciara con respecto a los indicadores que podían indicarnos el éxito o fracaso de su estrategia, nunca se obtuvo una respuesta medianamente satisfactoria. La misma pregunta debe hacerse a Peña Nieto.

Algo similar ocurre cuando se revisan los compromisos adquiridos. La mayoría de ellos son compromisos que también se impuso Calderón y que formaban parte de su estrategia: prevenir el delito, transversalidad, cumplir con la reforma de derechos humanos, coordinación profesionalización, capacitación y evaluación policial,  elaboración de protocolos, unidades especiales contra el secuestro y Plataforma México. En todos estos no hay novedad. La apuesta será entonces a que este gobierno sea más efectivo en el cumplimiento.

En realidad de las pocas medidas novedosas son la creación de 5 instancias regionales de coordinación, revisar licencias a establecimientos de alto impacto y la creación de la Gendarmería de la que se habla mucho pero poco se sabe.

¿De dónde por ejemplo se van a conseguir 10,000 efectivos que sean profesionales, eficaces e inmunes a ser capturados por los cárteles y bandas de pequeños y grandes criminales?

En fin, no hay nada en la estrategia que sea objetable pero tampoco nada que nos diga que hay un cambio radical.

A esta nueva política se le ha denominado Política de Estado pero no hay que olvidar que las políticas de estado no se decretan, se construyen. 

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