RICARDO SEPÚLVEDA

Opinión: La lección del caso Cassez sobre el debido proceso

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Por Ricardo Sepúlveda Iguíniz  @Rsepulvedai
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Ricardo Sepúlveda es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Panamericana, licenciado por la Escuela Libre de Derecho y especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Nottingham en Inglaterra. Es también director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad Justicia y Legalidad.

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La reciente resolución de la Suprema Corte en el caso de la ciudadana de origen francés Florence Cassez, generó un fuerte debate público sobre la justificación y oportunidad de esta resolución. Partiendo de que fueron notorias las irregularidades que se cometieron en este proceso, uno de los puntos centrales del debate consistió en si la violación al debido proceso es o no suficiente razón para liberar a una persona sobre la que existe una seria duda de su posible culpabilidad.

En razón de ello, y con el afán de aportar algo positivo para fortalecer la cultura de la legalidad en nuestro país, dedico estas líneas a reflexionar sobre el debido proceso y qué lugar debe ocupar éste en la construcción de una sociedad justa y legal en México.

Una de las grandes innovaciones del Derecho a partir del siglo XVIII fue la llamada sumisión del Estado al Derecho. La novedad consistió en establecer que también la autoridad se encontraba sometida al orden jurídico, a las leyes. Ésta fue la manera en la que el ciudadano, de por sí débil y vulnerable ante la fuerza del Estado, podía resistir a los embates del avasallamiento del Estado que se habían convertido en la regla de vida de la sociedad en los siglos anteriores.

Una de estas expresiones fue y es precisamente el debido proceso, conforme al cual el Estado sólo puede privar de la libertad –o de un derecho- a una persona, si llega a una sentencia o resolución que así lo determine, habiendo cumplido el debido proceso. En ese sentido, éste se convierte en un derecho de protección de todo individuo frente a los posibles abusos de poder del Estado.

La trascendencia de esta salvaguarda se puede medir claramente si reconocemos, en primer lugar, que cualquiera puede ser -hoy o mañana- objeto de abusos y/o arbitrariedades por parte de las autoridades y, en el caso de países con sistemas de seguridad y justicia débiles, el riesgo es mayor, ya que la propia deficiencia de las autoridades para sancionar los delitos se convierte en un incentivo para que se utilice el monopolio de la fuerza que tiene el Estado para culpabilizar a inocentes. Esto es lo que sucede muchas veces en nuestro país. La situación se vuelve crítica ya que, por definición lógica, ninguna sociedad puede construir bases de justicia sobre actos de injusticia.

En ese sentido, el debido proceso es un medio que incentiva la eficiencia de las instituciones de seguridad y justicia, ya que impide que se generen "chivos expiatorios" o que se abuse de quien no puede defenderse.

Con esto bastaría para ponderar la importancia que tiene el que se respete el debido proceso como norma, pero aún cabe hacer una siguiente reflexión sobre su contenido, ya que muchas veces se le ve como un conjunto de reglas arbitrarias o meros formalismos legales. Este es un punto realmente importante a aclarar, ya que si así fuera no tendría justificación e incluso se podría convertir en un obstáculo para la aplicación de la justicia y del derecho.

De ninguna manera es así. En realidad el debido proceso es un conjunto de requerimientos mínimos, básicos, indispensables... para que un proceso de privación de un derecho a una persona, pueda tener garantía de objetividad y por tanto proximidad a una decisión justa. Sin ello, no habría posibilidad de afirmarlo. Éste es su fin y su sentido, poder garantizar -como dice Roxín- que un proceso, del cual derivará posiblemente hasta la pérdida de libertad de una persona, se apegue a criterios de justicia.

Es por ello que dentro de los requisitos de un debido proceso se encuentran cuestiones tan elementales como, por ejemplo, el derecho a la defensa, lo que incluye ser oído y presentar pruebas, contar con una asesoría legal, derecho a un juez imparcial, derecho a poder apelar una primera resolución, derecho a la presunción de inocencia, derecho a ser informado de la acusación que se presenta, derecho a no ser obligado a declararse culpable, etc. Contra el debido proceso van todas las acciones de detenciones arbitrarias, tortura, incomunicación y no se diga las ejecuciones extrajudiciales.

Todos estos derechos que componen el debido proceso se encuentran establecidos en los tratados internacionales y en la totalidad de las constituciones del mundo, ya que se trata de un principio universal del Estado de Derecho.

Como puede observarse, el debido proceso viene a ser también la forma en que se compaginan la obligación que tiene el Estado de perseguir el delito y ofrecer seguridad a sus ciudadanos, con la de respetar sus derechos. Éste es precisamente su sentido; si no existiera, quedaríamos a merced de la suerte o del capricho de las autoridades. El debido proceso es, pues, un pilar del Estado de Derecho, única base sobre la que se puede construir un proyecto de desarrollo de una nación.

Cabe aún un cuestionamiento más. Aceptando la importancia que tiene el debido proceso, ¿cómo funciona éste cuando existen casos en los que se enfrenta una situación patente de culpabilidad y, sin embargo, no se puede sancionar porque no se respetó el debido proceso?

Ésta es una cuestión real, que sucede incluso en los sistemas de justicia más eficientes. Aquí es donde entra el valor del debido proceso como derecho humano fundamental, ya que si bien en casos extremos el debido proceso podría llevar a generar situaciones de injusticia, como sería el de no sancionar a un culpable, su respeto en todos los casos –sin excepción- nos garantiza una base de igualdad que es una premisa de cualquier planteamiento de justicia en una sociedad.

Si queremos que el debido proceso se respete en un caso, tiene que respetarse en todos. Así funcionan los derechos humanos, son los mínimos que deben ser cumplidos universalmente. Un derecho para mí, vale igual para todos. Es el modo como lo explicaba Dworkin al hablar de los derechos en serio, por encima incluso del interés general.

Si a estos razonamientos, de carácter más bien general y teórico, añadimos la grave experiencia en México, donde los principios del debido proceso y en general de respeto a la ley, se ven constantemente socavados por la corrupción, la ineficiencia y la inequidad, resulta aún más importante que defendamos el debido proceso como un pilar de nuestra nación.

Existen datos que nos llevan incluso a la conclusión de que el debido proceso en México es la excepción y no la regla. De acuerdo con los resultados de la Primera Encuesta a la Población en Reclusión del Sistema Penitenciario Federal del CIDE, 53% de los presos federales no tiene una sentencia y está esperándola en prisión preventiva. Asimismo, de acuerdo con esta encuesta, se pudo observar que aproximadamente la mitad de las personas sentenciadas indicó que fueron aprehendidos en flagrancia, mientras que 91.7% de quienes no fueron detenidos en flagrancia señaló que no se les mostró una orden de aprehensión.

En conclusión, consideramos que más allá de este caso, pero tomando ocasión de él, requerimos dar un vuelco al modo como se respeta el debido proceso en México. No podemos seguir admitiendo que se proceda sin sujeción o respeto al Estado de Derecho y a las garantías mínimas de seguridad jurídica que a todos los ciudadanos nos corresponden.

Secundamos la indignación que tenemos en México por la falta de justicia de tantas víctimas, y es por ello que levantamos la voz para que el debido proceso sea respetado en todos los casos... pero si una preferencia habría que tener, sería para aquellos que tienen menos medios para defenderse, que más vejaciones han sufrido.

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