HERNÁN GÓMEZ

Opinión: Cómo evitar que fracase la Cruzada contra el Hambre

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Por Hernán Gómez Bruera  @hernangomezb
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Hernán Gómez Bruera (hernanfgb@gmail.com) es analista político, Doctor en Desarrollo por la Universidad de Sussex y consultor en derecho a la alimentación. Es autor de los libros "Conversaciones sobre el Hambre: Brasil y el Derecho a la Alimentación", “Desde el Sur” y “Lula, the PT and the Governability Dilemma in Brazil”, de próxima publicación. Ha sido colaborador de la revista Nexos y del periódico El Universal.

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Hace más de medio siglo el sociólogo Josué de Castro escribía: "El hambre es la exclusión. De la tierra, de la renta, del empleo, del salario, de la vida y de la ciudadanía". Y decía: "Cuando una persona llega a no tener que comer es porque todo lo demás le ha sido negado".

Nadie debiera cuestionar la necesidad de instrumentar una campaña contra el hambre en un país como México, venga del gobierno que venga. El derecho a la alimentación es uno de los derechos humanos fundamentales. Corresponde al Estado garantizarlo como un deber político, moral y legal. Pero la sociedad también tiene una responsabilidad.

La cruzada -que busca llegar a 7.4 millones de personas que se encuentran en pobreza extrema y carecen de acceso a los alimentos en 400 municipios-, se ha planteado objetivos asequibles que pueden alcanzarse en un sexenio. Sin embargo, una campaña de este tipo sólo puede ser exitosa si logra una amplia movilización social y si la sociedad civil, y los propios beneficiarios, participan de forma efectiva no sólo en instancias nacionales, sino particularmente en el ámbito local.

Así parece contemplarse en el decreto a través del cual se lanzó la cruzada. En él se prevé la conformación de comités comunitarios integrados por los beneficiarios, quienes habrán de supervisar el cumplimiento de objetivos y garantizar la transparencia. Se prevé que estos comités jueguen un papel importante: participarían tanto en el proceso de instrumentación como en supervisar el cumplimiento real de los objetivos pautados.

¿Será que realmente estos comités tendrán el alcance que prevé el decreto? ¿Cómo se integrarán para que puedan llevar a cabo sus funciones?

Indudablemente, el nuevo gobierno ha recogido elementos del Programa Hambre Cero en Brasil, el cual constituye hoy una política impulsada por el Secretario General de las Naciones Unidas a nivel mundial.

Valdría la pena distinguir, sin embargo, entre lo que fue la primera fase de Hambre Cero en Brasil, cuando la sociedad se movilizó ampliamente y se abrieron canales genuinos de participación, y la segunda fase, cuando esos canales se cerraron y Hambre Cero se convirtió esencialmente en un programa controlado de arriba hacia abajo por el gobierno.

Es una vieja historia. Los gobiernos tienden a crear mecanismos participativos para legitimar en un inicio ciertas políticas públicas y darles un aura de respetabilidad y aceptación social, para después limitar su grado de influencia o simplemente hacerlos a un lado.

Durante el primer año de Hambre Cero se crearon en el país más de 2 mil "comités gestores", compuestos por cerca de ocho representantes cada uno, que movilizaron cerca de 20 mil voluntarios. Los comités fueron diseñados, precisamente, para fiscalizar a los poderes públicos, para supervisar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan; evitar el uso electoral del programa, las prácticas clientelares y la corrupción.  

Así, en lugar de que las autoridades federales o municipales seleccionaran a los "clientes" que habrían de ser incluidos en la lista de beneficiaros, esta atribución le fue otorgada a los comités gestores de Hambre Cero, los cuales debían seguir criterios de selección objetivos.

Para fortalecer el papel de la sociedad y el carácter fiscalizador de los comités, se decidió que tuvieran una mayoría de dos tercios de representantes de la sociedad civil y beneficiarios del programa y sólo un tercio de integrantes de los gobiernos municipales. El programa no operaría en ninguna localidad en la que no se establecieran debidamente estos comités.

Se esperaba que los comités gestores de Hambre Cero tuvieran un carácter transformador. Eventualmente servirían para que el programa evolucionara de una fase asistencial, basada en una transferencia monetaria condicionada, a la creación de una amplia red de inclusión social. Eran parte de una estrategia (más ambiciosa de lo que finalmente fue) para combatir las causas estructurales del hambre y la desnutrición.  

Este innovador esquema de comités gestores, sin embargo, fue suprimido en Brasil después del primer año de gobierno. Las presiones de gobernadores y presidentes municipales que exigían una tajada de poder dentro del programa, terminaron pensando más. Se acercaba una elección y algunos de ellos eran aliados clave de partido de Lula, el cual carecía de mayoría en el Congreso.

Eventualmente, Lula cedió a una fórmula de comités paritarios (50% de representantes del poder público y 50% de beneficiarios) que –a pesar de sus logros-- debilitó significativamente la lógica inicial de Hambre Cero.

Debemos evitar que algo similar termine ocurriendo en México porque de la forma y grado en que se involucre la sociedad civil dependerá en buena medida el éxito que eventualmente alcance esta cruzada. De otra forma es probable que termine siendo una forma más de asistencialismo. La sociedad —y las almas progresistas que vivan (y sobrevivan) dentro de la Secretaría de Desarrollo Social— deben pugnar por ello.

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