RICARDO SEPÚLVEDA

Opinión: ¿Cuándo esperar resultados en materia de seguridad?

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Por Ricardo Sepúlveda  @Rsepulvedai
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Ricardo Sepúlveda es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Panamericana, licenciado por la Escuela Libre de Derecho y especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Nottingham en Inglaterra. Es también director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad Justicia y Legalidad.

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Después del cambio de gobierno, como era de suponerse, tanto los delitos como los hechos de violencia han mantenido y, en algunas regiones, incluso incrementado sus niveles críticos.

Esta situación ha provocado reacciones tanto de la ciudadanía como de la autoridad. Por un lado, hay un cuestionamiento de la sociedad sobre la falta de resultados y, por otro, las autoridades, el presidente y el secretario de Gobernación, han reaccionado expresando que esto será un proceso que tomará tiempo.

Ante esta dialéctica, la pregunta que surge es cuándo es justificable esperar y por lo tanto exigir “resultados” en materia de seguridad y cuáles podrán ser estos. La crisis de inseguridad en que se ha sumido nuestro país no tiene precedentes y, por ende, esta pregunta resulta central en el momento social y político de México.

Hay que tomar en cuenta que naturalmente y, sólo por el hecho mismo de la alternancia en el gobierno, la sociedad espera mejorías palpables especialmente en el tema de seguridad que actualmente es el de mayor preocupación de acuerdo con diversas encuestas como Latinobarómetro y la Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana en México, entre otras.

Ante ello es claro que el tiempo corre en contra del gobierno y además lo hace sin pausa alguna. Todos esperamos y, es justificado que así sea, una mejoría tangible en el plazo inmediato. ¿Puede darse esto? y si sí, de qué manera?

Para poder intentar una respuesta a un cuestionamiento tan complicado hay que comenzar por hacer una distinción inicial.

La seguridad como derecho humano, desde una visión de seguridad ciudadana, tiene una doble faceta: una objetiva y otra subjetiva; el componente objetivo está constituido por todas las circunstancias y factores que propician que una persona pueda ser afectada y/o despojada de sus derechos; mientras que, el componente subjetivo es la percepción de las personas de que eso pueda ocurrir.

Ambas realidades constituyen la materia y objeto del derecho a la seguridad. Partiendo de esta distinción cabría igualmente distinguir entre los resultados que pueden darse en los aspectos objetivos y/o en los que se refieren a la percepción.

En cuanto a los primeros, es decir los objetivos, el principal resultado está en los niveles de incidencia delictiva y de violaciones a derechos humanos, todo lo demás (capturas, decomisos, acuerdos, fondos, anuncios, etc.) pueden calificarse simplemente como acciones o procesos pero nunca como resultados. Es cierto que medir la incidencia delictiva no es un asunto simple, pero hay formas de hacerlo y especialmente se refieren a la medición de la denuncia, de la cifra negra y a los índices de impunidad.

En cuanto a los aspectos subjetivos, estos se refieren a lo que las personas opinan y sienten al respecto. La mayor parte de las metodologías suelen referirse a dos puntos fundamentales: la noticia que la gente tiene sobre los hechos delictivos y  la confianza que le inspiran las autoridades para resolver las afectaciones sociales.

Sin embargo, hay un dato fundamental que no puede perderse de vista, ambos aspectos, tanto el objetivo como el subjetivo, están vinculados y no puede haber un avance solo en la percepción si no se refleja también en la incidencia delictiva y viceversa.

Con estas puntualizaciones podemos preguntarnos más directamente cuándo y qué tipo de resultados podemos esperar –y por lo tanto exigir- de las autoridades.

La respuesta debe ser que los resultados si bien se pueden dar en el inmediato plazo, ya que la mejoría puede darse de diversas formas y a muchos niveles, por ejemplo, la percepción de inseguridad puede modificarse si se cambia la política de comunicación sobre el tema, o bien si se mantiene un discurso más cercano a las necesidades sociales. Sin embargo, estos no son los únicos resultados que la sociedad requiere, tarde o temprano, estos deberán medirse a través de dos datos duros: el nivel de incidencia delictiva (denuncias y cifra negra) así como el índice de impunidad.

Estas dos variables no dependen del discurso sino de la eficiencia con la que actúen las autoridades y de las políticas públicas que se definan e implementen.

Hasta el momento sólo podemos decir que el discurso del Ejecutivo entrante en materia de seguridad ha sido en su mayor parte coincidente con la visión de las organizaciones sociales y ha recogido las exigencias ciudadanas que, se podría decir, forman parte de la agenda común ciudadana. Sin embargo, esto tiene un límite temporal, que exige que los planteamientos generales se traduzcan en planes específicos y estos a su vez en resultados concretos.

Debido a esto, es conveniente destacar algunos retos fundamentales para lograr esta suerte de concreción que lleve al logro de resultados: uno es el de institucionalizar el acercamiento con la sociedad civil que ha propuesto, al menos en el discurso, el gobierno como un nuevo contexto de redefinición de las políticas y estrategias gubernamentales. Si no existe un mecanismo  definido para atender las demandas y propuestas ciudadanas, la participación social se menguará o bien perderá la articulación y la legitimidad que se requiere como condición para la eficacia de las políticas de gobierno.

En este punto toma especial relevancia –sin ser el único espacio de participación- la definición del papel que tendrán los ciudadanos dentro del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Otro reto fundamental es lograr que la apuesta por la coordinación –como presupuesto de eficacia- que se buscó a través de centralizar las funciones en la Secretaría de Gobernación, realmente se lleve a cabo.

Las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública no son más que el primer paso de la reestructuración que se pretende; pues entre otras cosas aún queda pendiente la definición de la coordinación entre las distintas dependencias encargadas del tema dentro de Segob y, lo que es más importante, qué lugar va tener el Sistema Nacional de Seguridad Pública ya que no debemos olvidar que este tiene su propia ley y que esta no se ha siquiera planteado modificar.

Tener una estructura clara permitirá llevar a cabo la planeación para que las grandes líneas se puedan convertir en políticas públicas eficaces y mensurables. Por ahora nos mantenemos en los planteamientos generales.

En conclusión, podemos esperar –y por lo tanto exigir- resultados en materia de seguridad ya, sin embargo, los resultados de fondo, que se dan reflejan en los índices delictivos y en los de impunidad, dependerán de varios factores ; dos de ellos muy relevantes, son la institucionalización de la participación ciudadana y la estructuración de las instancias de coordinación. El tiempo es breve y lo tenemos en contra.

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