VIDAL ROMERO

Opinión: ¿Qué hacer ante los endeudamientos locales?

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Por Vidal Romero  @vidalromero_
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Vidal Romero es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Stanford. Es profesor-investigador del ITAM y actualmente es profesor visitante del Center on Democracy, Development, and the Rule of Law de la Universidad de Stanford. 

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El recientemente descubierto problema de la deuda subnacional es sólo un síntoma del endémico problema de gasto ineficiente.

Dicha ineficiencia se genera por la estructura de incentivos que enfrentan los gobernantes de estados y municipios para gastar, y como consecuencia para decidir contratar deuda pública. En específico, hay dos desconexiones institucionales en el sistema mexicano, una fiscal y otra electoral, que incentivan el comportamiento irresponsable de los gobernantes subnacionales.

Ciertamente hay que revisar y castigar comportamientos ilegales de funcionarios de Hacienda, empleados de bancos, alcaldes y gobernadores, pero esto no solucionará el problema de fondo. Incluso si todo se hace legalmente podemos seguir sumidos en gasto ineficiente y deudas impagables. Si no se modifican los incentivos, el dejà vu de la deuda impagable nos visitará cíclicamente.

Primero sobre la desconexión fiscal. La recaudación como proporción del gasto total de estados, con excepción del Distrito Federal que malamente tiene un régimen distinto, y municipios no llega en promedio al 20%.

En muchos municipios ni siquiera llega al 5%. Esto genera una severa desconexión entre lo que pagamos de impuestos y los resultados que observamos.

Los impuestos que pagamos no están etiquetados para su uso, o es una etiqueta demasiado general; al preguntarnos de dónde sale el dinero para una obra pública, lo más que usualmente podemos conocer son generalidades como “de nuestros impuestos” o “de dinero público”, en este esquema es muy fácil esconder el costo de las obras para los contribuyentes. Incluso nos dicen que “el gobierno nos dio la obra”, como si el dinero fuese del gobierno y filantrópicamente hiciera su trabajo.

Como parte de la tan hablada reforma fiscal debiéramos producir reglas que conecten la recaudación con el gasto de forma más directa. Que el impuesto X se aplique para el gasto Y, de esta forma los gobernantes y los ciudadanos podemos evaluar mejor los costos y beneficios de las alternativas.

Si queremos la obra X, entonces habrá que pagar más impuestos, reducir el gasto en otra área para costearla, o contratar deuda, a sabiendas del costo futuro que tendrá. Este esquema tiene un costo político (por lo que no es deseable para los gobernantes), ya que transparenta los costos y así incentiva a que el gasto sea eficiente. Con el actual sistema opaco los gobernantes pueden prometer y realizar obras públicas sin tener que informar los costos directamente a los votantes—quienes terminarán eventualmente pagando la obra, casi siempre sin saberlo.

Mientras la federación continúe transfiriendo la inmensa mayoría de los recursos a las unidades subnacionales, el esfuerzo recaudatorio se mantendrá al mínimo, y las baterías de gobernadores y alcaldes se seguirán enfocando en cabildear más recursos con la Secretaría de Hacienda o en pedir prestado.

Debiera el gobierno reducir al mínimo sus esfuerzos de equidad entre entidades y municipios. Además de los límites legales, los municipios y estados no recaudan más porque no quieren. Es una posición muy cómoda, acorde a los incentivos presentes; es mejor molestar a algún subsecretario de Hacienda que a los votantes.

Hay evidencia de datos comparados entre países en donde se muestra que mientras menos proporción de su gasto sea por propia recaudación, más ineficiente será el gasto en una nación. 

La segunda desconexión que incentiva el perverso estado de cosas en materia fiscal subnacional es electoral.

Con las actuales reglas, los votantes no tenemos forma de presionar a los gobernantes, por lo que las consecuencias de sus actos de gobierno son prácticamente nulas. Por ejemplo, la posibilidad de reelección de gobernadores y la posibilidad de reelección inmediata de alcaldes otorgaría incentivos para hacer más eficiente el gasto, al menos durante periodos más largos que los actuales.

El gasto público, y por ende la contratación de deuda, sería mucho más eficiente en un sistema en el que estuvieran conectados de forma muy clara los impuestos y el gasto, y en el que los buenos gobernantes puedan ser premiados con más tiempo en el poder. Los principios son muy simples. Que cada quien se gane lo que gasta y que cada quien se haga responsable de sus actos.

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