VIDAL ROMERO

Opinión: No nos hagamos tontos con la inseguridad

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Por Vidal Romero  @vidalromero_
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Vidal Romero es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Stanford. Es profesor-investigador del ITAM y actualmente es profesor visitante del Center on Democracy, Development, and the Rule of Law de la Universidad de Stanford.

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Hemos gastado cantidades industriales de tinta y saliva criticando la política de seguridad del pasado gobierno de Felipe Calderón, y ahora discutimos las primeras propuestas de la administración de Enrique Peña Nieto sobre seguridad pública. Pero muy poco hemos hecho como individuos para mejorar la seguridad.

Toda actividad criminal requiere para ser combatida efectivamente la colaboración de amplios segmentos de la sociedad. El Estado no puede tener ojos en todos los rincones para saber qué está pasando y, peor aún, si grupos dentro del Estado están coludidos con los criminales, la solución desde arriba nunca llegará. Si esperamos a que el gobierno nos resuelva el problema de la inseguridad (como también esperamos que resuelva la educación, el empleo, la contaminación, el tráfico, la obesidad, etc…), nada cambiará sustancialmente.

Ciertamente el Estado tiene ante sí tareas monumentales —como limpiar y profesionalizar a las policías, limpiar y hacer más eficiente el poder judicial, generar alternativas viables al trabajo en organizaciones criminales, entre muchas otras— y debemos vigilar en todo momento qué hace el Estado, pero esto no excluye nuestras tareas. No hagamos como que la virgen nos habla.

La existencia de las organizaciones criminales surge de una serie de decisiones individuales: la decisión de comprar y consumir droga, la decisión de comprar artículos robados o en establecimientos que no pagan impuestos, la decisión de participar en una actividad delictiva, o la decisión de aceptar socialmente a quienes se dedican a actividades criminales. 

El caso del consumo de drogas es paradigmático. En los mercados de consumo, los individuos votamos con el bolsillo. Al comprar el producto A y no el producto B, estoy revelando mis preferencias y marginalmente incrementando la probabilidad de que la empresa que comercia el producto A permanezca en el mercado y la empresa que comercia el producto B desaparezca del mercado. Al consumir droga—y no hacer nada por evitar que nuestros seres cercanos la consuman— estamos votando porque permanezcan en el mercado los narcotraficantes y sus actividades asociadas, como secuestro y robo.

Podemos discutir las bondades de legalizar la producción, el comercio y el consumo de drogas, pero el hecho es que en este momento —con algunas excepciones—nuestras normas no lo permiten. El estar en desacuerdo con la prohibición de las drogas no es un justificante para su uso. Implica que si una ley nos parece "incorrecta", entonces tenemos el derecho a incumplirla. Mañana alguien estará en desacuerdo con la penalización del secuestro, o del homicidio, o de la necrofilia, o de pagar impuestos, y sentirá el "derecho" a cometer estos actos. Esto es inaceptable en una sociedad democrática en términos de un funcionamiento eficiente.

Si una norma nos parece incorrecta, entonces busquemos cambiarla, o de plano mudémonos a una sociedad en donde estén más de acuerdo con nuestras posiciones, se vale; pero en tanto no se modifiquen las reglas, cumplámoslas, especialmente porque en este caso el incumplimiento tiene externalidades negativas para el agregado social.

Son actos al nivel individual los que determinarán si logramos salir del escollo actual de inseguridad que enfrentamos, no políticas faraónicas. No nos hagamos tontos, sí tenemos cosas por hacer. Podemos usar el poder del consumidor para decidir si sobreviven o no las organizaciones de criminales.

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