FERNANDO DWORAK

Opinión: Guía mínima para entender la iniciativa ciudadana

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Por Fernando Dworak  @FernandoDworak
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Fernando Dworak es licenciado en Ciencia Política por el ITAM y maestro en Estudios Legislativos por la Universidad de Hull, Reino Unido. Ha sido asesor y secretario técnico de la Comisión de Participación Ciudadana de la LVI Legislatura, y director de Estudios Legislativos de la Secretaría de Gobernación; es coautor del libro "El legislador a examen", y consultor político en los sectores público y privado.

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La intervención eficaz en las decisiones públicas requiere más de una visión estratégica que de ver a las fuerzas políticas como inherentemente “buenas” o “malas”, según nuestras afinidades o aversiones. Eso requiere saber para qué sirven y para qué nunca servirán las distintas reglas y procedimientos.

Por ejemplo, es muy común pensar que el término “ciudadano” aplicado a una figura legal implica por sí mismo una mejora a la calidad de la democracia, sin conocer sus verdaderos alcances.

En la pasada reforma constitucional en materia política, se agregó una fracción séptima al artículo 35, que establece como derecho del ciudadano: “Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Federal Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley”.

Hace unos días, diversas organizaciones de la sociedad civil comenzaron a recabar firmas con el fin de que haya internet gratis. El interés de este artículo es darnos una idea sobre en qué consiste la figura de la iniciativa ciudadana, sus alcances y limitaciones, antes de hacernos expectativas que puedan no corresponder con la realidad.

¿QUÉ ES?

De acuerdo con este procedimiento, un porcentaje previamente determinado de ciudadanos organizados puede elaborar y presentar ante el órgano legislativo una iniciativa que será revisada, dictaminada y en su caso aprobada o rechazada por el Pleno.

Antes de ser aprobada a nivel federal, esta figura existe desde hace años en las siguientes entidades: Aguascalientes, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

¿ES UN MECANISMO EFICAZ PARA TOMAR DECISIONES?

Antes de dejarnos llevar por la enfermedad cívica conocida como “ciudadanitis” -cuyo síntoma principal es creer que ese término, sea lo que signifique, va a mejorar nuestra democracia por arte de magia-, hay que poner las cosas en su contexto.

Los mecanismos llamados “participativos” -como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana o incluso la revocación del mandato-, son complementos y nunca sustitutos de la democracia representativa. Para decirlo de otra forma, sirven para que el ciudadano pueda dar una opinión o expresar un mandato determinado en casos excepcionales y si cumplen con ciertos requisitos. Son una “válvula de escape”, más que una herramienta de toma de decisiones.

Aunque podrían ser útiles para generar condiciones de gobernabilidad, liberar tensiones en el interior de la sociedad y legitimar al sistema político, su instrumentación conlleva costos y riesgos. En el caso de la iniciativa ciudadana, si no se diseñan requerimientos básicos como el grado de apoyo para presentarlas se podría saturar la agenda del Congreso.

Los requerimientos para presentar una iniciativa ciudadana hacen que sea difícil que grupos ciudadanos se organicen espontáneamente. Esto significa que en la presentación de casi todas, haya intervenido de manera indirecta un partido político y su estructura territorial.

Ahora bien, la sola presentación no implica que la iniciativa sea sólida técnicamente hablando. Creer que es inherentemente buena por ser “ciudadana” es pensamiento mágico, no estratégico.

Tampoco la sola presentación implica que vaya siquiera a ser atendida por los legisladores. Si se desea tener éxito, es necesario contar con una estrategia bien armada de cabildeo. Por lo tanto, casi todas las iniciativas ciudadanas terminan en la “congeladora”.

Aunque falta hacer un ejercicio de compilación de estas experiencias en las entidades, se puede citar aquí un caso. Durante 2007, el Partido Acción Nacional en el Distrito Federal recabó 120,000 firmas para presentar a la Asamblea Legislativa una iniciativa en materia de reglamentación de marchas. Como es de esperarse, la mayoría del PRD en este órgano la detuvo.

EL PROBLEMA DE LA ACTUAL COYUNTURA

Quizás el principal problema que tiene una iniciativa ciudadana es que todavía no ha sido reglamentada. Aunque es un derecho consagrado en la Constitución, todavía falta precisar sus requisitos y procedimientos, tanto en el Congreso como en el Instituto Federal Electoral (IFE), de llegar a necesitarse.

¿Qué significa esto? Sencillo: recolectar firmas sin tener procedimientos claros significa exponerse al posible bloqueo de alguno o todos los partidos, bajo la excusa de que todavía no existe una reglamentación al respecto.

Como se ha expresado en este espacio, la intervención exitosa en las decisiones públicas es cuestión de conocimiento y estrategia, no de valoraciones.

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