ARTURO ESPINOSA

Opinión: ¡Mucho ojo al designar funcionarios de alto nivel!

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Por Arturo Espinosa  @AESUPD
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NOTA DEL EDITOR: Arturo Espinosa Silis es secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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Contar con instituciones legitimadas y confiables contribuye a generar certeza frente a la población en la toma de decisiones, así como a consolidar el sistema democrático.

Las instituciones son base fundamental del Estado, estas trascienden en el tiempo y permanecen; sin embargo, sus integrantes son temporales.

Uno de los pasos para lograr esto, es que quienes integran los órganos decisorios de las instituciones provengan de procesos de designación que sean públicos y transparentes.

En México, quienes conforman los órganos superiores de decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, entre otros, son servidores públicos que pasaron por un proceso de designación en el que intervinieron dos de los tres Poderes de la Unión (Ejecutivo-Legislativo o Judicial-Legislativo).

En términos generales, dichos procesos de designación son poco observados, muchas veces, inclusive, pasan desapercibidos. A veces, esto se debe a que los mismos no son ni públicos ni transparentes.

Los encargados de realizar las designaciones, en ocasiones toman el proceso con poca seriedad. Pocas veces se hace una diagnóstico de las necesidades o retos institucionales para el corto, mediano o largo plazo, o un estudio de las facultades con que cuenta el órgano a integrar, a fin de determinar el perfil idóneo de quién debe ocupar el cargo. En algunos casos, difícilmente se conocen los perfiles de todos los aspirantes ocupar el cargo que se encuentra en juego.

Este tipo de designaciones cobra importancia al momento en que se emite una determinación que afecta a intereses específicos, pues es cuando comienzan a darse los cuestionamientos sobre la legitimidad, confianza y funcionalidad de la institución y de sus integrantes.

Lo deseable en un proceso de designación de los integrantes de estos órganos de decisión sería que se busque que quienes los conforman sean ciudadanos con un cierto grado de conocimientos y preparación, además de independientes e imparciales.

Penosamente hemos visto cómo muchos cargos públicos se designan en función de cuotas partidistas, en los que los partidos políticos intentan repartirse los cargos a designar en función de cuotas (basta recordar el proceso de designación de consejeros electorales en 2010-2011 que tomó más de un año, dejando un Consejo General del IFE incompleto durante dicho tiempo).

El proceso de designación pocas veces se realiza con la seriedad que corresponde. En ocasiones se lleva a cabo sin los más mínimos criterios de transparencia y publicidad, los nombramientos se basan en intereses propios, de partido o de un determinado grupo de poder, sin considerar las necesidades y los retos que tiene por delante la institución para la cual se está realizando la designación. Ello genera un vicio de origen.

Un proceso de designación en el que no se observen criterios de publicidad, transparencia, objetividad, independencia e imparcialidad, puede ser, en el momento en que se toma alguna decisión polémica, la punta de lanza para posteriores descalificaciones y ataques hacia la institución, contribuyendo a su desprestigio como autoridad.

Considero que como ciudadanos es importante dar seguimiento a las designaciones públicas, velando para que las mismas se realicen de manera transparente, mediante un proceso público y con reglas claras y previamente establecidas, eligiendo a aquellos aspirantes que garanticen transparencia, objetividad, independencia e imparcialidad en la toma de decisiones.

Sin embargo, la función más importante la tienen quienes llevan a cabo el proceso de designación, pues son ellos quienes deben entender que tienen un poder y una responsabilidad muy significativa: el de elegir a ciudadanos que contribuyan al desarrollo democrático del país, que tengan una visión que vaya más allá de sus intereses personales y que asuman un verdadero compromiso con el país.

El proceso de designación de integrantes de un órgano de máxima decisión en una institución debe ser la base para que la institución tenga legitimación y genere confianza entre los ciudadanos, de lo contrario su desprestigio sería casi inevitable.

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