OPINIÓN

María Amparo Casar: City manager, ¿político o ciudadano?

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Por María Amparo Casar  @AmparoCasar
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María Amparo Casar es licenciada en Sociología por la UNAM; maestra y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la University of Cambridge, King's College; catedrática e investigadora del Departamento de Estudios Políticos del CIDE; columnista en el diario Reforma; miembro de los comités editoriales de la revista Nexos y el Fondo de Cultura Económica, y colaboradora en espacios de análisis como el programa Primer Plano de Once TV México.

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Por decreto publicado en la Gaceta del DF del 12 de febrero, el Jefe de Gobierno creó la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México como un órgano desconcentrado de apoyo a las actividades del titular de la Ciudad de México en ciertas áreas, en particular, de los servicios públicos urbanos y de la funcionalidad de la vía pública.

Al frente de esta Agencia de Gestión, el titular del GDF, Miguel Ángel Mancera. ha puesto a Fernando Aboitiz, exdelegado y originalmente de filiación panista, y posteriormente colaborador del anterior Jefe de Gobierno de filiación perredista, Marcelo Ebrard. 

El concepto, como lo anunció casi al iniciar su gobierno, proviene de los city managers que son formas complementarias de gobierno administrativo utilizadas hace más de un siglo por países como Estados Unidos e Inglaterra.

La idea del city manager parte de la base de que no hay formas democráticas o republicanas de recoger basura, de poner postes de luz o de pavimentar las banquetas sino maneras eficientes e ineficientes de hacerlo. Parte también de la base de que buena parte de las ciudades o municipios no cuenta con capacidades institucionales para la implementación de políticas públicas con un mínimo de coherencia y continuidad.

Finalmente, asume que los incentivos de los alcaldes o gobernantes electos están alineados para promover su propia carrera política más que el bienestar de los habitantes de sus ciudades.

Dicho de otra manera, que los que ocupan los puestos de gobierno de elección popular responden a criterios de "eficiencia política" más que de "eficiencia administrativa".

Por eso, entre los objetivos y funciones principales de esta figura, se encontraban los de remover de la esfera política -sujeta obviamente a criterios políticos- decisiones que debían ser técnicas; coadyuvar a tener políticas sólidas, de largo plazo, con capacidad de implementación y procesos transparentes y orientados al bienestar ciudadano y; eliminar o al menos restringir uno de los instrumentos preferidos de los gobiernos locales: el clientelismo, esto es, la práctica de que los servicios públicos sean utilizados como formas de control político y/o de enriquecimiento.

Todo esto suena fácil y sensato pero su implementación no lo es tanto.

Por lo pronto, al Jefe de Gobierno parece habérsele olvidado una condición elemental para sostener esta nueva institución que acaba de crearse por decreto: los city managers son funcionarios sin filiación partidaria seleccionados por el cabildo (en algunos casos por el presidente municipal y organizaciones ciudadanas) con base en criterios profesionales y éticos para hacerse cargo de las principales funciones administrativas (de servicios y obra pública) de la localidad.

Estos funcionarios normalmente son miembros destacados y reconocidos de la comunidad que se han distinguido por sus acciones a favor de la demarcación en que habitan.

Sin estas condiciones iniciales, el administrador de la ciudad o titular de la Agencia de Gestión Urbana no pasará de ser un miembro más del equipo del Jefe de Gobierno, algo así como su Jefe o Coordinador de Oficina.

Sin estas condiciones no se logra el objetivo, esto es, responder a los problemas de la ciudad con criterios de "eficiencia administrativa" y no de "eficiencia política".

Una mirada a la ficha del Lic. Fernando Aboitiz en Wikipedia no pasa la prueba del ácido ni en materia de independencia partidaria ni tampoco en materia profesional y ética. 

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