OPINIÓN

María Amparo Casar: Se brincan las trancas institucionales

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Por María Amparo Casar  @amparocasar
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María Amparo Casar es licenciada en Sociología por la UNAM; maestra y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la University of Cambridge, King's College; catedrática e investigadora del Departamento de Estudios Políticos del CIDE; columnista en el diario Reforma; miembro de los comités editoriales de la revista Nexos y el Fondo de Cultura Económica, y colaboradora en espacios de análisis como el programa Primer Plano de Once TV México.

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Preocupan los signos de desinstitucionalización política tanto en el orden del gobierno federal como en los locales, pero preocupan más las respuestas de las autoridades ante estas manifestaciones.

Diciembre del 2012 estuvo marcado por las protestas en favor de la liberación de los presuntos responsables de la violencia en el centro de la ciudad de México del 1º de diciembre (fecha en que Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República).

Los manifestantes no pedían un juicio justo y expedito para quienes fueron detenidos y el castigo a los, también presuntos, responsables de los excesos cometidos por algunos elementos de la policía.

Exigían la liberación de todos los detenidos sin importar si eran o no culpables. La respuesta de las autoridades competentes no fue la investigación, integración de expedientes, consignación y juicio para determinar la culpabilidad o inocencia de unos y otros. Se prefirió otro camino: la modificación del artículo 362 del Código Penal del DF, para reducir las penas por el delito de "Ataque a la paz pública". Así, se daba paso a la libertad bajo fianza de los 14 detenidos.

En el mismo diciembre se calienta la discusión sobre la deuda de los estados. Se informa que varios gobernadores han retenido el ISR a los trabajadores pero que en lugar de enterar esos ingresos a la federación los han gastado –no se sabe en qué- y ahora no pueden entregárselos a la Tesorería. La respuesta de las autoridades competentes es condonar la mayor parte de esa deuda.

Pasadas unas semanas conocemos la formación de brigadas de autodefensa en algunos municipios de Guerrero que hartos y desesperados (con razón) de la falta de seguridad y de la impunidad ante los delincuentes deciden tomar en sus manos la tarea policiaca y la de procuración de justicia.

Las brigadas no sólo toman a su cargo la seguridad instalando retenes y armando a miembros de la comunidad, sino también privando de la libertad a quienes consideran culpables. La respuesta de las autoridades no es brindar seguridad a las comunidades afectadas sino una felicitación por parte del gobernador y una mesa de negociación por parte del ejecutivo federal.

Hace unos días, estudiantes encapuchados toman con lujo de violencia la Dirección General de los CCH’s en Ciudad Universitaria y después uno de sus planteles exigiendo el alto al nuevo plan de estudios que incluye inglés y educación física obligatorios, la restitución de algunos estudiantes expulsados y la liberación de otros detenidos por disturbios.

La respuesta de las autoridades competentes: una mesa de negociación y la promesa de someter a consulta el plan de estudios. La directora del plantel se da el lujo de decir que el conflicto no ocurre por la venta al menudeo de drogas y que, además, "en todos lados se vende droga". Igual que cuando el presidente municipal de Acapulco afirmó que "en todos lados ocurren violaciones".  

Que algunos grupos sociales y políticos se brinquen las trancas institucionales se puede entender. Buscan impunidad como en el caso de los vándalos del 1º de diciembre,  ganancias como el caso de los gobernadores, justicia como el de los pobladores de los municipios de Guerrero o privilegios como en el caso del CCH. Lo que resulta incomprensible es que las autoridades también se brinquen esas mismas trancas. Con ello a lo único que abonan es a la multiplicación de protestas y a la debilidad de las instituciones de las que esas autoridades están encargadas.

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