MARÍA AMPARO CASAR

Opinión: ¿Peña Nieto sacrifica sus iniciativas preferentes?

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Por María Amparo Casar  @amparocasar
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María Amparo Casar es licenciada en Sociología por la UNAM; maestra y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la University of Cambridge, King's College; catedrática e investigadora del Departamento de Estudios Políticos del CIDE; columnista en el diario Reforma; miembro de los comités editoriales de la revista Nexos y el Fondo de Cultura Económica, y colaboradora en espacios de análisis como el programa Primer Plano de Once TV México.

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A veces es difícil entender a los políticos. Pelean por nuevas facultades y después deciden no utilizarlas.

Después de un largo proceso de negociación, el año pasado se aprobó la que quizá haya sido la primera reforma en muchos años que en lugar de debilitar al Ejecutivo, lo fortalece. Se trata de la figura de la iniciativa preferente que otorga al presidente la facultad de enviar dos iniciativas a inicios de cada periodo legislativo para que sean atendidas, valoradas y votadas sin demora.

Fue una reforma inteligente por los efectos que produce. Sin quitar autoridad alguna al Congreso para que las apruebe, modifique o rechace, éste se obliga dictaminar y llevar a la votación del pleno de ambas cámaras las iniciativas preferentes en un plazo de 60 días.

Con este instrumento el Ejecutivo revela sus preferencias, le dice a la población no con palabras sino con hechos, cuáles son sus verdaderas prioridades. Con este instrumento, se evita que los legisladores caigan en la inacción utilizando el expediente de la congeladora y escudándose en la falta de tiempo o de lo que ellos llaman, a conveniencia, condiciones propicias para legislar.

Con este instrumento, se exhibe públicamente quién es quién: el Ejecutivo asume su responsabilidad del contenido que quiere dar a una política pública y las fracciones parlamentarias, al votarlas, exteriorizan sus posiciones.

La efectividad de esta facultad presidencial quedó evidenciada en el pasado periodo de sesiones cuando todavía era presidente Felipe Calderón y se estrenaba la nueva legislatura. Gracias a ella se pasaron dos importantes iniciativas: la reforma a la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Contabilidad Gubernamental.

La primera de ellas pospuesta durante todo el sexenio por la negativa de los legisladores a emitir un dictamen y llevarlo al Pleno del Congreso.

Tocaba ahora a Enrique Peña Nieto decidir qué dos iniciativas impulsaría en esta modalidad, cuando su Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció en la Reunión Plenaria de los Senadores del PRI que el presidente podría sacrificar su facultad en aras de que sea el Consejo Rector del Pacto por México el que decida las prioridades.

Se dice que todavía hay incertidumbre sobre si el Presidente ejercerá esta facultad y que la decisión se encuentra en proceso de deliberación pero, aunque por omisión, en realidad la decisión ya está tomada. El artículo 71 de la Constitución señala que el presidente debe ejercer esta facultad el día de apertura de cada periodo ordinario de sesiones.

 Es una lástima. Al no ejercer su derecho –que no obligación-, nos privó a los mexicanos de saber cuáles eran sus prioridades más inmediatas, abrió la puerta a los legisladores para que temas de relevancia nacional queden en la congeladora o al menos se pospongan sin que paguen un costo por ello y, sobre todo, (Peña Nieto) perdió la oportunidad de ejercer su liderazgo.

La pregunta queda en el aire ¿por qué dejó pasar la oportunidad? ¿por qué no envió como preferentes iniciativas que no requieren de reformas a la Constitución como la de telecomunicaciones o la de responsabilidad hacendaria?

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