OPINIÓN

Miguel Carbonell: El caso Cassez ¿un patrón de injusticias?

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Por Miguel Carbonell  @MiguelCarbonell
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Miguel Carbonell es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su cuenta de Twitter tiene más de 99,000 seguidores. Su sitio web es www.miguelcarbonell.com

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La Primera Sala de la Suprema Corte, luego de un tortuoso y largo proceso interno de discusión, decidió ordenar la libertad inmediata de la francesa Florence Cassez. En lenguaje jurídico, lo que hizo la Corte fue otorgarle un "amparo liso y llano", dando como consecuencia que las puertas del Reclusorio Femenil de Tepepan se abran de par en par para que pueda salir Cassez.

El caso que tanto ha llamado la atención de la opinión pública nacional e internacional empezó en diciembre de 2005, cuando Cassez fue detenida por policías de la AFI, dependencia de la PGR, pero presentada al día siguiente ante los medios de comunicación.

Lo que hoy sabemos y está confirmado judicialmente, es que fue ilegalmente retenida durante casi 24 horas, que no le avisaron enseguida al Consulado de Francia pese a lo que ordena la Convención de Ginebra sobre Relaciones Consulares (firmada y ratificada por México) y que las declaraciones de los testigos cambiaron una y otra vez. Se trató, en suma, de un proceso con vicios severos y notables, pese a los cuales le fueron dictadas tres sentencias condenatorias a Florence Cassez, la primera de más de 90 años de cárcel y las dos segundas de 60 años.

La Primera Sala de la Corte, sin embargo, estimó que las violaciones a los derechos de Cassez fueron de tal importancia que las sentencias anteriormente dictadas no se podían quedar como estaban.

De hecho, tres de los Ministros de la Primera Sala apreciaron que la gravedad de las violaciones ameritaban la puesta en libertad inmediata de Cassez. El Ministro José Ramón Cossío, por el contrario, sostenía la necesidad de anular algunas de las pruebas y devolver el expediente a un tribunal inferior para que en su momento dictara una nueva sentencia, pero también se pronunció a favor de otorgarle el amparo a Cassez.

Por su parte, el Presidente de la Sala, Jorge Pardo Rebolledo, propuso devolver el asunto a un tribunal inferior para que analizara de forma diferente algunas de las pruebas, pero al final votó en contra de otorgarle el amparo a Cassez y se quedó en una absoluta minoría.

Lo que queda ahora, una vez que Florence Cassez va a retomar su vida en Francia, es algo que tiene la mayor relevancia para nosotros los mexicanos. Debemos esforzarnos en comprender a cabalidad qué fue lo que ocurrió. Me queda claro que el caso Cassez es solamente el síntoma de un sistema policiaco y judicial que presenta grandes grietas y que debe ser reparado en profundidad.

Florence Cassez probablemente ya esté a salvo de ese sistema disfuncional, pero más de 110 millones de mexicanos seguimos expuestos a sufrir todo tipo de vejaciones a manos de la policía, las procuradurías o los jueces, ya sea como víctimas del delito o como acusados. 

La sentencia de la Primera Sala de la Corte nos vuelve a recordar que al procurar e impartir justicia, el Estado mexicano ofrece un preocupante paisaje lleno de zonas opacas o de plano invisibles, actuaciones arbitrarias, simulaciones de operativos policiacos que pasan por encima de todos los derechos, llamativas relaciones de complicidad entre policías y reporteros (como ha sido siempre, por otro lado), prácticas de tortura y vejaciones recurrentes, invención y manipulación de pruebas, ausencia de profesionalismo en la investigación, laxitud a la hora de formular argumentos jurídicos para condenar a una persona, entre otras cuestiones.

¿Vamos a dejar que todo siga así o estaremos ante la oportunidad de unirnos en un clamor nacional para que se reforme la justicia? ¿se nos olvidará todo lo que hemos visto o seguiremos padeciendo de la nefasta memoria corta que suele caracterizar a la opinión pública mexicana?

El peor escenario es que todo siga como está. No solamente que no cambiemos el sistema judicial, sino además que no exijamos más profesionalismo a nuestros periodistas, que nadie sea llamado a cuentas por la ineficaz respuesta del Estado mexicano en su lucha contra el secuestro, que ningún participante en el "montaje" televisivo responda ante la justicia. Ese es el peor escenario y también el más probable, por desgracia.

El caso de Florence Cassez es muy grave. Lo es por el drama humano que se produjo alrededor del caso y por los cuestionamientos que suscitó hacia instituciones fundamentales del Estado mexicano, pero lo es también porque, con toda probabilidad, no se trata de un caso único, sino que más bien responde a un patrón de injusticias que se reproduce hasta el infinito.

De ahí la importancia de estudiarlo y analizarlo sin prejuicios. Lo que decidió la Corte al ordenar la libertad de Cassez en el fondo nos importa a todos, porque de alguna u otra manera nos va a afectar a nosotros y a las generaciones venideras.

Al revés de lo que han sostenido los analistas más superficiales y peor informados, lo que ha estado siempre en juego no es solamente la libertad de una ciudadana francesa, sino el futuro de la justicia que queremos para México. Y eso es algo que solamente los mexicanos podemos arreglar. Ojalá lo hagamos pronto.

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